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Colombia

“Funcionario que se robe los recursos, saldrá de la vida pública”: Fiscal general

Asegura que se debe producir una “salida minimalista” de reclusos de las cárceles del país en medio de la pandemia, respetando sus derechos humanos y le pide al Gobierno avanzar en este tema. 

Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, bogotano, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, exconsejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, vigila el correcto uso de los recursos públicos para atender la emergencia por COVID-19 y anuncia que judicializará a los funcionarios que estén “jugando con ellos”. También habló de los casos más relevantes que hoy cursan en la Fiscalía como Odebrecht y la ´Ñeñepolítica´. 

P.

¿Está recibiendo la Fiscalía denuncias sobre irregularidades en la contratación de las entidades territoriales o del orden nacional?

R.

Claro que sí. En el marco de sus competencias, los entes de control verificarán el estricto cumplimiento de las medidas decretadas y ejercerán la acción preventiva para garantizar el uso adecuado de los dineros públicos destinados a la asistencia de la población. Valerse de la crisis del coronavirus para disfrazar contratos cuyos objetos busquen otras cosas, será sancionado. Ya  tenemos detectados casos de publicidad, cartillas y cuanta cosa se le ocurran a los gobernantes. Autoridades que jueguen con los recursos públicos, los judicializará la Fiscalía.

P.

¿Cuándo se van a conocer resultados de estas investigaciones?

R.

Lo que estamos haciendo es inédito. Estamos trabajando muy rápido. Al llegar a la Fiscalía General manifesté que esta entidad no podía responder por los inventarios judiciales del país exclusivamente. El ciudadano del común quiere respuestas rápidas. Nuestros directores seccionales están articulados con las direcciones nacionales y con el Contralor General estamos trabajando de la mano en lo fiscal y en lo penal. Funcionario que se robe recursos o los utilice en temas distintos a resolver esta crisis inédita, saldrá de la vida pública. 

P.

Muchos colombianos se siguen pasando por la faja las restricciones de la cuarentena. ¿Qué va a pasar con ellas?

R.

La Fiscalía General asumió las labores de seguimiento y verificación del cumplimiento de las medidas de la emergencia y hemos conocido 118 casos de posible incumplimiento de las disposiciones sanitarias y otras conductas asociadas: 47 de ellos se encuentran en indagación preliminar, 69 en etapa de investigación (lo que quiere decir que ya hemos formulado la respectiva imputación de cargos) y 2 fueron archivados por atipicidad. En el caso de las autoridades, estas tienen que impedir que se generen aglomeraciones que puedan desencadenar un contagio masivo de COVID-19. Las acciones de las autoridades deben ser organizadas. Ese tipo de manifestaciones públicas sin orden, ni control alguno pueden enmarcarse en los tipos penales de los artículos 368 y 369 del Código Penal.

P.

¿Cuál es la propuesta para fortalecer Medicina Legal en medio de la emergencia por COVID-19?

R.

La labor de Medicina Legal es excepcional. Para la crisis he propuesto al gobierno nacional que se fortalezca al Instituto por su rol en esta pandemia. Sin embargo, en el proyecto de ley que presentaré al Congreso de la República cuando esta crisis termine, buscaré un fortalecimiento de la entidad y de nuestra policía científica (CTI). No se puede pensar el derecho penal del siglo XXI, sino tenemos nuestros órganos científicos alineados con las nuevas tecnologías y con un cúmulo importante de científicos. 

P.

¿Va a haber o no excarcelación de presos en el país?

R.

La posición de la Fiscalía es que la crisis actual es de salud por COVID-19 y por eso debe trabajarse para mejorarla. El hacinamiento no es parte de una crisis excepcional, sino que viene de tiempo atrás y no se puede pretender resolverla temporalmente. Nos preocupa que el remedio sea más grave que la enfermedad. Para la Fiscalía, la salida minimalista de ciertas personas de las cárceles debe hacerse respetando los derechos humanos de quienes salen y de las miles de personas que se encuentran en sus casas aterradas y confinadas. Por ello, instamos al Gobierno nacional a avanzar en la resolución de este tema. Mujeres gestantes, enfermos terminales o personas condenadas a menos de 5 años podrían, si el Ministerio de Justicia, lo considera. Esas personas deben salir con un mínimo vital asegurado. Incluso propusimos que se establezcan lugares de reclusión transitorios en algunos bienes de la SAE (Sociedad de Activos especiales) cuando las condiciones de los domicilios no sean aptas para esas personas. Debemos pensar que con esas garantías mínimas, la ciudadanía estará tranquila y no se nos exacerbará la inseguridad ciudadana. También expusimos que las medidas deben estar dirigidas, exclusivamente, a prevenir el contagio del coronavirus entre la población carcelaria. Además, se requiere que las cárceles estén abiertas, con los controles respectivos, porque la delincuencia no para y sigue causando daños. Quien está al frente del tema carcelario es el INPEC y la Fiscalía no puede cumplir esa función, por eso los detenidos en las URI (Unidades de reacción inmediata) deben enviarse a las cárceles.

P.

¿Luego de recuperar en la Dijín los audios del caso de la ‘Ñeñepolítica’, ya están plenamente identificados quiénes intervienen en esas conversaciones?

R.

El fiscal que se destacó para conocer el caso ordenó a un equipo de policías judiciales varias actividades, entre ellas escuchar todas las comunicaciones que se captaron durante el tiempo que duró interceptada la línea celular de José Guillermo Hernández, conocido como “El Ñeñe Hernández”. También se ordenó identificar a los hablantes en esas conversaciones para luego, de acuerdo con la información recopilada, y si esta indica la comisión de un hecho delictivo, llamarlos a la investigación bien sea a declarar o a interrogatorio de indiciado. Actuaremos de conformidad con los lineamientos previstos en el sistema jurídico-penal colombiano. Con fundamento en lo señalado en el Código Penal, en caso de que haya cometido algún delito, y con base en las normas del Código de Procedimiento Penal, velando por que se garantice el debido proceso.

P.

Por su cercanía con el presidente Iván Duque, le han pedido que se aparte de este caso de la ‘Ñeñepolítica’, ¿qué dice Fiscal?

R.

Le he aclarado al país que conforme a nuestro ordenamiento jurídico el Fiscal General no investiga al Presidente de la República. Una vez se conocieron los audios, se compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral. En cuanto a la noticia criminal iniciada en la Fiscalía, se está adelantando con ausencia de injerencia del Fiscal General porque los fiscales en esta entidad son autónomos. En este caso, se adelantaran las investigaciones a todas las personas que sean necesarios de cara al país. No tengo interés alguno en esa, ni en ninguna causa que se adelanta en la Fiscalía. Del mismo modo, no cabe dentro de esa investigación ninguna de las causales del artículo 56 del Código de procedimiento penal que contempla los impedimentos y recusaciones porque repito ni soy el fiscal del caso, ni tengo un interés en el mismo.

P.

¿Qué tanto ha avanzado la Fiscalía en la investigación por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez, hijo de Carlos Rodríguez, dueño de la sastrería GQ de Barranquilla, y en el que estaría involucrado José Hernández?

R.

La investigación inició el 18 de agosto de 2011. El pasado 27 de junio de 2019 se solicitó orden de captura en contra de Marcos de Jesús Figueroa por su participación en este hecho delictivo. El 17 de julio se legalizó su captura, se le formuló imputación por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador y se solicitó de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. La medida de aseguramiento está suspendida y se hará efectiva una vez cese la que actualmente tiene. El 3 de septiembre de 2009 radicamos escrito de acusación en su contra. Los días 15 y 21 de octubre de 2019 se realizó la respectiva audiencia de formulación de acusación. El 25 de marzo de 2020 inició la audiencia preparatoria del juicio oral, en la que la defensa solicitó la nulidad de lo actuado por no haber sido notificada del reconocimiento del representante de las víctimas. Igualmente, pidió que se decretara la preclusión de la investigación por la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal; ya que Marcos Figueroa había sido extraditado por el gobierno de Brasil y en el mencionado tratado quedó el compromiso de juzgarlo solo por los delitos solicitados y este homicidio no se encontraba ahí relacionando. Ambas solicitudes fueron rechazadas de plano por el juez de conocimiento, quien fue recusado por parte de la defensa, solicitud que también fue denegada pero se está a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Superior en segunda instancia.

P.

Tras unificar las investigaciones de Odebrecht, ¿cuándo se van a conocer avances en este caso?

R.

Es paradójico que los mismos que criticaron el manejo del caso antes de mi llegada a la Fiscalía, sean quienes ahora me critican porque pretendo mejorar los resultados asignándole al coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia esta causa. En los próximos meses tendremos resultados concretos donde la razón prime sobre la pasión. Se asignó especialmente al Coordinador de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia las  150 investigaciones relacionadas con el caso que se encontraban dispersas en varios fiscales delegados, que conformaban dos grupos independientes y antagónicos. Se creó un grupo de tareas especiales para apoyar esa investigación de manera integral, conformado por el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia para el tema de aforados, por 13 fiscales delegados de todos los niveles y por 10 funcionarios de policía judicial, que de manera exclusiva están dedicados a estas investigaciones. Los términos negociados con los colaboradores se mantienen intactos. Se fortalecerá aún más la colaboración. Este lunes en ELHERALDO lea la segunda parte de la entrevista con el Fiscal General, Francisco Barbosa, quien se referirá a casos que se investigan en la región Caribe como el de corrupción electoral alrededor de la exsenadora Aída Merlano, la muerte de la joven Madelayne Ortega en la Universidad del Atlántico y corrupción en La Guajira.

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