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Escándalo de Juegos Nacionales: lupa a contratistas que levantan sede de Unal en Cesar

La Contraloría señala a Vera Construcciones Sucursal Colombia y a Benjamín Herrera Amaya, investigados igualmente por retrasos en la sede universitaria de La Paz, de haber causado un presunto daño patrimonial por $37 mil millones en las justas deportivas.

La Contraloría señaló a la empresa Vera Construcciones Sucursal Colombia y al particular Benjamín Tomás Herrera Amaya, contratistas a cargo de las obras para la construcción de la nueva sede de la Universidad Nacional en La Paz, Cesar, de estar “involucrados en el escándalo de los XX Juegos Nacionales en Ibagué”.

Por ello, advirtió el ente de control, serán llamados a responder dentro del proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía.

La empresa, con el 30 por ciento de participación, y el particular, con el 20, son dos de los tres contratistas favorecidos por la Gobernación del Cesar con el contrato de la sede universitaria, financiado con recursos de regalías, cuyo cronograma de ejecución, reitera la entidad revisora, “se ha incumplido de forma reiterada y negligente”.

Pone de presente la Contraloría en un comunicado que en el caso de Ibagué, el presunto daño al patrimonio público causado por Vera Construcciones Sucursal Colombia y Benjamín Tomás Herrera Amaya, es de más de 37 mil millones de pesos, “en razón a que las obras quedaron inconclusas, no prestaron ninguna utilidad a la comunidad, y por la gravedad de las deficiencias constructivas no sirvieron al propósito para el que fueron contratadas”.

Recordó además el organismo de control que por el tema de los Juegos Nacionales en Ibagué, se llevan a cabo 11 procesos de responsabilidad fiscal por más de 60 mil millones de pesos.

En las obras de los Juegos, una comisión de expertos concluyó que las estructuras del Parque Deportivo no cumplían con la norma de sismo resistencia y señaló: “dada la gravedad de las falencias encontradas las obras mencionadas no pueden ser recibidas. Para llevar a buen término tales obras deben desmontarse, repararse y volverse a montar siguiendo altas especificaciones técnicas”.

Entre tanto, en la construcción de la sede universitaria en La Paz, a través del contrato No. 0812 de 2013, suscrito por la Gobernación del Cesar el 12 de julio de ese año, con una duración inicial de 18 meses, se dispuso con Vera Construcciones y con Herrera Amaya, entre otros, la construcción por 38 mil millones de pesos y se adicionaron 13 mil millones más, para un total de 51.706 millones de pesos.

“Ante el incumplimiento negligente del cronograma de obra por parte de los contratistas, y por ende del objeto contractual, el contrato fue sometido a múltiples suspensiones y seis prórrogas, la última de las cuales está próxima a vencerse, sin que el avance de la obra permita presagiar que la misma será entregada el 8 de noviembre de este año, según lo pactado en la prórroga vigente”, advierte el comunicado.

Por estas obras, la empresa y el particular están inmersos en un proceso de responsabilidad fiscal por 2.634 millones de pesos.

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