Fiscalía imputa a 8 directivos por el escándalo Reficar

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció ayer en rueda de prensa imputaciones a ocho funcionarios y ex funcionarios de Reficar y Ecopetrol, así como a empleados de CB&I, por el que denominó “el mayor descalabro financiero y de ejecución contractual en la historia de la República de Colombia en un proyecto de interés nacional”.

Así mismo, informó de citaciones a interrogatorios a ocho ejecutivos más de Glencore y Foster Wheeler y citaciones a declarar para miembros de las juntas directivas de los momentos en que ocurrieron los hechos, entre quienes se encuentran el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; el ex candidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga; el ex presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry, y el ex ministro de Minas cartagenero Hernán Martínez.

También deberán rendir declaración juramentada el ex presidente de la Andi Fabio Echeverri; la ex presidenta de Imusa María Velásquez, el ex presidente de Shell Joaquín Moreno, la ex directora de Planeación Nacional Carolina Rentería, la asesora de la Superservicios, María Paula Jaramillo Restrepo; el ejecutivo de Bioenergy Bernardo Rodríguez, Juan Rubio; la suplente de la junta directiva Diana Constanza, el gerente de la Refinería, Orlando Díaz, y el vicepresidente administrativo de la Refinería, José Marrugo Roa.

Todas estas decisiones se tomaron en el marco de las pesquisas por las irregularidades presentadas en la ampliación de la Refinería de Cartagena, en la que “según ha podido evidenciar la Fiscalía General de la Nación, hubo cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto”, indicó el titular del ente de investigación.

18 veces Odebrecht. Los pagos anómalos se presentaron en facturaciones por bienes o servicios no prestados al proyecto, subcontrataciones no autorizadas por Reficar, gastos suntuosos y extravagantes además de no relacionados con el proyecto, pagos duplicados de costos y pagos por equipos que no prestaron servicio al proyecto.

“Los delitos cometidos son interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. El peculado fue tasado en más de 610.000 millones de pesos, que equivale a 18 escándalos de Odebrecht o 12.000 viviendas gratis”, reportó el fiscal.

A interrogatorio. Agregó el fiscal que sobre las averiguaciones que tienen que ver con “la selección del socio estratégico, la salida de Glencore y la selección del contratista, se dispuso llamar a interrogatorio a dos presidentes y un alto ejecutivo de Ecopetrol; un presidente y un alto ejecutivo de Reficar, dos altos ejecutivos de Glencore y un alto directivo de la firma supervisora Foster Wheeler & Process Consultant Inc”.

Serán interrogados en este sentido Isaac Yanovich, presidente Ecopetrol 2002-2006; Javier Genaro Gutiérrez, presidente Ecopetrol 2007-2015; Jaime Flórez, gerente de vicepresidencia de refinación Ecopetrol 2007-2008 y Jorge Carvajales, presidente de Reficar 2006-2008.

También deberán responder Andrés Virgilio Riera, vicepresidente de preparación y puesta en marcha Reficar 2015-2016; Richard Cohen, representante legal de Glencore 2008-2009; Sergio de la Vega Jiménez, ejecutivo Glencore y suplente del presidente de Reficar 2007 y Christian Mantilla, director del proyecto Foster Wheeler & Process Consultant Inc. 2015.

No solo fueron errores de planeación. Refirió el jefe del organismo que en esta primera fase de la investigación, tras un trabajo de nueve meses y un estudio de más de 8 teras de información de un grupo de fiscales, investigadores y expertos financieros de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción, se establecieron “serias irregularidades ocurridas en los 12 años de desarrollo del plan de modernización de la Refinería de Cartagena que tienen connotación penal y que van más allá de simples problemas de planeación operativa o financiera”.

Recordó Martínez que desde 1996 se planteó la necesidad de modernizar Reficar, para lo cual el Plan Nacional de Desarrollo de 2003 definió este proyecto como de “importancia estratégica” y se planteó en dos documentos Conpes, donde se establecieron políticas públicas dirigidas a conseguir un socio que financiara el proyecto, y además se dispuso que el Plan se adelantara con la mayor participación privada posible de recursos, con el objetivo de asegurar que los riesgos asociados al proyecto recayeran fundamentalmente en el inversionista privado y se estableció que la ingeniería y la construcción del proyecto se adelantaran bajo la modalidad contractual ‘llave en mano’, para eliminar el riesgo de sobrecostos.

Pagos que había rechazado auditoría. Señaló además el titular del ente de control penal que en 2010 “Reficar suscribió dos nuevos contratos con CB&I en la modalidad contractual ‘costos reembolsables’, desconociendo la modalidad contractual inicialmente requerida por el Conpes, lo que implicó que los riesgos de sobrecostos fueran asumidos totalmente por el Estado”.

Finalmente, luego de los atrasos e incumplimientos por parte del contratista, en 2014, Reficar y CB&I suscribieron cuatro acuerdos denominados ‘Memorandum of Agreement’, MOA, y ‘Project Invoicing Procedure’, PIP, que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos en favor de CB&I.

“Con estos acuerdos se dispuso que se pagaran facturas que Foster Wheeler expresamente había objetado por improcedentes, pero mediante el acuerdo Reficar tomó la decisión libérrima de pagar esas cuentas, y se autorizaron pagos sin siquiera la revisión de los documentos por parte del auditor”, puso de presente Martínez.

¿$17 billones o $610 mil millones?. El pasado 13 de marzo, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, anunció que la Contraloría abría un proceso de responsabilidad fiscal por 6.080 millones de dólares, es decir 17 billones de pesos, contra 38 miembros de juntas directivas y funcionarios de Ecopetrol y Reficar y seis de las empresas contratistas.

Al respecto, el fiscal explicó que la cifra de la Contraloría de 17 billones a la de la Fiscalía de 610.000 millones dista tanto porque “el detrimento establecido en lo fiscal no tiene necesariamente origen en una conducta penal”, además de que el ente acusador tiene la instrucción “de que no se agote desde el punto de vista de daño patrimonial hasta la última de las facturas, porque en estas investigaciones exhaustivas termina ganando la prescripción, y establecer una cifra inicial para efectos penales da lo mismo que el total, sin perjuicio de que la Contraloría haga la recuperación de todo el daño patrimonial causado”.

Glencore International se va sin financiar

En 2006 se eligió a la compañía Glencore International AG como el inversionista mayoritario del proyecto, con 51%, y junto con Ecopetrol, con el 49%, constituyeron la sociedad Refinería de Cartagena S.A. Reficar.

Luego, en 2007 se eligió a Chicago Bridge & Iron Company, CB&I, para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la Refinería.

No obstante, en 2009, advirtió el fiscal, “sin haber financiado el proyecto y alegando un evento imprevisto, imprevisible e irresistible, Glencore se retiró de la sociedad Reficar, y Ecopetrol adquirió el ciento por ciento de la participación accionaria de la Refinería. Y se contrató a Foster Wheeler & Process Consultant Inc. para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto”.

Cooperación del FBI

Informó el fiscal que en la pesquisa hay colaboración del Departamento de Justicia de EEUU, que ha asignado a este proyecto agentes del FBI, “porque estos dineros no se pueden haber girado impunemente a los Estados Unidos, a CB&I, con sede en Houston, y Colombia necesita saber los pagos que se hicieron y la forma como se distribuyeron las utilidades de esa firma en ese país”.

Además, indicó que se investiga si se financiaron otras obras ejecutadas por esta firma en el mundo, con cargo al bolsillo de los colombianos.

Frente a un eventual proceso de extradición de los extranjeros involucrados, explicó el funcionario: “si como resultado de esta investigación se producen las condenas correspondientes a extranjeros que no estén en el país, es deber de Colombia asegurar que a través de la extradición, que es generosa de Colombia hacia los Estados Unidos, pudiera haber una reciprocidad equivalente”.