En Barranquilla, “funcionarios de Inpec piden sobresueldos para traslados de internos”: fiscal
Néstor Humberto Martínez dijo que también estaría ocurriendo en Medellín, Pasto, Cúcuta, Pereira y Villavicencio. El sindicato de trabajadores del instituto penitenciario rechazó las declaraciones del ente acusador.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que en seis ciudades del país miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), estarían exigiendo sobresueldos a las administraciones municipales, como condición para trasladar a establecimientos carcelarios a los detenidos que se encuentran hacinados.
De acuerdo con Martínez, esta situación fue advertida en las ciudades de Medellín, Pasto, Cúcuta, Pereira, Villavicencio y Barranquilla, donde los representantes del Inpec se estarían negando a prestar el servicio que por ley deben cumplir.
El hacinamiento carcelario es de tal gravedad que, además de obligar a la suspensión de operativos de seguridad ciudadana en Medellín, ha dado lugar a situaciones similares en otras ciudades.
El reporte revelado por el ente acusador confirmó que en la ciudad de Medellín, en una sala de paso que tiene cabida para 30 personas, hoy alberga 94 reclusos.
De acuerdo con la Fiscalía, en la ciudad de Santa Marta, donde las autoridades pretendían realizar un operativo de al menos 80 capturas por el delito de violencia sexual, se postergó una vez se detuvieron 33 personas y evidenciar la inexistencia de cupos suficientes para detener a los presuntos delincuentes.
En la ciudad de Pasto (Nariño), hay 78 personas detenidas en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), cuando el cupo es para 25 personas.
El reporte de la Fiscalía también informó que en el departamento de Cauca hay 36 personas privadas de la libertad en las URI, cuando el cupo es apenas para 15.
En el municipio de Buenaventura, “sólo existe una cárcel distrital. Por falta de cupos, 193 personas fueron ubicadas en una bodega, sin las condiciones mínimas de salubridad, porque los funcionarios del Inpec no quieren recibirlas. Esto ha obligado a la Policía a crear turnos de 20 agentes para ejercer vigilancia”.
Añadió el fiscal que en Pereira, los guardianes del Inpec son quienes determinan qué detenidos ingresan a las cárceles.
Aseguró también que en Cúcuta hay 19 personas detenidas en la celda del CTI, cuando el cupo es para 10 reclusos. De esas, seis tienen medida de aseguramiento y estos se suman a las 263 que hay en estaciones de Policía.
Se pronuncia el sindicato del Inpec
La Unión de Trabajadores Penitenciarios, a través de un comunicado, rechazó las afirmaciones del fiscal Martínez y exigieron al director general del Inpec, Jorge Luis Ramírez, que salga en defensa ante los medios de comunicación.
El comunicado:
En primer lugar, la opinión pública y sociedad en general deben saber que los internos detenidos preventivamente por mandato legal corresponden su manutención a las entidades territoriales, esos internos son aquellos que la justicia no ha vencido en juicio o que la misma Fiscalía, por su atasco judicial, demoran en procesarlos hacinando las cárceles de Colombia.
Dicha obligación está contemplada en la ley 65 de 1993 artículo 19, con varios pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional en las sentencias T 153 de 1998 y ahora recientemente en la T 388 de 2013 y T 762 de 2015 que ratifican la obligación de las alcaldías con dichos internos cuando están carezcan de centro carcelario debiendo celebrar convenios con el Inpec que integren los servicios establecidos en la ley 65 de 1993, ratificado en la ley 1709 de 2014.
Asocapitales, en cabeza del doctor Federico Gutiérrez ha querido endilgar esa responsabilidad al Inpec, cuando más de 200 alcaldes municipales han celebrado convenios interadministrativos con el Inpec para la manutención de los internos que no son del Inpec, sino de las entidades territoriales. Por lo anterior, no es cierto que exigir el pago de las obligaciones legales contempladas en la ley 65 de 1993 sea un delito, contrario, la fiscalía general de la nación dio la noticia al revés, debe iniciar investigaciones penales por prevaricato a los alcaldes que se han negado a celebrar estos convenios para superar la crisis carcelaria, tal como lo ha exigido la procuraduría general de la nación en varios pronunciamientos.
La honorable Corte Constitucional ha sentenciado que la crisis carcelaria es responsabilidad de todo el estado, entre ellos todos los órganos del poder público, así como existe una gran responsabilidad de las entidades territoriales que no han presupuestado los rublos para el pago y manutención de las personas privadas de la libertad a su cargo, al punto, que tenemos claro que donde estos alcaldes cumplieran sus obligaciones, la suerte del Inpecseria otra. Es por ello, que exigimos no echar la culpa al Inpec de la incoherente política criminal en Colombia, no producimos hacinamiento, lo soportamos, no tenemos los procesos de salud, alimentación, construcción, vigilancia electrónica, en las carceles, estos son de la Uspec, pero se atribuye todo lo que tiene que ver con carceles al Inpec.
Exigimos al director general del Inpec, Jorge Luis Ramírez, que salga a la defensa institucional a través de los medios de comunicación.
