Declaran nulidad del contrato de Ruta del Sol II
Se ordenó pago de $211.273 millones a concesionaria del proyecto vial. Ministra de transporte, Ángela Orozco, celebra el fallo.
El tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá tomó la decisión de anular, por los hechos de corrupción que rodearon su adjudicación, el contrato de la Ruta del Sol II, y ordenó el pago de $211.273 millones a la Concesionaria Ruta del Sol, de la que son socios Odebrecht, Episol de Corficolombiana, y CSS Constructores.
De dicha cifra, $187.000 millones están en un fideicomiso, el cual es administrado por la Fiduciaria Corficolombiana. Entretanto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá pagar $24.273 millones por las obras, que alcanzaron un avance del 52% y que están suspendidas.
Según el Centro de Arbitraje “el laudo sobre la liquidación del contrato de la Ruta del Sol 2 será un referente en adelante sobre los procesos de contratación con el Estado”.
Por su parte, el Consorcio Constructor Ruta del Sol deberá será liquidado.
El fallo fue emitido por el Tribunal, luego de un proceso de 4 años, el cual estuvo conformado los árbitros: Catalina Hoyos, Carlos Mauricio González y Jorge Enrique Ibáñez
Por su parte, la ministra de transporte, Ángela María Orozco, aseguró que celebraba la anulación del contrato y que es un fallo que favorece al país.
“Lo que dice el fallo es que hay que pagar $211.000 millones, que es mucho menos de lo que se pensaba. Celebramos la nulidad del contrato que fue lo que la nación pidió y que la condena es menor de la esperada”, dijo la ministra.
En cuanto a la reactivación de las obras, la ministra aseguró que ha estado trabajando con la ANI para estructurar las obras. Aseguró que la discusión se centra en el levantamiento de las vigencias futuras.
“Más o menos el aproximado para terminar las vías es de $4 billones , pero esperamos en el siguiente año ya salir a licitarla porque lo que hemos venido es estructurándola y se está terminando la fase de estructuración para que pase todos los procedimientos de una alianza público - privada”, aseguró la ministra de transporte.
La Contraloría General de la República aseguró que “efectivamente, los reconocimientos que se realizan en el Laudo Arbitral al Concesionario, corresponden a inversiones ejecutadas por el contratista pero, sumado a ello, se dirigen a cubrir deudas con terceros de buena fe, tal como lo establecen los artículos 10 y 11 del mencionado Laudo”.
Además, dijo que vigilará el correcto cumplimiento de lo ordenado en el Laudo Arbitral, así como la continuación del proyecto que se encuentra en un estado de avance de aproximadamente el 52%, en salvaguarda de los recursos públicos.
