El Heraldo
Néstor Humberto Martínez, fiscal general, pidió reanudar aspersiones con glifosato. Archivo
Colombia

Fiscal reabre debate sobre fumigación aérea de narcocultivos

El fiscal pidió volver a asperjar; minjusticia no está de acuerdo. Las hectáreas sembradas con coca han aumentado en un 39%.

Un revuelo político causó la propuesta del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de reactivar la aspersión aérea para erradicar los cultivos ilícitos.

El planteamiento, puesto de presente a través de una carta al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, recibió el rechazo del titular de esta cartera, y del de la de Salud, Alejandro Gaviria, pero contó con el respaldo del procurador Alejandro Ordóñez.

En el documento, fechado el 2 de septiembre, Martínez le pidió al ministro “evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión”.

Con el fin de analizar el estado actual de la política antidrogas, el jefe del ente de control penal también solicitó “convocar una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes” y “estudiar el avance y ejecución de los programas sociales y desarrollo alternativo en materia de erradicación”.

El Consejo, desde mayo de 2015, ordenó la suspensión del glifosato en las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos ya que parte del herbicida era arrastrado por el viento, contaminando cultivos legales y fuentes de agua.

La determinación cumplía con un fallo de la Corte Constitucional de detener el uso del herbicida bajo el principio de precaución por posibles daños a la salud por ser potencialmente cancerígeno.

Martínez, entre sus argumentos, plantea el hecho de que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, los cultivos de coca se incrementaron en un 39% durante 2015 hasta alcanzar una extensión de 96.084 hectáreas frente a las 47.788 hectáreas de 2012, año en el que se alcanzó el más bajo nivel.

Este hecho, precisó, “pone de presente el gravísimo riesgo de que, como resultado de la desmovilización acordada en el proceso de paz se dé inicio a una nueva forma de perturbación del orden público, resultado de la lucha de otros actores armados ilegales” por “apropiarse del combustible del crimen” en el país.

En respuesta a la carta, Londoño dijo a periodistas que “la aspersión aérea no soluciona nada”.

La posición del Ministerio, aclaró, “es no estar de acuerdo” con la petición del fiscal porque “en 2007 se asperjó de forma aérea con mucha intensidad y fue el año que más cultivos ilícitos hubo”.

Además, precisó, “jurídicamente es imposible” debido a que “la Corte Constitucional, en una de sus sentencias fue clara en que por el principio de precaución no era posible este tipo de aspersión”.

Y aunque el fiscal nunca mencionó en su propuesta el glifosato, el ministro Gaviria emitió a su vez un comunicado en el que señala que “todas las razones para la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato se mantienen vigentes”.

Agregó el titular de la cartera de Salud que “en las aspersiones sobre cultivos ilícitos la población no tiene la posibilidad de expresar su voluntad de exponerse o no al riesgo, a diferencia de lo que ocurre en las aspersiones sobre cultivos lícitos”.

En cambio, el procurador Ordóñez dijo estar de acuerdo con la petición hecha al Gobierno por Martínez: “Esa fue la solicitud que hice desde mayo del año pasado en el Consejo Nacional de Estupefacientes, pidiendo que no se suspendieran las fumigaciones, porque si se suspendían iríamos a nadar en coca y un año después de 40.000 hectáreas pasamos a cerca de 170.000 hectáreas sembradas”.

Ordóñez dijo además “las implicaciones de esta situación en la inseguridad ciudadana, se han hecho manifiestas, pienso que fue un error del Gobierno desmontar la política contra los cultivos ilícitos a una estrategia que ha sido insuficiente”.

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