El Heraldo
El comisionado Carlos Martín Beristain en la presentación ante el Parlamento Europeo algunos de los hallazgos y recomendaciones del Informe Final de la Comisión. . Cortesía
Colombia

“El 37,4 % de los exilios en el conflicto ocurrieron entre 1992 y 2005”

Así lo detalló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en un nuevo capítulo de su informe final, donde se recogieron 2.080 testimonios de víctimas.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) publicó este jueves un nuevo capítulo de su informe final en el que habla del exilio durante el conflicto armado en Colombia. Este volumen fue llamado ‘La Colombia fuera de Colombia’.

El organismo del sistema de paz revela que el 37,4 % de los exilios en el conflicto ocurrieron entre los años de 1992 y 2005 y donde más del 30,6 % de los testimonios “evidencian persecución y violencia ejercida en razón a los liderazgos políticos y sociales”.

El comisionado Carlos Martín Beristain compartió algunos elementos claves de lo que contiene el volumen entre los que destaca que a lo largo de la elaboración del informe se recogieron 2.080 testimonios, de ellos alrededor de 200 testigos y el resto víctimas del fenómeno del exilio.

“El exilio es la segunda victimización del país después del desplazamiento forzado que terminó afectando la paz de otros países. Este fue un fenómeno que, según la Comisión, podría más de un millón de víctimas”, señaló el organismo.

Los primeros casos de exilio que escuchó la Comisión fueron de los años 50 y 60, en época de la violencia bipartidista y el Frente Nacional, decir que el exilio colombiano “es uno de los más largos del mundo, tiene la misma duración del conflicto armado”.

“El capítulo de exilio en el Informe Final abordó casos representativos como: victimización judicial por el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri en 1982, persecución del DAS a víctimas exiliadas en 10 países europeos entre 2003 y 2006, los campesinos y campesinas desplazadas y exiliadas de la Hacienda Bellacruz en el Cesar a finales de los años 90, la población exiliada en Antofagasta entre 2000 y 2010, y el exilio de campesinos en el norte de Urabá en la década de los 90”,  señala la Comisión en un comunicado.

De acuerdo con el comisionado Beristain “el Estado debe proporcionar los mecanismos jurídicos para el reconocimiento del exilio y del refugio”.

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