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El Consejo Comunitario Mayor de Nóvita hace labores de desinfección para contrarrestar el coronavirus.
Cortesía
Colombia

Expansión del virus amenaza a comunidades indígenas del país

En Vichada solo cuentan con dos unidades de cuidados intensivos y el acceso a la salud es precario en zonas del Chocó y el Amazonas.

“Sabemos que llegó un caso a Leticia, pero no sabemos más. Nos vamos enterando por las redes sociales cuando tenemos internet”.

En la cabecera municipal del resguardo Predio Putumayo, en Amazonas, sólo algunas personas tienen acceso a internet a través de paquetes de datos. Organizaciones sin ánimo de lucro cuentan con wifi, pero sólo en horario de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Es por eso que a pesar de que en el Amazonas van cuatro casos de COVID-19, este registro, como casi todo en estas zonas, les llega de manera tardía.

Allá, en pueblos del Vichada, del Putumayo, del Amazonas, de Caquetá y, más arriba, del Chocó, todo va llegando de manera lenta. El nuevo coronavirus, en tanto, va ‘corriendo’, tratando de alcanzar hasta el pueblo más recóndito de Colombia.

Ya se sumó un nuevo caso en el Caquetá. En total, hay dos.

“En temas de atención, nosotros los que estamos en aéreas no municipales somos los últimos a los que les ponen cuidado”, lamenta Manuel Joinama, indígena del clan Hormiga del pueblo Uitoto en Amazonas.

Joinama es también el presidente de la Asociación Zonal de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera (Azicatch). Señala que en el pulmón de la selva entre unas familias y otras hay largos trayectos de distancia. Pero no por eso sienten que están libres del riesgo de contagio.

Las preocupaciones aumentan cuando además, aunque el Gobierno recomienda el uso del tapabocas, del alcohol y el lavado de manos, en el resguardo Predio Putumayo no hay ni agua potable.

En medio de las precarias condiciones, Joinama dice que están tratando de cumplir los protocolos que ha dispuesto el Estado. Y las autoridades indígenas y curanderos han mediado desde la cultura de cada pueblo para la adopción de protocolos culturales de sanación.

Así, los pueblos indígenas del Amazonas van librando su ‘batalla’ contra un enemigo que aún no ha llegado a sus resguardos.

“Por el momento no tenemos contagiados de COVID-19. En caso de que sucediera, contamos con alto riesgo porque nuestro centro de salud no está en condiciones para mediar enfermedades como la gripe y, peor aún, como el coronavirus”, alerta Joinama.

El líder de Azicatch refiere que en casos distintos al COVID-19, cuando algún indígena de la comunidad presenta graves afectaciones por otras enfermedades, son trasladados a Leticia, la capital departamental, y cuando hay posibilidades se trasladan a hospitales de Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio, entre otras ciudades.

Stefany Pérez, uno de los enlaces de contacto de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (zona Amazonía), señala que la cobertura de salud del Amazonas es crítica.

“En el caso de La Chorrera cuentan con un puesto de salud, pero sin ningún tipo de medicamentos ni insumos de protección. Por eso preocupa la llegada del COVID-19, ya que sería de gran riesgo en ese lugar. También preocupan los pueblos cercanos a la frontera del Perú y Brasil”, indica Pérez.

Pero el nuevo coronavirus no es el único enemigo que los acecha. El hambre también llama a sus puertas.

“Estamos, a través de la ONIC, tratando de coordinar si por casualidad (porque nunca sucede, a ver si se puede esta vez) llegan las ayudas humanitarias”, manifiesta Joinama.

El presidente de Azicatch, quien vive de la siembra, aún mantiene su esperanza de que el Estado los recuerde y les envíe alimentos y kits de bioseguridad. “Aquí no somos empresarios ni grandes cultivadores. Aquí sembramos para sobrevivir”.

Según datos de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC, hay 201.576 familias que se encuentran en riesgo por la pandemia.

Vichada

Aunque en departamentos como Vichada, Vaupés y Putumayo no se han registrado casos de COVID-19, organizaciones indígenas lanzan una alerta para que el Gobierno Nacional disponga de un plan de contingencia, debido a que la principal preocupación es que en estos departamentos las condiciones de capacidad hospitalaria son mínimas y frente a un brote del virus no habría capacidad de repuesta.

Por ejemplo, en el caso del Vichada, según refiere el enlace de ONIC en la zona de la Orinoquía, Yormery Avendaño, todo el departamento cuenta sólo con dos unidades de cuidados intensivos, UCI. “En Puerto Carreño hay un hospital de primer nivel, pero no tienen sino dos unidades de cuidados intensivos. En La Primavera y Rosalía no hay UCI”.

Sumado a la complicación de la red hospitalaria, no cuentan con agua potable y a las comunidades indígenas del Vichada tampoco han llegado los mercados que prometió el Ministerio del Interior, según señala Avendaño.

“Ahora que llegó el invierno, todas esas zonas se inundaron. Ayer llovió y ahora toca hacer una reubicación y además no tienen alimentos. Las alcaldías han entregados algunas ayudas, pero las familias indígenas están conformadas por siete a diez personas y esos mercados no alcanzan”, anota una de las coordinadoras de la ONIC en la Orinoquía.

Chocó

La ONIC hizo varias alertas por la situación de pueblos indígenas en el departamento del Chocó.

“Antes de que la enfermedad llegara estábamos mal y después que termine vamos a estar peor”, expresa Carlos Rosero, líder de la comunidad afro, otro de los pueblos más afectados por la pandemia.

En Chocó ya se han registrado ocho casos de COVID-19 y tras el contagio de cinco enfermeras del principal hospital departamental, San Francisco de Asís, desde el pasado sábado lo cerraron. Sólo atenderán urgencias y se limitaron todos los servicios para que el personal de salud entre en cuarentena.

Por lo que, la ONIC hace un llamado al Gobierno por la falta de avances en la infraestructura hospitalaria.

“Las pruebas no se están aplicando y las pocas que se aplican demoran mucho tiempo en dar los resultados; el abandono del Gobierno se ha hecho más evidente en esta crisis. A todo esto se suman los panfletos, las amenazas a líderes y persecuciones en el territorio”, denuncia la organización en su último informe.

También EL HERALDO conoció que este domingo enviaron una comisión de salud, integrada por un médico y una enfermera, al pueblo Emberá Dobida en la Cuenca del río Truandó de Peña Blanca, zona donde se registraron tres muertes.

“Como es un trayecto muy extenso por el río no sabemos aún si el personal médico lleva las pruebas necesarias, no sabemos si irán a determinar la causa de las muertes, que se sospecha sean de coronavirus”, le dijo una fuente a este medio.

Además, la situación de conflicto en el pacífico ha agudizado la crisis. Puesto que se dificulta aún más el acceso para llevar las ayudas humanitarias por problemas de orden público.

“Este pueblo indígena del Chocó no cuenta con tapabocas, el alcohol estaba agotado y ahora subió de precio. Y antes de comprar estos implementos deben solucionar una urgencia más importante: la comida. Tampoco tienen agua potable y no hay ni un puesto de salud en esta zona que puede estar incluso a siete horas de la cabecera municipal”, precisa la misma fuente.

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