Entes de control piden socializar cambios en la indemnización a las víctimas
Aseguran que es fundamental que la Unidad,en su trabajo de coordinador del Sistema Nacional de Reparación Integral a Víctimas, socialice el proyecto lo antes posible con la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.
La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo le solicitaron al Gobierno convocar una sesión extraordinaria de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas para socializar los cambios propuestos en la indemnización individual por vía administrativa respecto de las víctimas del conflicto armado.
En la carta enviada a la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Yolanda Pinto, se plantea la necesidad de que se socialice el proyecto que prepara el Gobierno Nacional para modificar algunas disposiciones del Decreto 1084 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social.
“El proyecto de decreto plantea cambios sustanciales en lo referente al trámite, procedimiento, mecanismos, montos, criterios de priorización y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas del conflicto armado", indicaron las entidades en la misiva.
Para los entes de control es fundamental que la Unidad en su trabajo de coordinador del Sistema Nacional de Reparación Integral a Víctimas, lo socialice lo antes posible con la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.
En la carta también se llama la atención sobre la necesidad de brindar una respuesta a las víctimas frente a las observaciones que presentaron en diciembre del año pasado frente a los lineamientos de la ruta propuesta, y que se resuelvan las inquietudes que puedan surgir en relación al nuevo proyecto.
En ese sentido las entidades señalan que se hace necesaria la asistencia de representantes de otras entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento para la Prosperidad Social.
La carta fue firmada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el Contralor General de la República, Edgardo Maya, y el Defensor del Pueblo (e), Jorge Enrique Calero, como integrantes de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
