Esposa de Pretelt responde a Fiscalía por sus tierras

Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, acusado de haber pedido un millonario soborno en favor de la empresa Fidupetrol, rindió indagatoria el martes ante la Fiscalía general de la Nación por un presunto despojo de tierras a campesinos.

Patrón, también funcionaria de la Procuraduría, se hizo presente en la Fiscalía en compañía de su abogado Carlos Arturo Gómez Pavajeau, quien dijo a los periodistas que había entregado pruebas que demostraban la legalidad de la compra de unas fincas que el matrimonio realizó en los años 90.

Dichas tierras están ubicadas en la región del Urabá, en el departamento de Antioquia. La Fiscalía cree que los legítimos dueños de esos predios fueron sacados a la fuerza por paramilitares. Pretelt y Patrón, lo niegan.

El abogado dijo que presentaron al menos 113 documentos para demostrar que la compra se hizo de manera legal y que nunca conocieron la participación de paramilitares en supuestas exigencias para obligar a vender a los propietarios originales.

“Existen las pruebas que confirman que cuando llegaron ellos a la región no existían fenómenos de desplazamiento. Además, están las declaraciones de los familiares de quien vendió el predio y aseguran que no conocen nada de desplazamiento”, aseguró el abogado.

El magistrado Pretelt, que siempre ha pregonado su inocencia, fue denunciado recientemente de haberle pedido a un abogado 500 millones de pesos para favorecer con un recurso de amparo en la Corte Constitucional, el máximo tribunal del país en asuntos de la carta magna, a una empresa petrolera.

A raíz de esa situación el magistrado se apartó de la presidencia de la Corte Constitucional y pidió una licencia al máximo tribunal para poder preparar su defensa.

La semana pasada Pretelt rindió indagatoria ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El gobierno le ha pedido a Pretelt que renuncie a su cargo. Pero el magistrado se resiste a hacerlo y ha dicho que es víctima de una persecución por parte del Estado.