El dilema del consumo en el espacio público

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El dilema del consumo en el espacio público

La Corte Constitucional, el Gobierno, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía tienen diferentes puntos de vista sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el Código de Policía sobre uso de alcohol y drogas.

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Varios jóvenes están reunidos consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en un parque. Shutterstock
Por: Tomás Betín @tombetri

La Corte Constitucional, el Gobierno, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía tienen diferentes puntos de vista sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el Código de Policía sobre uso de alcohol y drogas.

Reacciones de todo tipo ha producido el fallo de la Corte Constitucional que tumbó esta semana la prohibición que imponía el Código de Policía sobre el consumo de bebidas alcohólicas o psicoactivas en el espacio público.

Para llegar a esa conclusión, el alto tribunal defensor de la Carta Política estudió la demanda interpuesta por dos profesores de Medellín, pero también un total de 15 conceptos de la Presidencia de la República, de la Procuraduría y de la propia Policía, entre otros.

Corte: consumo ‘per se’ no genera consecuencia

Todos los magistrados de la Corte Constitucional votaron a favor de la ponencia de la magistrada Diana Fajardo, que reversaba lo establecido en el Código de Policía en cuanto al consumo en espacio público de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, menos Carlos Bernal, que presentará salvamento de voto.

Los togados Alejandro Linares y Antonio Lizarazo, aunque votaron a favor, van a aclarar su voto en la sentencia que estaría lista en dos o tres meses por tratarse de una decisión de sala plena.

La mayoría decidió declarar inexequibles las expresiones “alcohólicas” y “psicoactivas” de los artículos 33 y 140 del Código de Policía. En el 33, titulado “Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas”, se leía: “Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizadas para su consumo”.

Y en el 140, titulado “Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público”, se lee: “Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente”.

En rueda de prensa, la magistrada Fajardo explicó que la Corte abordó dos problemas jurídicos en los que se viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En el del artículo 33 “la Corte encuentra que esta prohibición no es razonable constitucionalmente, pues aunque busca un fin imperioso como es la tranquilidad lo hace a través de un medio que impide alcanzar dicho fin. (…) Por ejemplo, la Policía puede intervenir no porque alguien haya consumido cerveza, sino porque agredió a otra persona”.

Sobre el segundo asunto, el del artículo 140, la togada señala que “si bien el fin que se busca con la norma también es imperioso, el cuidado y la integridad del espacio público ni siquiera se muestra porque se considera que el medio es adecuado para alcanzar el fin buscado. (…) Los eventos en que el consumo podría llevar a afectar el espacio público pueden ser objeto de prevención y corrección a través de otras medidas previstas del mismo Código”.

A su vez, la magistrada Gloria Stella Ortiz, presidenta de la Corte, advirtió en la rueda de prensa que “si la finalidad del Código es proteger el espacio público o la tranquilidad, llegamos a la conclusión de que esa relación no tiene una justificación constitucional que lo permita en tanto viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad de manera desproporcionada”.

Agregó la togada que el Código de Policía no hace referencia al comportamiento, sino al consumo, “y el consumo ‘per se’ no genera la consecuencia. (…) Es una interferencia del Estado en tu forma de ver la vida”.

No obstante, aclaró que el Congreso puede legislar en cualquier momento sobre una nueva medida al respecto: “Otro tipo de norma o restricción diferente a la analizada en esta ocasión podrá ser expedida y dará lugar a un juicio de constitucionalidad, en caso de ser cuestionada”.

El magistrado Bernal votó en contra al señalar que la ponencia no logra demostrar por qué la prohibición no permite mantener la tranquilidad ni señaló cuáles son los otros medios del Código para garantizar los derechos de los otros.

Archivo

Demanda: No intervenir en órbita personal

La demanda, de 26 páginas, fue interpuesta el 16 de abril de 2018 por  Alejandro Matta y Daniel Porras, profesores de la Universidad de Eafit de Medellín.

El cargo principal de la demanda, señalan, consiste en que “hay una vulneración de los derechos constitucionales previstos en la Constitución” en los artículos 16, que prevé el libre desarrollo de la personalidad; el 20, que contempla el derecho fundamental a la libertad de expresión; y el 82, que dispone el derecho colectivo al uso común del espacio público”.

Según Matta y Porras, los artículos en cuestión del Código de Policía “violan el artículo 16 de la Constitución en tanto restringen de forma irrazonable la libre opción que tienen los ciudadanos de elegir sus planes de vida y legislar sobre su cuerpo”.

Ponen de presente además, que la norma establece como comportamiento contrario a la convivencia el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en espacios públicos, pero “de ninguna forma dichas conductas vulneran, como lo sostiene el legislador, la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y además el cuidado e integridad del espacio público”.

Concluyen que en la medida en que estas actividades “están en la órbita personal y no trascienden a la esfera de las demás personas, no era necesario intervenir por medio de las formulaciones demandadas, salvo que existiera una afectación de la integridad de las personas que concurran en el espacio público”.

Finalmente, recuerdan la sentencia de la propia Corte C-221 de 1994, que despenaliza la dosis personal con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, en que se señala: “El legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo mismo”.

Así las cosas, la demanda pedía la declaratoria de constitucionalidad condicionada de los apartes mencionados en el sentido de indicar que está permitido el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público “siempre y cuando no esté destinado de forma exclusiva a las niñas, niños y adolescentes que tengan menos de 18 años”.

Gobierno: atender el problema de salud

En el concepto enviado a la Corte, Clara González, secretaria jurídica de la Presidencia, señala que la demanda no está bien sustentada: “Los actores no explican objetivamente cómo y de qué manera se produce la violación alegada  y no indican las razones en que se funda, omitiendo incluir un mínimo de elementos fácticos y probatorios que permitan poner en duda la presunción de constitucionalidad que ampara la medida impugnada”.

La Casa de Nariño pone de presente que se trata, fundamentalmente, de un “problema de salud” y para ello señala que en la sentencia C-491 de 2012, la propia Corte concluyó que “no se puede interpretar el derecho al consumo de la dosis personal  como una prerrogativa absoluta del individuo, sino como una atribución que, si bien puede ejercerse en el ámbito estrictamente privado y personal, incluso en ese ámbito configura un problema objetivo de salud y una condición patológica frente a la cual el Estado no solo tiene la potestad , sino la obligación constitucional de desplegar medidas terapéuticas, educativas y de acompañamiento”.

A su vez, el Ministerio de Salud afirma que no se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que la proscripción del uso de alcohol y otras sustancias en el espacio público está “fuera del ámbito de privacidad de todo individuo y de aquellos sitios en los que puede ejercer ese derecho fundamental”, y que no se prohíbe el derecho, sino que se “restringe el lugar donde puede realizarlo”.

Archivo

Policía: prevenir afectaciones a la vida

El coronel Pablo Criollo, secretario general de la Policía, explica en el concepto enviado al alto tribunal que “ninguna norma vulnera derechos fundamentales, por el contrario lo que ha querido el legislador es generar acciones para prevenir afectaciones a la vida e integridad de las personas”.

Agrega que estos derechos que argumenta el accionante como vulnerados “no pueden ir en contravía de la convivencia y de los derechos de los demás habitantes”.

Además, expone cifras por las que considera que la medida ha sido efectiva: Desde la expedición del Código de Policía se han reducido los homicidios por riña en un 11%, hubo 6.624 casos menos de lesiones a personas originadas en riñas y afirma que el 53% de los ciudadanos dicen que la convivencia en los barrios ha mejorado.

Procuraduría: es una limitación leve

El procurador Fernando Carrillo considera en su concepto entregado para el estudio de los magistrados que “la limitación o restricción del derecho del libre desarrollo de la personalidad resulta de una intensidad muy leve en comparación con los principios constitucionales que se pretenden satisfacer, por cuanto no se está prohibiendo de manera absoluta el consumo de las sustancias referidas, sino que se restringe su uso en espacios públicos en aras de proteger los fines constitucionales precitados”.

Advierte que caso distinto sería si, de manera general, se prohibiera el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas tanto en espacios privados como públicos, “lo cual sí resultaría evidentemente contradictorio del ordenamiento jurídico constitucional, pues cuando el legislador regula la conducta con prescindencia del otro, desconoce fronteras que ontológicamente le están vedadas”.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que el legislador tiene “una amplia potestad de configuración para limitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público”, y añade que la medida “no es desproporcionada porque no afecta gravemente el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, no es una medida paternalista y contribuye a preservar la integridad y el aprovechamiento del espacio público de todas las personas”.

¿Qué pasará con el decreto de Duque?

Aunque la corte no se pronunció sobre el decreto emitido por el presidente Iván Duque en octubre pasado, basado en el Código de Policía y que reglamentaba la incautación de drogas en la vía pública, la Corte, sí admitió que la decisión podría dejar sin marco jurídico a la medida presidencial.

El decreto, básicamente, respaldaba el hecho de que la Policía decomisara, destruyera e impusiera multa de $208 mil -que podía rebajarse con trabajo comunitario- sobre cualquier cantidad de droga que portara o consumiera un ciudadano en el espacio público.

Sin embargo, el jefe de Estado advirtió el viernes que “ese decreto se fundamentó en muchas más normas, y por eso sigue y seguirá vigente para proteger a la familia y a los niños de Colombia”.

Explicó que el decreto es “una medida que no busca criminalizar al consumidor. Lo que busca es, justamente, la descriminalización sobre la base de la incautación, el decomiso y, sobre todo, de la protección de los espacios de nuestros niños, como también lo reitera, en repetidas ocasiones, el Código de Policía”.

Indicó además, que el fallo de la Corte no afecta al Decreto 1844 de 2018, “en la medida en que esta disposición se refiere a la tenencia o porte de sustancias psicoactivas, más no al consumo”.

En el comunicado, la Casa de Nariño afirmó que la medida presidencial tiene piso jurídico en otras normas del mismo Código de Policía, así como en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su Protocolo de Modificación, y en el Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, ambas incorporadas en la jurisprudencia colombiana.

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