El Heraldo
Cortesía.
Colombia

El drama de los indígenas por el conflicto armado

El 2022 se convirtió en el año más violento para los pueblos indígenas. El conflicto afectó a más de  400 mil miembros de estas comunidades. Pueblo Zenú, el que más sufrió por los grupos ilegales, según informó la Onic.

Los pueblos indígenas de Colombia parecen estar condenados al desplazamiento forzado, al confinamiento, las amenazas, los asesinatos y hasta el exterminio de sus saberes ancestrales. Sitiados históricamente en regiones añoradas por grupos ilegales, la ley del plomo se ha consolidado –a pesar de los acuerdos de paz de 2016– y en 2022 (el año más violento para ellos desde el conteo) los números rojos por los dramas que a diario vivieron saltaron por los aires. Eso sí, la crisis parece no tener –hasta ahora– una solución a la vista por la falta de políticas certeras del Estado.

Por un lado, están los pueblos Awá, Zenú, Yukpa, Kogui, Embera, etc. Por el otro, los verdugos: disidencias de las Farc, Ejército de Liberación Nacional, Clan del Golfo y Los Pachenca. Una ‘batalla’ demasiado desigual.

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, el año pasado un total de 453.018 indígenas resultaron víctimas del conflicto armado. El drama se concentró, sobre todo, en Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó. 

La situación, que se agudizó en el segundo trimestre, generó una ola de problemáticas, siendo el confinamiento una de las crisis mayores al afectar directamente a 433.580 personas.

Los números reflejan la enorme tragedia que se vive. El 2022 fue 20 veces más violento que el 2021, cuando se vieron afectados 19.931 indígenas.

“En este aumento significativo, igualmente, debe tenerse presente que existe un elevado subregistro debido a las múltiples dificultades experimentadas por las autoridades tradicionales, quienes deben hacer frente a la ausencia de garantías de seguridad, la baja o nula conectividad y el difícil acceso a los territorios más alejados, limitando el ejercicio de denuncia, verificación, seguimiento y monitoreo”, explicaron desde la Onic.

Por otro lado, el segundo hecho que generó más víctimas fue el desplazamiento forzado. En ese sentido, según el informe,  al menos 8.183 indígenas –de Córdoba, Nariño y Vichada– tuvieron que huir de sus tierras sagradas por la lluvia de amenazas y el aumento de sangre provocado por las balas de los grupos ilegales.

Crisis en la Costa
Archivo

La región Caribe, territorio amplio y que alberga un importante número de pueblos indígenas, registró una escalada de violencia alarmante en 2022, lo que generó que miles de aborigenes decidieran a la fuerza convertir los parques de las grandes urbes en su nuevo hogar.

Los pueblos indígenas de Cesar, Córdoba y Sucre fueron los que más sufrieron por la guerra.

“De los 115 pueblos autorreconocidos en Colombia, 50 fueron objeto de vulneraciones a sus derechos humanos. El pueblo Zenú, siendo el mayor afectado, registró un total de 238.010 víctimas, debido principalmente al confinamiento del que fue objeto en el mes de mayo. Le sigue la Nación Embera con 148.703 personas afectadas, en su mayoría, por la imitación impuesta a su libre movilidad al interior de su territorio ancestral, y el pueblo Awá con 12.465 víctimas”, explica el informe.

La Costa Caribe tiene una situación particular. Debido a ser una zona más que atractiva para la minería ilegal, por sus jugosas rutas del narcotráfico y una variedad de salidas hacia el mar para su comercialización, los grupos ilegales han mantenido una lucha sin cuartel para engordar sus arcas.

Uno de los focos del conflicto está en el sur de Córdoba, donde se registra la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia,  el Frente 18 de las Farc-EP y los Caparrós; mientras que  en el sur de Bolívar hay actuación del Ejército de Liberación Nacional. 

“En todas esas zonas hemos sembrado muertos indígenas por causa de la violencia que ha generado la disputa del territorio y de las drogas ilícitas. Por los patios pasan hombres uniformados de uno y otro bando y los indígenas no pueden hacer nada. Ya no podemos salir a cazar tranquilos, no somos libres, estamos azotados por la violencia”, dijo en su momento Yeferson David Domicó, miembro del Cabildo Mayor Alto Sinú Río Verde en el municipio de Tierralta.

Además,  en el Cesar hay una delicada situación con el accionar de las AGC y el Eln.

Por su parte, en los Montes de María hay gran influencia de disidentes de las Farc y Clan del Golfo.

Por último, el quinto foco se localiza en la Sierra Nevada, en donde el Clan del Golfo y los Pachenca libran una sangrienta batalla que ha afectado a miles de familias.

“Igualmente, es importante notar que producto de las dinámicas sociales, económicas, políticas y del conflicto armado en la frontera con Venezuela, miembros de los pueblos indígenas Yukpa, Barí y Wayuu han debido desplazarse al territorio colombiano, situación que los deja en una isla sin fin del olvido, no recibiendo una oportuna atención estatal”, señaló la Onic.

Cabe recordar que miles de emberas permanecieron más de cuatro meses en diferentes parques de Montería tras quedar en medio del fuego cruzado de varias organizaciones al margen de la ley.

Por último, la Onic reveló que los pueblos indígenas que permanecen en las zonas fronterizas de Colombia ( La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada) se encuentran cada vez más desprotegidos.

“Por ser pueblos indígenas cuyos territorios se encuentran compartidos por dos o más países en el que se incluye Colombia, sus condiciones de existencia tienen unas características especiales que lamentablemente no son las óptimas para el acceso a derechos”, concluyeron.

Horror en Guaviare

La Fiscalía investiga 378 casos de violencia sexual contra mujeres y menores indígenas entre 2018 y 2020 en el departamento del Guaviare (sur), después de la polémica desatada en el país en los últimos días que destapó las violaciones sufridas por parte de miembros de la fuerza pública.

El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que serán verificados estos 378 casos que aparecen registrados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para aclarar si estas denuncias “fueron trasladadas cada una de ellas a la Fiscalía, porque de lo contrario, si hay algún vacío, iniciaríamos procesos penales por prevaricato y por omisión contra los respectivos funcionarios”.

La controversia se desató a raíz de la publicación de un reportaje de Univision en el que destapaban una supuesta violación de una niña indígena de 10 años por un militar estadounidense, información que fue desmentida por las autoridades colombianas y estadounidenses, pero que comenzó una oleada de denuncias por abusos y violaciones a menores.

Facebook
Twitter
Messenger
Whatsapp
Convierta a El Heraldo en su fuente de noticias
X
COMO REPORTAR A WASAPEA
1. Agrega a tu celular el número de Wasapea a EL HERALDO: +57 310 438 3838
2. Envía tus reportes, denuncias y opiniones a través de textos, fotografías y videos. Recuerda grabar y fotografiar los hechos horizontalmente.
3. EL HERALDO se encargará de hacer seguimiento a la información para luego publicarla en nuestros sitio web.
4. Recuerda que puedes enviarnos un video selfie relatándonos la situación.