En video | Red de Veedurías interpone acción de tutela por crisis carcelaria
Pide que se amparen los derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad humana de los reclusos.
La Red de Veedurías Ciudadana de Colombia, en cabeza de su presidente Pablo Bustos Sánchez, impetró una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho; la Fiscalía General de la Nación, el Inpec y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el objetivo de que un juez de la República ampare los derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad humana de tos los reclusos del país.
De acuerdo con el abogado Pablo Bustos, la Red de Veedurías Ciudadanas interpuso la herramienta judicial que incluye dos grandes asuntos: la decisión del Gobierno nacional respecto a la sustitución de la medida de detención o prisión intramural actual con la detención o prisión domiciliaria. Esta, según dijo Bustos, se trata de una medida humanitaria para contener la población de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19.
Y como segundo punto el tema sanitario que refiere fundamentalmente a la adopción de las medidas higiénicas y preventivas, a efectos de evitar que la pandemia se extienda de manera “escabrosa y rampante, entre ellas que se priorice, además, la medida de las pruebas que llegaron recientes al país en un porcentaje a esta población privada de la libertad que ha sido excluida por el Ministerio de Salud”.
La acción de tutela pretende que en un término no mayor de 8 días se garantice a las personas privadas de la libertad el acceso a los servicios sanitarios, productos de aseo, alimentación diaria, así como agua potable permanente bien sea a través del acueducto o a través de cualquier mecanismo que asegure su suministro, con el fin de protegerlos frente al COVID – 19.
Asimismo se insta al gobierno nacional para que declare el estado de emergencia en materia penitenciaria y carcelaria que permita, entre otros aspectos, conceder la detención domiciliaria a quienes están siendo procesados y no tengan sentencia ejecutoriada en firme, en especial a los adultos mayores, a las mujeres, a los que no se encuentren en buenas condiciones de salud y a la población carcelaria de mayor vulnerabilidad.
Sustituir la prisión intramural, por la detención en el lugar de residencia de la persona que está cumpliendo la pena.
Conceder prisión domiciliaria a quienes se encuentran cumpliendo pena privativa de la libertad y conceder la libertad condicional a quienes hayan cumplido las 3/5 partes de la pena. También conceder el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a quienes cumplan el factor objetivo (que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 4 años).
Otorgar a los menores infractores privados de la libertad, la libertad asistida y/o la imposición de reglas de conducta en lugar de las privativas de la libertad.
Sustituir la prisión y/o detención intramural por el mecanismo de vigilancia electrónica, cauciones y restricciones no privativas de la libertad, según el caso.
Conceder a los presos que estén en procesos de extradición la detención domiciliaria.
Según la Red de Veedurías Ciudadanas, la excarcelación de las personas privadas de la libertad se debe agilizar por parte del Gobierno nacional, debido a que el brote del coronavirus ya cobró la vida de dos reclusos del establecimiento carcelario de Villavicencio y mantiene a otro recluso recluido en un centro asistencial.
Y agregó que con la medida también se busca proteger al personal de custodia de todos los establecimientos carcelarios del país, teniendo en cuenta igualmente que un guardia de la Cárcel Distrital de Bogotá también resultó contagiado por coronavirus.
La Red de Veedurías Ciudadana de Colombia se une a las peticiones que hicieron sobre la problemática carcelaria la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades.
