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Iván Duque, presidente de Colombia, respaldaría reparos de la Fiscalía. Archivo EL HERALDO.
Colombia

Duque acogería los cuestionamientos a la JEP y objetaría la Ley

El jefe de Estado acogería los cuestionamientos del fiscal Néstor Humberto Martínez y de sectores uribistas y conservadores. CPI advirtió que JEP debe tener marco legal.

El presidente Iván Duque haría el anuncio en las próximas horas de la decisión del Gobierno de objetar parcialmente algunos de los artículos de la ley estatutaria de la JEP.

Duque respaldaría algunos reparos de la Fiscalía y sectores uribistas y conservadores al articulado, que están más relacionados con los cambios que hizo la Corte Constitucional al declarar exequible el proyecto que con lo aprobado inicialmente por el Legislativo, y de ahí la objeción parcial a la ley estatutaria.

Los cuestionamientos tienen que ver, según estos entes, con posibles afectaciones a los derechos de las víctimas y con el hecho de que se cumpla la garantía de no repetición de los delitos por parte de quienes se acogieron, con la consecuencia de perder los beneficios de la justicia transicional y tener que enfrentar la ordinaria.

De esta manera, el proyecto volvería al Congreso de la República para que ambas cámaras, alta y baja, por aparte, estudien las objeciones presidenciales. Si las objeciones de Duque son  rechazadas por el Congreso, el presidente se ve obligado a sancionar el estatuto. Pero si el Parlamento los acoge, salen las normas objetadas, aunque no se descarta que la Corte Constitucional revise de nuevo. No obstante, si el Legislativo acoge las objeciones pero hace modificaciones, el articulado tendría que ir necesariamente, otra vez, a la Corte Constitucional.

La ley estatutaria de la JEP se elaboró para reglamentar el sistema de justicia transicional producto del acuerdo de paz de La Habana. Una ley estatutaria es un conjunto de normas que desarrollan la protección de un derecho fundamental, y aunque tiene un rango por debajo de la Constitución es superior a una ley ordinaria y debe tener control previo de la Corte.

Esta ley les da garantías a las víctimas y autonomía a sus magistrados, pues le otorga seguridad jurídica a la JEP y sobre todo a quienes se han acogido a ella, pues les representa un piso legal para los procesos en los que se debe aportar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, a cambio de recibir penas de justicia alternativa.

Los reparos del fiscal.En carta dirigida a Duque, el fiscal Néstor Humberto Martínez puso de manifiesto cuatro reparos al articulado. El primero tiene que ver con el narcotráfico como delito de ejecución permanente, en el que dice que no se definió la jurisdicción competente sobre estos delitos, por lo que alega que se le impedirá a la Fiscalía actuar con celeridad hasta que la JEP defina los casos en los que los desmovilizados continúen cometiendo delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Otro es el de la suspensión de investigaciones contra los agentes del Estado y reinsertados, sobre el que advierte que mientras la JEP funcione, ni la Fiscalía ni otra jurisdicción tendría competencia en algunos casos para realizar efectivamente entrevistas, audiencias e interrogatorios.

Uno más es el de la renuncia de la investigación penal de los crímenes graves, frente al que el fiscal pregunta: “¿Será posible renunciar a la acción penal cuando se trate de crímenes de guerra que no fueron cometidos de manera sistemática? ¿Podría interpretarse que con el mero juzgamiento de los máximos responsables, quedan liberados de responsabilidad los demás agentes del conflicto que no tengan dicha condición, como los autores materiales?”, se lee.

Y el último se refiere a las garantías de no repetición, en el que el fiscal dice que el desmovilizado que comete nuevos delitos puede seguir recibiendo los derechos, beneficios, tratamientos especiales y garantías de la JEP.

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