Bomba de tiempo en los centros penitenciarios de la costa Caribe
El hacinamiento en la región ronda el 34,94%. Expertos proponen un cambio en la política criminal basada en el castigo.
Los diferentes episodios registrados en los últimos años en el interior de los centros penitenciarios del país ponen en evidencia la deficiencia del sistema carcelario en Colombia. El incendio en la cárcel de Tuluá (Valle del Cauca), registrado esta semana y que dejó 53 fallecidos, ha sido la emergencia más grave que se ha producido en un penal de Colombia en los últimos 30 años.
Esta tragedia volvió a destapar la crisis y obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes para evitar la repetición de un suceso como este. En esa línea, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le solicitó al Gobierno la declaratoria de la emergencia carcelaria para atender la situación en los centros de reclusión del país.
Esta petición se suma a la que en reiteradas oportunidades ha realizado la Defensoría del Pueblo encaminada a resguardar la vida, no solo de los internos, sino de todo el personal que labora en las prisiones del país. En abril pasado el jefe de la entidad, Carlos Camargo, solicitó de manera urgente “solucionar la crisis por hacinamiento” y alertó de la grave situación humanitaria, al tiempo que solicitó una reforma al sistema penitenciario y carcelario.
En la región Caribe y especialmente en Barranquilla, la Defensoría del Pueblo evidenció en su última jornada de verificación a establecimientos penitenciarios, falencias en la prestación de servicios públicos, alto índice de hacinamiento en el interior de los pabellones, falta de suministro médico, graves condiciones sanitarias y déficit en la prestación del servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad.
Esta problemática desencadenó un enfrentamiento y posterior motín en el patio dos de la cárcel Modelo, en donde los jefes de cada patio fueron expulsados y posteriormente trasladados a otros establecimientos carcelarios por parte del Inpec.
Es por eso que el país requiere, según el defensor Camargo, de una política criminal que se enfoque en la prevención de los delitos, que facilite la rehabilitación de los internos, que permita romper con el ciclo delictivo que va de la cárcel a la reincidencia y que realmente sea útil en la tarea de brindar condiciones de seguridad a la ciudadanía, pero sin descuidar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.
El funcionario precisó que uno de los puntos más importantes que debe contener la reforma al sistema penitenciario “es la seguridad y la prevención” ante emergencias en los establecimientos carcelarios, así como los mecanismos preventivos que se deben tener en el interior de los establecimientos para “que no vuelvan a suceder tragedias como la que enlutó a 53 familias en Tuluá”, enfatizó el defensor.
Pero es quizás el hacinamiento que se registra tanto en los centros de detención como en las cárceles y penitenciarías lo que más repercute de forma negativa en la vida y dignidad de las personas privadas de la libertad, pues impide –en gran medida– el buen desarrollo de las distintas dinámicas de rehabilitación y reinserción social que se lleven a cabo en esos espacios.
Según cifras del Inpec, en Colombia en la actualidad hay 128 establecimientos penitenciarios en 28 departamentos. Estos tienen la capacidad de albergar 81.175 internos, pero en realidad están recluidos 97.639, es decir, hay una sobrepoblación de 16.464 privados de la libertad, lo que se traduce en un hacinamiento del 20,28 %.
Si se mira un año hacia atrás la situación era diferente, puesto que habían 132 establecimientos penitenciarios en la misma cantidad de departamentos; la capacidad carcelaria era de 81.524, pero la cifra de detenidos era de 97.135. El hacinamiento se ubicaba en un 19,15 %.
Si se pone la lupa en la región Caribe, la situación es distinta, y quizás más alarmante, pues en la actualidad existen 13 establecimientos carcelarios en los 8 departamentos con una capacidad de 6.449 privados de la libertad, pero están ocupadas por 8.702, lo que significa una sobrepoblación de 2.253, es decir, hay un hacinamiento del 34,94 %.
Hace exactamente un año la situación era la siguiente: Habían 15 centros penitenciarios con una capacidad de 7.465, pero ocupadas por 9.078 reclusos; es decir, un hacinamiento del 21,61 %. Esto significa que en un año la sobrepoblación aumentó en la región.
Sucre es el único departamento que no registra hacinamiento en sus centros penitenciarios; mientras que Magdalena, La Guajira y Atlántico, son los que registran una mayor sobrepoblación.
Magdalena, según cifras del Inpec, tiene dos centros de reclusión los cuales tienen una capacidad de 388 internos, pero en la actualidad registra 884 privados de la libertad, es decir hay un hacinamiento de 129,1 %.
Córdoba tiene la misma cantidad de centros de reclusión con una capacidad de 975 internos, pero en la actualidad son ocupados por 1.078, es decir que el hacinamiento está en 10,6 %.
La Guajira tiene una capacidad instalada de 100 cupos en un centro penitenciario, pero en la actualidad hay 282 privados de la libertad, situación que eleva en un 166 % el hacinamiento. Mientras que Atlántico tiene dos centros penitenciarios con una capacidad de 1.094 internos, pero están siendo ocupados por 1.734, lo que ubica el hacinamiento en un 59, 2 %.
En Cesar la situación no es diferente: hay dos centros de reclusión, lo que se traduce en una capacidad de 1.708 personas, pero hay en la actualidad 2.189, lo que se traduce en un hacinamiento del 28,2 %. En Bolívar la situación es similar. Las dos cárceles en este departamento tienen una capacidad para albergar a 1.536 internos, pero hay 1.835, lo que ubica el hacinamiento en un 19,4 %.
Manuel Iturralde, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y miembro del Grupo de Prisiones (clínica jurídica de la misma facultad), considera que “no hay solución mágica” para la crisis carcelaria en el país, pero hay varias salidas a corto plazo tal y como quedó en evidencia con la pandemia.
“Las cárceles deberían ser el último eslabón de la aplicación de la política criminal. En los últimos años se ha usado para calmar la ansiedad de la población ante la violencia, pero esto no tienen mayor incidencia en la reducción de la criminalidad”, explica el experto, al tiempo que resalta que esta es una “política fallida” que es muy costosa, pues un interno le puede costar al Estado $16 millones al año.
Para Iturralde, esta política debería ir enfocada a prevenir y reducir la criminalidad y no a castigar a quienes cometen delitos; debe enfocarse en poblaciones que tienen más riesgo de delinquir por estar expuestas a diferentes formas de violencia.
“Las cárceles deberían servir para resocializar a las personas que cometen solo delitos graves o que en realidad representan un delito para la sociedad. Eso ayudaría a reducir el hacinamiento carcelario, e impulsaría a usar otras figuras penales para delitos menores, lo que yo llamo racionalizar la política criminal”, explica el profesor, quien sugiere implementar una política para el pospenado para que tengan nuevas oportunidades y posibilidades de reintegrarse a la sociedad.
Seis puntos claves
Entre tanto, María Acosta, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), considera que bajar el hacinamiento no sería la única solución para la salida de la crisis, pues las condiciones de resocialización, infraestructura, alimentación, derecho a la salud, servicios públicos y acceso a la administración pública de la justicia hacen parte de la problemática del sistema.
“La crisis solo será superada cuando el 60 % de la población carcelaria tenga satisfechos los mínimos. Decretar la emergencia no sería necesario, debido a que ya existe una sentencia de la Corte Constitucional que advierte de la situación. Lo que debe haber es una voluntad política para resolver los problemas existentes”, resaltó la investigadora.
Para el abogado penalista José Moreno, una posible solución a la crisis carcelaria en el país pasa por el desarrollo de una política criminal que esté “en armonía” con los principios, garantías y derechos constitucionales inherentes al ser humano.
“Desde el legislativo surgen propuestas de índole populista que tienen por objeto crear más delitos y aumentar penas para hacerle creer a la ciudadanía que la política criminal y el derecho penal fungen como instrumentos para mejorar la seguridad”, explica Moreno, quien indica que este escenario es “represivo y peligrosista”, donde algunos delitos menores tienen como pena principal la privación de la libertad y esto genera hacinamiento carcelario.
El jurista sostiene que si al Estado se le imposibilita solventar dicha carga pública, “debería considerar la opción de privatizar” las instituciones penitenciarias y carcelarias, inspirado en el modelo estadounidense.
Recordemos que la crisis no solo se centra en los centros penitenciarios, sino que también los centros de reclusión transitorios presionan esta problemática; muestra de ello es que en abril pasado la Corte Constitucional extendió el ‘estado de cosas inconstitucional’ para estos lugares, al tiempo que ordenó una serie de medidas que permitan la descongestión de estos espacios de detención.
El 27 de enero de 2014, tras una operación de registro en la Modelo de Barranquilla durante la cual se decomisaron drogas, armas y teléfonos celulares, los internos provocaron un incendio, siniestro en el que fallecieron 15 presos y otros 42 resultaron heridos.
Una disputa entre dos bandas en el pasillo 7 del pabellón B, por el control de la venta de estupefacientes, originó el procedimiento que desencadenó en la pelea que terminó en el trágico desenlace.
Hasta ese momento era la tragedia más grande registrada en el país en un centro penitenciario. Todos los organismos de socorro y seguridad de la ciudad se movieron en torno al hecho.
Diez de los reclusos murieron calcinados en el interior del establecimiento carcelario, mientras que los otros siete fallecieron con el transcurrir de los días.
