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La centenaria Policía Nacional está en crisis. La ciudadanía le reclama violaciones de derechos humanos.
EFE
Colombia

El reto de recuperar la confianza entre la Policía y ciudadanos

Distintos sectores coinciden en la necesidad de cambios estructurales tras lo ocurrido la semana pasada.

El episodio de brutalidad policial que la semana pasada le costó la vida al ciudadano Javier Ordóñez, por quien además se desencadenaron masivas protestas en todo el país que paradójicamente dejaron 13 civiles asesinados con armas de fuego, no dejan duda de que algo anda mal en la Policía.

De hecho, distintos sectores políticos y sociales, e incluso desde la misma entidad policial, confluyen en que, si bien el cuerpo centenario, que en noviembre cumple 129 años, es absolutamente necesario para mantener la paz y la convivencia ciudadanas, labores nada fáciles en un país como Colombia, también coinciden en señalar que sucesos como los de Ordóñez y mucho menos los de la docena de particulares muertos con armas de fuego en plena vía pública se pueden volver a presentar en una sociedad que se precie de ser respetuosa de los Derechos Humanos.

De capa caída

La Policía, ente de naturaleza civil pero adscrito al Ministerio de Defensa, fue creado en 1891 y hoy tiene más de 167 mil hombres. En 1948, durante El Bogotazo, la Policía se unió a la revuelta y fue liquidada, para luego ser refundada dos años más tarde.

Desde la Constituyente de 1991 se hablaba de la desmilitarización de la Policía y por ello fue separada del Comando General de las Fuerzas Militares. Y en 1995 se dio un proceso de profesionalización y se incluyó el nivel ejecutivo en sus filas.

Finalmente, en 2017 entró a regir el nuevo Código de Policía que, según un estudio del año pasado de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, deja, por ahora, “mucha multa y poca pedagogía, sanciones de comportamientos que no se corresponden con las quejas más frecuentes de la ciudadanía, una aplicación desigual de la norma en las regiones, un ejercicio policial altamente discrecional y riesgos de abuso policial”, entre otros.

Frente a la imagen que tiene la Policía en el ciudadano actual, un buen termómetro es la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, que arrojó que en el segundo semestre del año pasado solo el 18% de los consultados calificó como bueno el servicio policial. Esto es casi la mitad del 35% que lo aprobaba en 2008.

A estos preocupantes números han contribuido casos como el del grafitero Diego Felipe Becerra, de 16 años, asesinado el 19 de agosto del 2011 en Bogotá, y el del bachiller Dilan Cruz, que murió el 25 de noviembre pasado, dos días después de ser herido en la cabeza por un disparo de perdigones de un miembro del Esmad de la Policía cuando participaba en las protestas del paro nacional en la capital.

La reforma

Desde la misma Policía, el director (e) de la Policía, general Gustavo Moreno,  se ha referido a los cambios que se fraguan desde la filas: “Hemos diseñado unos lineamientos internos para el cambio en la Policía que se encuentra en marcha desde 2017 para la modernización institucional, para un servicio más efectivo y cercano al ciudadano”.

El alto oficial agrega que en el diseño de la reforma “se incluyó a la academia, al sector público y al privado. Con esta base se diseñaron líneas de trabajo que integran a todas las unidades en torno a 15 líneas estratégicas y tres enfoques: una renovada educación policial, una fortalecida política de transparencia y un servicio moderno, preventivo y comunitario”.

Por el otro lado, el de los manifestantes, cuya vocería ha asumido en parte el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela, quien venía coordinando las protestas del paro nacional, anunció otra marcha para el próximo lunes y planteó: “Esa brutalidad policial está reflejada indiscutiblemente en que hubo disparos. Exigimos por tanto la restructuración de la Policía Nacional y la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo”.

Radican en el Congreso un proyecto de prevención y sanción del abuso policial

El representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, radicó en los últimos días un proyecto de ley para “la prevención y sanción del abuso policial” que, según su autor, “tiene el apoyo de parlamentarios de la oposición, Cambio Radical y el Partido LIberal”.

El congresista le dijo a EL HERALDO que la iniciativa tiene tres ejes: “Un componente pedagógico, con la implementación de una cátedra sobre el uso proporcional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos; reforzar el sistema disciplinario en el interior de la Policía, implementando un acompañamiento civil, reviviendo la figura del comisionado de policía, adscrito a la Defensoría del Pueblo y elegido por concurso de méritos; y una regulación de los procedimientos policiales contra población desarmada, en la que se prohíben el estrangulamiento, los golpes con el bastón en la cabeza, un máximo de una descarga 'taser', no conducción en vehículos no identificados y se crea la obligación de que cada policía tenga una body cam”.

Asprilla, uno de los políticos más críticos durante los debates del Código de Policía, aseveró que desde su implementación hace tres años “se constató que hubo un empoderamiento absoluto por parte de los uniformados y el proyecto reforma precisamente unas partes del Código. Eso hace parte del problema, así como el endiosamiento que se le ha dado a la Policía, lo de la impunidad con el sistema disciplinario y el hecho de haberles dado facultades extraordinarias durante la pandemia”.

Y concluye que los hechos recientes son una suma también de “cuadros políticos”: “Las políticas de la Alcaldía de Enrique Peñalosa y la llegada del uribismo al poder con el discurso de estigmatizar la protesta social".

Análisis: desenclave del conflicto armado

El director de Investigación de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, César Niño, le dijo a EL HERALDO que “la reforma a la Policía, incluso como la ha mencionado el Gobierno, necesita ser activada desde una perspectiva integral, que haya ajustes de procedimiento y un proceso de desenclave de la institución del conflicto armado. La Policía debe tener una dimensión de seguridad interna capaz de dirimir las tensiones sociales y velar por la convivencia de la ciudadanía. Es necesario también que se definan los roles y misiones de la Policía en un contexto tan complejo como el colombiano”.

Frente a cómo le ha venido el nuevo Código de Policía a la entidad, advierte el analista de seguridad que “el exceso de normas no garantiza el buen comportamiento de una sociedad. El Código de Policía es una herramienta útil, pero los malos momentos de la institución no están ligados a ese documento, tiene que ver más con cuestiones sistémicas e individuales de algunos miembros”.

El Gobierno versus la Alcaldía de Bogotá

El viernes de la semana pasada el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tuvieron una reunión en la que la mandataria planteó la necesidad de hacer una reforma estructural argumentando que las jornadas de violencia de la última semana son una “consecuencia acumulada de años de impunidad”.

No obstante, al finalizar la reunión la alcaldesa dijo que Duque se negó a hacer un cambio. Aunque la ministra del Interior, Alicia Arango, contradijo un par de días después esas declaraciones y aseguró que desde noviembre de 2019 el Gobierno trabaja en una estrategia para transformar la institución.

López dijo que junto con la Defensoría y la Procuraduría presentará un proyecto en la que se reestructurarán el entrenamiento y el control disciplinario de la Policía.

Arango, de otro lado, dijo que hay que profesionalizar al modelo de vigilancia por cuadrantes, de estaciones y CAI, para una mayor trazabilidad a la actuación de los uniformados.

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