Corte Suprema confirma medida contra Aníbal Gaviria
El alto tribunal dijo que no hubo violación de garantías o error en la decisión de la Fiscalía.
El presidente de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Augusto Torres, informó este miércoles en un comunicado que se confirmó la medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
El alto tribunal resolvió "declarar impróspera la solicitud de control de medida de aseguramiento" presentada por el defensor del mandatario contra la resolución del 5 de junio de 2020, proferida por el fiscal 1 delegado ante la Corte Suprema, mediante la cual le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, que sustituyó por detención domiciliaria, por el concurso de delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
"La defensa no logró demostrar la violación de garantía alguna, ni evidenció la configuración ningún error en la valoración de las pruebas" realizada por el fiscal del caso al definir la situación jurídica de Gaviria Correa.
El pasado 8 de junio Gaviria anunció la presentación ante el alto tribunal de una solicitud de nulidad de la medida de aseguramiento en su contra.
"Radicaré una acción contra la medida de aseguramiento para que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare su nulidad", indicó líder político.
Afirmó además que la Troncal de la Paz, obra por la que suscribió el contrato que lo tiene en las pesquisas, “se necesitaba, se hizo dentro de los plazos previstos, dentro de los presupuestos, no tiene ningún reparo técnico, fue recibida por la comunidad, está prestando un enorme servicio y es la obra más importante que se ha hecho en la historia reciente de esa subregión”.
Días antes, el fiscal Francisco Barbosa había informado la emisión de la orden de captura por presuntas anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, que se suscribió por una suma de $41 mil millones, durante el primer periodo de Gaviria como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007.
De acuerdo al organismo de investigación penal, los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras supuestas irregularidades.
El fiscal aseveró que en el contrato se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, que este se pagó sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros, que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, una de ellas cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador que, según el fiscal, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección.
