Colombia

IPS cobraron más de medio billón de pesos por accidentes fantasmas en el país

Entre los casos identificados por la Contraloría se encuentra un paciente, en dos años, se accidentó 20 veces y en ningún caso hubo una póliza SOAT.

La Contraloría General de la República alertó este lunes sobre giros de más de medio billón de pesos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hacia varias IPS del país por accidentes ‘fantasmas’.

De acuerdo con los resultados del seguimiento hecho por la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI)  de la Contraloría,  el 44% de los giros fueron realizados solo a ocho IPS que representan el 1% del total de prestadores que hicieron cobros entre el 2018 y 2021.

Estas IPS, que concentran el 30% de las atenciones realizadas, están ubicadas en los departamentos de Valle, Atlántico, Córdoba, Magdalena y Cesar y la suma de los recursos aprobados por la ADRES es de más de 239 mil millones de pesos.

Dentro de los casos identificados por el ente de control se encuentra un paciente en Cali que, en dos años, se accidentó 20 veces y en ningún caso hubo una póliza SOAT que cubriera las atenciones médicas.

Asimismo, está el cobro de más de 25 mil millones de pesos por tratamientos que autorizaron solo dos médicos ortopedistas y 15 personas que fallecieron antes de sufrir un supuesto accidente cuyas atenciones fueron cobradas al sistema de salud colombiano.

La DIARI hizo seguimiento a los accidentes en los que las IPS afirmaron que no existía un SOAT o que no se pudo identificar el vehículo involucrado (motos o carros ‘fantasma’ o que se dan a la fuga). Estos eventos son asumidos por la cuenta ECAT de la ADRES, un fondo que asegura las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito.

Fueron 2.384.559 los accidentes analizados por la entidad y de los que estimó que el 13% (314.074 eventos) fueron respaldados por el Estado.

Paciente de los 20 accidentes (en dos años) en Cali

Un paciente en Cali tuvo 10 accidentes entre abril y diciembre de 2019.

De acuerdo a los cobros realizados por una IPS en esa ciudad, el hombre sufrió traumas y politraumatismos en supuestos accidentes registrados en ocho meses. Solo en el mes de diciembre de 2019 se accidentó los días 11, 13, 14 y 20.

En el 2020, este mismo hombre se accidentó ocho veces y dos en 2021.

En los 20 accidentes, según los cobros, nunca se pudo identificar el vehículo involucrado, por lo que no existió una póliza SOAT que cubriera el siniestro.

Este es solo uno de los casos que generó la alerta de la DIARI por eventos reincidentes de personas que fueron atendidas por el mismo prestador de salud.

En el caso de este reincidente dos IPS hicieron reclamaciones a la ADRES por $5.174.519. La entidad aprobó $3.027.324 en pagos por los servicios médicos, al parecer prestados por esas prestadoras de salud.

Así mismo, en Bogotá, la DIARI identificó un lesionado que reincidió cuatro años en accidentes sin SOAT. Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2021 el hombre sufrió 15 accidentes, según los cobros de tres IPS a la ADRES.

En total, por esos accidentes en los que reincidió en cuatro años, esta persona tuvo ocho lesiones en la muñeca y la mano, dos en el tobillo, un trauma en el pie, una lesión en el codo, un trauma en la columna y un trastorno de tejidos blandos.

Fallecidos por los que cobraron más de $129 millones

La DIARI también identificó 15 personas fallecidas que aparecieron dentro de los cobros con una alerta específica: murieron antes de la fecha en la que supuestamente se accidentaron en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca, Santander y Chocó. Los valores aprobados por la ADRES a estas IPS suman más de 129 millones de pesos.

“No tiene sentido que una persona, supuestamente fallecida, sea víctima de un accidente de tránsito”, dijo la Contraloría. La DIARI alertó los valores aprobados por estos eventos y el número de fallecidos realmente verificados contra los certificados de defunción suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Así mismo, manifestó, existen personas accidentadas a las cuales se les pagó su atención y cuya identidad fue suplantada, puesto que los datos de nombre y cédula no coinciden de acuerdo con los cruces que hizo la DIARI con las bases de la Registraduría Nacional.

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