En video | Autoridades ocupan bienes del Eln por $3.600 millones
Los inmuebles eran utilizados para ocultar las millonarias ganancias de esta guerrilla, por extorsiones y otras acciones ilegales.
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con las Fuerzas Militares, asestaron un golpe a las finanzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en los llanos orientales y Risaralda.
Un grupo de fiscales y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon, con fines de extinción del derecho de dominio, 16 predios, entre rurales y urbanos, avaluados en $3.600 millones.
Según el ente investigador, algunos de los predios estaban destinados a actividades comerciales, bienes presuntamente adquiridos con dineros producto del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones cometidas por el ELN.
Los bienes están ubicados en cinco municipios de los departamentos de Arauca y Risaralda. Son estos Saravena, Arauquita y Tame (Arauca); y Pereira y Dosquebradas (Risaralda).
Labores de inteligencia establecieron que dichos inmuebles, que en su mayoría estaban enarriendo, "eran usados por el grupo ilegal como fachada para ocultar el verdadero destino de los dineros recaudados: financiar el actuar ilícito del ELN en el nororiente del país".
Operación
El origen de la 'Operación Rey’, como se bautizó la acción que arroja la intervención de estos 16 predios, fue la información recopilada por investigadores de la Fiscalía quienes seguían de cerca los pasos de presuntos integrantes del ELN.
Se trata presuntos integrantes activos de la comisión de finanzas del Frente Domingo Laín Sanz del ELN, entre ellos Reinaldo Hernández Mahecha, alias ‘Gordo Rey o Gordo Lindo’ (capturado el 31 de enero pasado) y Yarithza Lizarazo, compañera sentimental de ‘El Gordo Rey’ (capturada el 31 de enero pasado).
En la lista de presuntos testaferros del ELN están, además, Isidro López Serrano, alias
‘Gavilán’ (con orden de captura); Elsa Yaneth Guarnizo, alias ‘La Pata’ (con orden de captura), y Grasisquier Toro Ledesma, alias ‘Toro’ (capturado el 31 de enero pasado).
Ellos, según el material probatorio recaudado, "eran los responsables de administrar los dineros de extorsión, secuestro; el concierto para delinquir y homicidios".
Estas personas recurrían a familiares quienes, al parecer, ocultaban el proceder ilegal de los bienes lo mismo que de los recursos con los que los habían conseguido.