España valoró la decisión de Santos sobre el Galeón San José
El ministerio español de Asuntos Exteriores sostiene que es “un buque de Estado, que goza de inmunidad soberana”. A la Sea Search “le complace” la decisión.
Tras la decisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de suspender la licitación para adjudicar la extracción del Galeón San José, el Gobierno español declaró sentirse “feliz”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que valora la decisión de Santos “siempre desde el respeto a las decisiones que las autoridades de Colombia puedan adoptar de conformidad con su ordenamiento jurídico y el Derecho internacional”.
Asimismo, el ministerio español sostuvo que el galeón es “un buque de Estado, que goza de inmunidad soberana y que merece la consideración de tumba submarina”.
El pasado lunes, el mandatario colombiano anunció que “hoy, 23 de julio, como ustedes saben, es la fecha de cierre y posible adjudicación de la Alianza Público Privada. El Tribunal aún no se pronuncia sobre las medidas cautelares. Por respeto a las instancias judiciales, al estado de derecho y garantizando la seguridad jurídica de todos los sujetos que aquí han intervenido, he tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso”.
“Hemos antepuesto los intereses culturales y científicos a cualquier otra motivación. Es así, que hoy entregamos un sitio arqueológico sin intervención alguna, enriquecido de conocimientos, y con un modelo completo de gestión que incluye los recursos económicos necesarios para su intervención científica y como lo dije desde el primer día, para el disfrute y conocimiento de todos los colombianos”, señaló Santos.
Colombia abrió la licitación en marzo por un valor cercano a los 60 millones de dólares. Santos aseguró que las condiciones del concurso implicaban “un costo cero” para el Estado.
El presidente aseguró que la adjudicación del proyecto quedará en manos del presidente entrante, Iván Duque.
Historia
El Galeón San José fue derribado por un cañonazo inglés durante la batalla de Barú, en 1708, según las crónicas de la época, que daban cuenta de su valioso cargamento: toneladas de oro y piedras preciosas.
La embarcación había sido buscada durante décadas por cazatesoros.
Para evitar disputas con particulares, Colombia promulgó la Ley 1675 de 2013, que creó las condiciones para la búsqueda y estableció que todo patrimonio cultural sumergido es propiedad de la nación.
España ha reclamado el cargamento como parte de su patrimonio porque el navío era de la Armada española.
