Fiscalía llamó a imputación de cargos a 24 personas por ‘Panamá Papers’
El reporte del ente acusador confirma que entre los que fueron llamados se encuentran representantes legales, revisores fiscales y contadores fiscales de siete sociedades colombianas.
En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el denominado caso de los ‘Panamá Papers’ el ente acusador llamó a imputación de cargos a 24 empresarios por el delito de falsedad ideológica en documento privado.
El reporte de la Fiscalía confirma que entre los que fueron llamados a imputación se encuentran representantes legales, revisores fiscales y contadores fiscales de siete sociedades colombianas.
Se espera que para el próximo martes 19 de diciembre se adelante la audiencia contra Héctor Javier Ángel, Juan Carlos Agudelo, Darysol Linares y Lyda Paola Barrera quienes hacen parte de la sociedad Broquel S.A.S.
Así mismo, contra Gabriel Fernando Parra, Rodrigo Barrera, María Constanza Tirado y Carlos Vásquez quienes se desempeñaban como representante legal revisor fiscal y contador de la sociedad Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S.
De igual forma, se imputará a Rafael Ardila, Jury Avendaño, Martha Ligia Galvis y Alva del Pilar Vega quienes se desempeñan como revisor fiscal, contador y representante legal de la sociedad Prodisur S.A
De la empresa Servinsumos S.A también fueron llamados por el ente acusador Germán Rojas Delgado, José Ignacio López y Hugo Baez Oliveros. Según el fiscal delegado la diligencia se realizará el primero de febrero de 2018.
Y aún está pendiente definir la fecha de imputación de Manuela Sierra, Amalia Sierra, Augusto Madrigal y Diana Rojas de la sociedad Más S.A.S.
Igualmente, Federico Luis Moreno, Paula Correa y María Elena Gil serán imputados por el mismo delito y hacen parte de la sociedad Restrepo S.A.
Por último, el fiscal indicó que también se debe definir la fecha de imputación para Luis Alberto Rivillas e Iván Dario Salazar quienes fungían como revisor y contador de la sociedad Faaca S.A.S.
Para el ente acusador, las personas mencionadas habrían dejado de pagar legalmente cinco millones de dólares.
