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Emergencia que vivió la hidroeléctrica Ituango en mayo de 2018.
Archivo EL HERALDO

Contraloría recibe más de 300 denuncias por Hidroituango

Las denuncias más relevantes se refieren a presuntas afectaciones socioeconómicas y a la infraestructura de los territorios sufridas por la creciente súbita del río Cauca generada el 12 de mayo de 2018.

Luego de una investigación a fondo la Contraloría General de la República recibió 300 denuncias sobre irregularidades en el proyecto de Hidroituango.

El organismo de control escuchó el testimonio de las comunidades afectadas en la influencia del Río Cauca e hizo un recorrido por cuatro departamentos y 15 municipios de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico.

Según el contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, quien encabezó el recorrido terrestre y fluvial, “el común denominador de las denuncias y peticiones que recibió de los habitantes de la zona, río arriba y río abajo del proyecto, son las posibles afectaciones que están teniendo sobre sus actividades socioeconómicas, como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, cuyo impacto podría tener una cuantía significativa”.

De acuerdo a los testimonios recogidos las poblaciones damnificadas derivan su sustento en un 90% de dichas actividades.

Pineda señaló que son recurrentes las denuncias incluso sobre daños psicosociales y a la infraestructura de los territorios ocasionados por la creciente súbita del río Cauca que se generó el pasado 12 de mayo de 2018.

Una de ellas es que “no hay claridad sobre la población afectada y no existen programas concretos de reactivación económica. Hasta el momento se comenzó el censo para realizar estos programas que cuentan con 800 cupos y sólo para el departamento de Antioquia”.

Así mismo, se denunció la presunta irregular gestión del manejo del riesgo. Posibles deficiencias que se advierten en el plan de retorno de los afectados.

También, presuntas falencias en el Censo y en el Registro Único de Damnificados.

Testimonios

Eulalia Corpa, habitante de Achí (Bolívar), consideró que la calidad de vida en esa población ha bajado más de 50% porque todo es más caro, pues “si no puede sembrar nada, todo sube”.

En palabras de Manuel Suárez, habitante de la comunidad indígena Balai, del corregimiento Guarumo, del municipio de Cáceres, “Esta es la crónica de una muerte anunciada… estamos viviendo una zozobra y esa represa se va a venir el día menos pensado y no sabemos qué acompañamiento vamos a tener”.

Algo similar expresa Marina Espinosa, habitante del municipio de Valdivia, sobre la situación que viven cada vez que se activan las alertas: “A dónde nos vamos a ir… No sabemos a dónde nos van a meter, sabiendo que tenemos un lobo dormido ahí arriba, en esa represa”.

Mientras que Santiago González es un pescador, también de Valdivia, y su denuncia está relacionada con la forma cómo se ha afectado su trabajo diario: “Como pescador no he podido ejercer la actividad como tal, por lo que las especies fueron muy afectadas. Luego el cierre de la compuerta terminó afectando más al río, en su cauce”.

“Estamos ante un exterminio cultural de las comunidades indígenas del Bajo Cauca, porque si nuestra economía es del rio por tradición, de años atrás, y no la quitaron, entonces no vamos a poder seguir, con nuestras costumbres culturales y ancestrales que teníamos”, asegura entre tanto Cecilia Moros, Cacica de la comunidad indígena El Manantial, del corregimiento Guarumo.

La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Participación Ciudadana, realizó el traslado de las más de 300 irregularidades, a distintas entidades, con ocasión de las denuncias de las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango, entre ellas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.

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