Fiscalía se reunirá con Corte IDH para tratar el tema de los desaparecidos del Palacio

El ente acusador le dijo a este diario que el encuentro será el próximo 6 de septiembre en la capital del país. La corporación del sistema interamericano condenó a Colombia en 2014 y le ordenó buscar a los desaparecidos del holocausto.

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Por: Tomás Betín @tombetri
Colombia

El ente acusador le dijo a este diario que el encuentro será el próximo 6 de septiembre en la capital del país. La corporación del sistema interamericano condenó a Colombia en 2014 y le ordenó buscar a los desaparecidos del holocausto.

La Fiscalía le dijo a este diario que se reunirá el próximo 6 de septiembre en Bogotá con la Corte Intermericana de Derechos Humanos, Corte IDH, para tratar el tema de los desaparecidos en el holocausto de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Al respecto, el fiscal del caso, Jorge Sarmiento, dijo que seguirán investigando para hallar los cuerpos que aún están desaparecidos tras la toma guerrillera del 6 y 7 de noviembre de 1985 y la retoma de la fuerza pública a la alta sede judicial.

"Esperamos seguir adelantando las investigaciones para encontrar las personas que faltan. (...) Encontramos personas donde no se identificó que hubieran sido desaparecidos de manera forzada", dijo el investigador este miércoles a la emisora capitalina 'W Radio'.

Esto sobre los seis cuerpos hallados hasta ahora, cuyos restos fueron mal identificados y dispuestos, y en cuyos casos no hubo privación de la libertad.

Este medio reveló en junio pasado que la barranquillera Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, auxiliar judicial víctima del holocausto del Palacio de Justicia, dejaría de ser una del centenar de víctimas fallecidas y se constituiría en la novena desaparecida.

Lo anterior debido a que ni la Fiscalía ni Medicina Legal han podido confirmar que los restos enterrados hace tres décadas en el Cementerio Jardines del Recuerdo, a las afueras de la capital atlanticense, sean los de la asistente del magistrado momposino Dante Fiorillo, de la Corte Suprema de Justicia –togado que no estaba en el Palacio al momento de la incursión del M-19 pero quien murió de un infarto al enterarse de lo sucedido-.

En los informes del ente de investigación penal y del instituto forense estas entidades aceptan que no han podido corroborar la identidad de los restos enterrados hace 30 años y exhumados en 2016 tras la orden en este sentido de la Corte IDH.

Hace dos décadas se contaban 11 personas como desparecidas del Palacio, pero en 2000 fue hallado el cadáver de Ana Rosa Castiblanco; en 2015 los de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela; y en 2017 el de Emiro Sandoval.

Por tanto, se tienen actualmente como desaparecidas a ocho personas: el barranquillero Julio César Andrade Andrade, Jorge Alberto Echeverry Correa, Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra Forero, Gloria Anzola Mora de Lanao y la guerrillera Irma Franco Pineda. Y la barranquillera Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa podría ser la novena.

La Corte IDH, al establecer que hubo un "modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas" por parte de la fuerza pública, resolvió condenar al Estado y le ordenó investigar y sancionar a los responsables, buscar a los desaparecidos y pedir perdón públicamente por lo ocurrido.

"La Corte consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos", se lee en la información de la sentencia.

Concretamente, la Corte IDH halló responsable al Estado colombiano por las "desapariciones forzadas" de siete empleados de la cafetería del Palacio: Carlos Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Beltrán, Gloria Lizarazo y Luz Portela. Así como de los dos visitantes Lucy Oviedo y Gloria Anzola. Y de Irma Franco.

También es culpable la fuerza pública de la época de "la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial" del magistrado auxiliar Carlos Urán.

El tribunal interamericano concluye en su decisión que el Estado "incumplió su obligación de iniciar una investigación de oficio, inmediata y efectiva, omitió realizar las actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo sucedido".

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