Las revelaciones de Benito Osorio ante la JEP para buscar su libertad
El excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso, dio validez a los aportes de verdad que entregó ante el tribunal de paz el ex gobernador de Córdoba. Juristas, políticos y ganaderos están salpicados.
El pasado 12 de enero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que había concedido el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Benito Antonio Osorio Villadiego, el ex gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y exgobernador del mismo departamento, al considerar que sus aportes a la verdad fueron “más allá” de la conocida por la justicia ordinaria.
Las acusaciones contra Osorio, por el despojo de tierras y los nexos con paramilitares, lo llevaron a pagar una condena de 19 años.
A comienzos de 2017, el procesado manifestó su intención de aportar la información que sabía con relación al despojo de tierras y vínculos con paramilitares, es así como en octubre de 2017 la Secretaría Ejecutiva de la JEP le comunicó a Osorio Villadiego la necesidad de aportar piezas procesales que acreditaran lo manifestado en su solicitud de sometimiento.
Desde noviembre de ese mismo año y hasta mediados de 2021, Osorio hizo llegar al tribunal de paz más de 15 archivos que contenían testimonios y documentos con relación a su proceso.
“Desde el inicio de las diligencias el compareciente reconoció su responsabilidad en los desplazamientos de población que tuvieron lugar en la zona de Tulapas (Antioquia) ... el respaldo otorgado por la casa Castaño, la reunión adelantada el 30 de septiembre de 1997 con la participación de ganaderos, accionistas y directivos del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), quienes apoyaron su propuesta en la adquisición de tierras en Urabá”, señaló la JEP en el fallo que sustenta el beneficio otorgado a Osorio, un hombre a quien el entonces presidente Álvaro Uribe puso de gobernador (e) de Córdoba durante 17 días en 2008.
Hasta unos días se desconocían cuáles habían sido esas declaraciones que había realizado el exgobernador, considerado como una de las piezas claves para armar el rompecabeza de los despojos y desplazamientos en esa zona del país auspiciado por las Autodefensas, debido a su entonces cercanía con el ex comandante de ese grupo Salvatore Mancuso.
En los testimonios, el ganadero reiteró lo que desde hacía años había estado declarando en contra de juristas y empresarios, como en el caso de José Félix Lafaurie.
Precisamente en esas declaraciones ofrece detalles de las supuestas reuniones entre Lafaurie y Mancuso.
En dicha reunión, Lafaurie le dijo “en términos amigables” a Mancuso: “Mono, yo vengo de parte del Gobierno nacional, de parte de Sabas Pretelt De la Vega (ministro de Interior de Uribe). Ellos consideran que el fiscal general de la Nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretelt”.
De esa forma, Lafaurie, según el testimonio, habría intentado obrar para que Iguarán llegase a ser fiscal general, lo que ocurrió, y “llegó a enviarle gran cantidad de datos personales” de los magistrados de la Corte Suprema, que elegían este puesto. Todo con la intención de que no se conociera el trasfondo de los despojos y desplazamiento (ver recuadro).
Sin embargo, el pasado jueves Lafaurie le salió al paso a las declaraciones realizadas por Osorio y las tachó de “delirantes”.
“Esas falsas acusaciones habían circulado hace diez años ante Justicia y Paz, para buscar favorecimientos por parte de señalados criminales, y desde ese mismo momento la credibilidad de Osorio fue desestimada, por lo que terminó condenado a 19 años de prisión”, indicó el ganadero.
Con relación a Mario Iguarán, Lafaurie indicó que “fue elegido fiscal con 17 votos sobre un total de 23. No solo es delirante sugerir que Mancuso tuviera semejante control sobre la Corte Suprema, sino una calumnia contra la corporación y contra cada uno de los 17 magistrados que Osorio pone automáticamente bajo sospecha”.
El presidente Ejecutivo de Fedegán dijo que además de buscar beneficios en la JEP, las acusaciones de Osorio tendrían una motivación política.
Una vez que las declaraciones del exgobernador salieron a luz y un día antes a las de Lafaurie, Mancuso corroboró el testimonio de Osorio y respaldó la acción al señalar “que el país está preparado para escuchar todo lo que le han impedido conocer”.
“Todos los hechos relatados por Benito Osorio son ciertos”, dice la carta que Mancuso envió desde EE. UU., donde cumple condena por narcotráfico.
En ese sentido el ex jefe de las AUC añadió: “Debo corroborar las declaraciones con respecto a la elección del exfiscal Mario Iguarán y el papel de José Felix Lafaurie. Todo ello fue verdad y lo hemos dicho desde hace años ante los magistrados de Justicia y Paz. Incluso, algunos detalles anecdóticos que ejemplifican dicha cercanía, como fue el discurso pronunciado por el señor Lafaurie en Cartagena y que cuenta Benito que ayudé a redactar, fueron ciertos y se habían quedado rezagados en mi memoria”.
El jefe de las AUC destaca también que el relato de Osorio “no es nuevo”, que ya se había expuesto en instancias de la justicia transicional y ordinaria y “hoy cobra otro sentido bajo el enfoque de los principios que orientan la JEP”.
Osorio, oriundo de Cereté, Córdoba, también dio a conocer diversos nombres de personas, funcionarios y autoridades públicas que facilitaron, auspiciaron o participaron en los hechos de despojo en la zona de Tulapas, agregando que la casa Castaño cedió el control territorial de la zona al Bloque Elmer Cárdenas que era dirigido por Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán.
Entre los nombres está el del general (r) Rito Alejo Del Río y el del empresario Luis Gallo, quienes habrían tenido nexos con las AUC.
El exgobernador habría mencionado al general (r) Rito Alejo Del Río como la persona a quien se veía con frecuencia en la zona de influencia paramilitar.
“Fui invitado a alguna reunión, pero no pude asistir. Pero me enteré de que el general Iván Ramírez dijo que estaba hablando en nombre de las Fuerzas Militares y que debían prestarse apoyo mutuo para controlar el avance de la guerrilla en la Costa Norte y por este hecho crearon el Bloque Norte de las AUC”, narró.
Con relación a los mandos involucrados sostuvo que “Rito Alejo Del Río y Martín Carreño Sandoval, quien fue comandante de la Décimo Primera Brigada con sede en Montería y posteriormente reemplazó a Rito Alejo Del Río en la Brigada XVII con sede en Carepa, donde fue él invitado al igual que Sor Teresa”.
Osorio también expuso en la JEP las “interacciones” con las altas esferas del poder departamental de Córdoba tales como José María López, conocido como el “Mono” exalcalde de Montería y exgobernador.
Otros de los nombres que figuran en las declaraciones son el de la exsenadora Piedad Zuccardi esposa del exsenador Juan José García Romero; el exsenador Javier Cáceres Leal; el exsenador Vicente Blel; Juan Manuel López Cabrales, jefe liberal de Córdoba; Miguel Alfonso de la Espriella, hombre cercano al expresidente Uribe.
También están: Julio Manzur Abdala, la exsenadora Zulema Jattin; el excongresista Reginaldo Montés; la excongresista Eleonora Pineda condenada por parapolítica y Muriel Benito Revollo, exrepresentante a la Cámara.
Benito Osorio Villadiego, según la Fiscalía en su expediente en 2014, puso al servicio de los paramilitares el Fondo Ganadero de Córdoba, a través del cual se apropiaron de más de 20.000 hectáreas en ese departamento y el Urabá Antioqueño.
Desde 1994, los hermanos Castaño, génesis del paramilitarismo en Colombia, tomaron la decisión de incursionar violentamente en el Urabá antioqueño para que le sirviera como fortín de guerra a Carlos Castaño y también como corredor para las actividades de narcotráfico.
“En el año 1997, cuando el Fondo Ganadero de Córdoba estaba bajo la gerencia de Osorio (…), se inició la compra sistemática de tierras ubicadas en esta zona del país, en un número de 105 predios, cuyos propietarios y poseedores ya habían sido objeto de desplazamiento forzado y apropiación material por parte de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá)”, se lee en el acta de la Fiscalía en referencia a lo que sucedió en Tulapas, que cubre el Urabá antioqueño, el Urabá chocoano y Córdoba.
Allí entre 1994 y 1998, según documenta la Fiscalía, fueron asesinados, desaparecidos o amenazados los dueños de 128 predios, es decir que el ente acusador señaló que Osorio Villadiego, como gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, jugó un papel fundamental al utilizar esta agremiación como un instrumento aparentemente legal en la compra de tierras para que los paramilitares se adueñaran de esas propiedades.
