Duque solicita a JEP aclarar situación de exjefes de Farc ausentes

El presidente Iván Duque solicitó este miércoles a la Justicia Especial para la Paz, JEP, aclarar qué sucede con los exjefes de las Farc que no están en los espacios de reincorporación.

“Espero que la JEP aclare si esas personas están compareciendo a sus llamados y, si no lo están haciendo, que se sirva explicarle a la opinión pública cuál es su estatus. (…) En lo que tiene que ver con personas que no estén cumpliendo con sus obligaciones pues yo espero que la reacción sea de todas las instituciones”, dijo el jefe de Estado.

Advirtió en este sentido que el Gobierno defenderá “con total contundencia” la vida, honra y bienes de los colombianos ante quienes estén en la criminalidad.

No obstante, aseguró que a quienes están cumpliendo con el proceso de reinserción el Gobierno los respaldará en el tránsito a la vida civil.

Críticas al posconflicto

A su vez, el alto consejero presidencial para el Posconflicto, Emilio Archila, en carta dirigida al procurador Fernando Carrillo, advirtió que para un adecuado proceso de implementación del acuerdo de paz hace falta plata.

Critica en este sentido varios asuntos que dejó la administración del expresidente Juan Manuel Santos en materia de avances del posconflicto: "el precario estado de las instalaciones de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr; la ausencia de previsiones básicas de suministro y mantenimientos; la desarticulación de las gestiones estatales y la ausencia de planeación jurídica respecto de los inmuebles ocupados; la increíble suposición de que se lograría culminar el proceso en 2,5 años, así como la mala e inoportuna asistencia técnica prestada; lo inadecuado de la capacitación que se brindó y la precariedad de la estructuración financiera y comercial de los proyectos productivos".

Sin embargo, el funcionario afirmó que el Ejecutivo continuará con lo dispuesto para la implementación del proceso de paz.

Apareció Romaña

La Fiscalía informó que Henry Castellanos, conocido como Romaña, envió una carta al organismo en la que reafirma su “compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz”.

Según la Fiscalía, en el escrito Romaña reclama también “legítimamente la implementación de proyectos productivos”. Además, el organismo aseguró que la “seguridad jurídica se mantendrá por su decisión de no volver a la ilegalidad”.

De Romaña, el propio fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró el pasado mes de abril ante el Congreso  que se desempeñaba como un “agricultor” y líder de los proyectos productivos del posconflicto.

No obstante, su nombre también ha sonado recientemente alrededor de la investigación de la Fiscalía contra Alirio, Uriel, Edna y Norberto Mora Urrea, los hermanos que, al parecer, habían dado apariencia de legalidad a los dineros que entregaba Romaña producto de su actuar delictivo mientras hizo parte del frente 53 de las Farc.

La declaración de Romaña se suma a la de José Benito Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’, excomandante del Bloque Sur de las Farc, quien a través de una carta enviada a la Comisión de Paz del Senado señaló que también continúa comprometido con el acuerdo de paz que firmaron con el Gobierno.

Los pronunciamientos de estos exjefes guerrilleros se han dado luego de que la Misión de Verificación de la ONU le comunicara a la opinión pública la semana pasada que se desconoce el paradero de al menos seis miembros de las Farc.

Los que no aparecen

Uno de los aparentemente evadidos de los espacios territoriales es Hernán Darío Velásquez, El Paisa, a cargo de la reincorporación de 94 exguerrilleros en Miravalle, San Vicente del Caguán, Caquetá, que adelantan proyecto de ecoturismo, piscicultura y una granja de alimentos.

Otros son José Manuel Sierra Sabogal, Zarco Aldinever y Alberto Cruz Lobo, Enrique Marulanda, al frente del espacio en Buenavista, Mesetas, Meta, con unos 300 exsubversivos que manejan una huerta, cultivos, crías y un proyecto turístico.

También Nelson Enrique Díaz, Iván Alí, quien dirigía el espacio de reincorporación de Colinas, Guaviare, con 493 desmovilizados y cuatro cooperativas agrícolas y un proyecto de mujeres con tiendas comunitarias, panaderías, peluquerías y sastrerías.

Igualmente, Élmer Mata Caviedes, Albeiro Córdoba, a cargo de 252 excombatientes en Charras, Guaviare, con proyectos de un supermercado comunitario y de cría de ganado ovino caprino.

Del mismo modo, está ausente Luis Gustavo Cuellar Pajoy, Manuel Político, quien dirigía el espacio de Pradera, Puerto Asís, Putumayo, con 288 excombatientes y proyectos de un vivero móvil de cacao y de piscicultura.

Etcr van hasta agosto de 2019

Los espacios tienen vigencia hasta agosto de 2019. Según el acuerdo debían mantenerse durante dos años, pero la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, Csivi, decidió que iban hasta agosto del próximo año, aunque esa fecha muy posiblemente tendría que ser prorrogada nuevamente, de acuerdo a fuentes de la oficina del Comisionado de Paz.

Por su parte, fuentes de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, dijeron a este diario que por ahora van unos 13.200 excombatientes a quienes se les ha expedido cédula, se les ha bancarizado, se les ha censado para conocer sus problemas de salud y sus niveles educativos, se les entregó una asignación única de $2 millones para que compraran ropa, camas, etcétera, y se les entrega mensualmente el 60% de un salario mínimo. Faltan por estos beneficios unos 500 exguerrilleros. Así mismo, explican que muchos desmovilizados se han ido de los espacios, primero, porque no son unas cárceles, se han ido con sus familias, se han desvinculado de las Farc pero siguen cumpliendo con sus compromisos con el acuerdo de paz.

El reporte de la ONU

El pasado 6 de septiembre, la Misión de la ONU advertía que en las últimas semanas, seis dirigentes de cuatro Etcr tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí.

A pesar de la salida de esos dirigentes, agregaba, los excombatientes y sus familias siguen viviendo, estudiando y trabajando allí, comprometidos en el proceso de reincorporación.

“Independientemente de los motivos que llevaron a estos excomandantes a tomar esta decisión, están incumpliendo su obligación en virtud del capítulo 3.3 del Acuerdo Final de Paz que los compromete a ‘contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación’”, puso de presente la ONU y por ello la Fiscalía abrió indagación preliminar contra funcionarios de la JEP que al parecer estarían encubriendo esta situación.

Lo productivo

La Misión, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, presentó un informe fechado el pasado 20 de julio, donde se describe un panorama general de la implementación del acuerdo y de estos 24 espacios territoriales en varias zonas del territorio nacional.

En dicho reporte, se destacaba el decreto del pasado 4 de mayo, del expresidente Santos, que da acceso a la propiedad de tierras a excombatientes organizados en cooperativas, y en este sentido se decidió emprender la adquisición de tierras para seis proyectos productivos. Y advierte al nuevo gobierno que “si bien la vía hacia la adquisición de tierras por parte de excombatientes ya se ha definido, será responsabilidad del próximo Gobierno hacer que sea amplia y prontamente accesible para los excombatientes en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y otros asentamientos”.

Agrega que se han establecido 70 cooperativas de exmiembros de las Farc, pero solo 8 de ellas se han constituido oficialmente y pueden operar. En cuanto a los proyectos productivos, que hasta la fecha han sido en su mayoría autofinanciados por excombatientes, “hasta ahora se han aprobado 8 proyectos con la asistencia técnica del Pnud: “Pese a estos esfuerzos, el objetivo fundamental de proporcionar oportunidades de generación de ingresos a 14.000 excombatientes está lejos de alcanzarse”, advierte.

Y celebra que el Gobierno haya adoptado la decisión encomiable de prorrogar la provisión de asistencia alimentaria a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación hasta finales de 2018.

Hay 4 mil en los espacios

Señala la Misión que si bien sigue habiendo unos 4.000 exmiembros de las Farc en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y sus inmediaciones, más de 2.000 se han trasladado a varias decenas de nuevos puntos de reagrupamiento y miles más se encuentran muy dispersos por todo el país, incluso en las ciudades principales.

Por ello, agrega, el Gobierno y la Farc acordaron una estrategia para la reincorporación a largo plazo de excombatientes, que fue aprobada como documento de política pública el 5 de julio, y abarca un período de ocho años, hasta 2026, y tiene un costo estimado de US$220 millones.

“La estrategia prevé la mejora de la coordinación entre los agentes implicados en la reincorporación, la fusión de la reincorporación con medidas de desarrollo local encaminadas a reforzar el entramado social de las comunidades, el énfasis en un futuro económico sostenible para los excombatientes y sus familias y el acceso a los servicios de salud, educación y sociales”, cita el ente multilateral.

La seguridad

Pone de presente la ONU que la detención del sucreño exjefe de las Farc, Jesús Santrich, ha causado una alarma considerable entre la Farc, particularmente entre los que se encuentran en los espacios territoriales, que dudan de esas acusaciones y temen que se puedan presentar acusaciones similares contra otros miembros.

“Este caso acentúa la sensación de hallarse en un limbo legal que predomina entre los exmiembros de las Farc, producto de la prolongada controversia sobre el sistema de justicia transicional”, se lee.

Añade el documento que la Fuerza Pública sigue ocupándose de la seguridad en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y, en muchos casos, ha mantenido una relación de cooperación con los excombatientes.

“No obstante, como se señala en el párrafo 40 del presente informe, en cinco de los espacios territoriales y sus zonas aledañas se han deteriorado las condiciones de seguridad, y en las proximidades de los espacios territoriales y en comunidades cercanas se han producido asesinatos de excombatientes y habitantes locales y ataques armados contra ellos”, dice la Misión.

En cuanto a los esquemas de seguridad, indica que en los espacios territoriales la UNP ha establecido 136 esquemas de seguridad para excombatientes y otras personas de riesgo potencialmente elevado, pero, sostiene, es necesario capacitar y contratar a más escoltas para completar la dotación de 1.200 prevista en el Acuerdo de Paz.

Finalmente, advierte la ONU que en zonas en que no existen mecanismos de seguridad de la Fuerza Pública y la UNP, 51 exmiembros de las Farc han sido asesinados y otros 5 han sido víctima de desapariciones forzadas desde agosto de 2017.

“A raíz de la investigación de 29 casos, la Fiscalía los móviles de diversos homicidios y en el 40% de los casos logró identificar a los autores materiales o intelectuales o ambos. En lo que respecta a uno de los casos más emblemáticos, el asesinato de dos exmiembros de las Farc en Peque, Antioquia, ocurrida en enero, la Fiscalía detuvo a dos autores materiales y un autor intelectual del crimen, todos los cuales eran miembros del grupo armado ilegal Clan del Golfo”, concluye.

Los 24 espacios territoriales

De los 24 espacios de reincorporación, dos están situados en el Caribe: uno en Cesar, en San José del Oriente y uno en La Guajira, en Pondores.

Entre los demás están cinco en Antioquia: La Plancha, Llano Grande, Santa Lucía, Carrizal y Vidrí; uno en Arauca: Filipinas; dos en Caquetá: Miravalle y Aguabonita; tres en Cauca: La Elvira, Los Monos y Monterredondo; uno en Chocó: Brisas; dos en Guaviare: Charras y Colinas; tres en Meta: Yarí, La Reforma y Buenavista; dos en Nariño: La Playa y Betania; uno en Norte de Santander: Caño Indio; uno en Putumayo: La Carmelita y dos en Tolima: La Fila y El Oso.