El rompecabezas de Odebrecht
La reciente muerte del excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol destapó una olla de incertidumbres que se suman a la investigación.
La investigación en Colombia sobre los sobornos de Odebrecht arroja resultados menos favorables que en otros países. Pero la muerte de un testigo clave y el envenenamiento de su hijo introdujeron incertidumbre a esta trama de corrupción descubierta en América Latina.
Diez países de la región están involucrados en la red de sobornos que montó la firma brasileña a cambio de contratos. El escándalo, que comenzó en Brasil en 2014, ha enredado a altísimos funcionarios y podría adentrarse en terrenos truculentos.
Afectado por un cáncer linfático, el testigo Jorge Pizano falleció por un aparente infarto el 8 de noviembre. Tres días después, su hijo Alejandro murió envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre, según la Fiscalía.
Pizano fue auditor financiero del consorcio que formó Odebrecht junto con Corficolombiana, empresa del hombre más rico de Colombia, el influyente banquero Luis Carlos Sarmiento.
Medicina Legal descartó rastros de cianuro en los tejidos conservados de Pizano –cuyo cuerpo fue incinerado–, pero reiteró que “en el caso de la muerte del joven, tanto la sangre, como el contenido de la botella sí contenían cianuro”.
Pizano dejó grabada una entrevista para que fuera publicada si fallecía u obtenía protección en otro país. Su explosivo testamento salpica al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y plantea dudas sobre la investigación de la trama en Colombia.
Él “era la prueba de que los sobornos en Colombia no fueron solo de Odebrecht, sino una telaraña de corrupción que se urdió desde la concesión de la obra (vial) más grande que se ganó la empresa brasilera en compañía de Luis Carlos Sarmiento”, dijo a la AFP la periodista María Jimena Duzán, quien se mantuvo en contacto con Pizano hasta horas antes de su deceso.
Pese a la enfermedad de Pizano, ninguno de sus allegados asegura haberlo visto deteriorado y desestiman que pretendiera suicidarse con el cianuro hallado en su escritorio.
Sin embargo, se mantiene la versión inicial de que el deceso del excontroller de la Ruta del Sol se produjo por un infarto.
“El resultado es negativo para cianuro, no se encontró cianuro en los tejidos ni la solución que contenían los mismos. En tal sentido la causa de la muerte sigue siendo la que determinó el hospital de Facatativá una vez se hizo la necropsia clínica”, indicó Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal.
La necropsia de Pizano se registró luego de que la vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, ordenara la apertura de la investigación con la que se pretende determinar la causa de la muerte de quien fuese el testigo estrella en el caso Odebrecht.
De otro lado, el exauditor iba a rendir testimonio en Colombia, pero la diligencia judicial se aplazó por un grave accidente que sufrió el pasado octubre la fiscal del caso durante sus vacaciones en Chile.
Duzán sostiene que Pizano sentía que “corría peligro” por las irregularidades que detectó en la Ruta del Sol, una obra que quedó inconclusa y busca unir al centro con el norte de Colombia.
En su entrevista póstuma con Canal Uno, el exauditor reveló que compartió sus sospechas con Martínez, quien para la época era abogado de cabecera del banquero Sarmiento y asumió como fiscal en 2016.
En el centro de los cuestionamientos, el fiscal sostiene que no denunció lo que le dijo Pizano, porque éste “no tenía certeza” de que sus hallazgos configuraran un delito.
En su reacción a la muerte de Pizano, Odebrecht juzgó “cuestionable” que su exsocio colombiano pretenda negar que supiera de los sobornos, lo que indirectamente compromete al fiscal.
La multinacional pagó coimas por más de 3.000 millones de dólares para adjudicarse proyectos o financiar campañas políticas en Latinoamérica, así como en Mozambique y Angola.
En Perú el escándalo salpica a cuatro exmandatarios; en Panamá al presidente y dos antecesores, y en Bolivia a dos exgobernantes, mientras un exvicepresidente ecuatoriano está en prisión.
Entretanto, en Colombia, la Fiscalía ha detectado coimas por 32,5 millones de dólares en seis contratos, algunos de los cuales estarían relacionados con campañas presidenciales.
En el país, el funcionario de mayor rango en la cárcel es el ex-viceministro de Transporte Gabriel García Morales, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al favorecer a Odebrecht. Hasta el momento hay 12 detenidos.
La segunda captura por este caso fue realizada a el 17 de enero de 2017 en contra del ex-senador Otto Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el ex-congresista obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra, en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era parte.
La Fiscalía General le imputó cargos al ex-senador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito. Bula declaró haber entregado una suma cercana a US$1 millón a un empresario de nombre Andrés Giraldo, quien sería el enlace entre él y el Jefe de Campaña de Santos Presidente 2014 (reelección): Roberto Prieto. Esto implicaría que el Gobierno del Nobel de Paz y el mismo Presidente tendrían algún grado de implicación en este gigantesco escándalo internacional. Se investiga también la posible participación del consultor brasileño Duda Mendoça, detenido en el marco de la Operación Lava Jato, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Según las investigaciones, Odebrecht habría pagado 1,6 millones de dólares a Mendoça para asesorar la campaña de Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe.
Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte durante uno de los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), fue arrestado por cargos de recibir sobornos de Odebrecht para favorecerla en la concesión para la construcción de una carretera.
Por la confesión de García Morales, se conoció que el empresario cartagenero Enrique Ghisay Manzur a través de la firma panameña, Lurion Trading Inc, en la que figuraba como representante junto a su hermano Eduardo Assad Ghisays Manzur, habían blanqueado los 6,5 millones de dólares ofrecidos por Odebrecht al exviceministro de Transporte. El 6 de marzo de 2017 el empresario aceptó los cargos imputados por la Fiscalía: por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Fue el primer condenado por el caso Odebrecht.
Luis Fernando Andrade es otra de las piezas claves en el escándalo de Odebrecht. Fue director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Actualmente, el expresidente de la ANI está cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria como posible responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor y falso testimonio en calidad de determinador, en relación con el contrato de la Ruta del Sol II, realizado con Odebrecht y Corficolombiana.
De igual manera, el empresario barranquillero Javier Torres Vergara, representante legal de Inversiones Torrosa fue llamado a interrogatorio por el caso Odebrecht. El ingeniero deberá responder por la supuesta simulación de convenios o acuerdos de mercado que habrían servido para legalizar dinero de dudosa procedencia de Odebrecht. Hasta el momento la Fiscalía no ha especificado a qué tipo de contratos se refiere.
Rechazan auditoría
El fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció que la familia de Jorge Enrique Pizano no quiso auditoría del dictamen de Medicina Legal emitido durante esta semana, luego de realizarse la necropsia del exauditor de la Corficolombiana.
“Les ofrecí una auditoria nacional o internacional a esos estudios de Medicina Legal por parte de un laboratorio certificado y la familia me ha manifestado que no se requiere, a juicio de ella, ninguna auditoria, pero se la hemos ofrecido voluntariamente”, dijo Martínez.
