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Consorcio CCC Ituango dice que no ha sido notificado por embargo de cuentas

La Contraloría General de la República anunció un procedimiento administrativo por “presunto detrimiento patrimonial”.

La Contraloría habría ordenado embargos en el sistema financiero en contra de la compañía constructora de Hidroituango Integral.

La medida fue tomada por el presunto detrimento patrimonial de $4,1 billones y fue expedida por la Contraloría Delegada Interseccional 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría.

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El organismo de control fiscal pidió en el oficio a los bancos "el registro del embargo y retención de los dineros depositados o que se lleguen a depositar en las cuentas bancarias" de la compañía aludida.

La medida cautelar cobija, además, a personas naturales relacionadas con la megaobra.

Hidroituango entró en crisis en abril de 2018, luego de un desprendimiento parcial de material que llevó al taponamiento de uno de los túneles de desviación que llenaría el embalse de la hidroeléctrica con aguas del río Cauca, por lo cual se produjo la inundación del cuarto de máquinas, la alteración del caudal del río Cauca y la evacuación de 25 mil personas que vivían en los alrededores de la hidroeléctrica.

Entre tanto, el Consorcio CCC Ituango y las compañías que lo integran informaron ayer en un comunicado que no han recibido “ninguna comunicación por parte de la Contraloría ni de sus proveedores financieros, sobre imposición de embargos a sus cuentas”.

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Agregó el consorcio que “en la ejecución de las obras civiles a nuestro cargo, siempre hemos actuado de buena fe, de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería, cumpliendo con los diseños e instrucciones suministrados por EPM.

A principios de diciembre pasado el ente de control fiscal imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones a 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, entre los que se encuentran Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria.

Esto, se lee en el documento, "como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control".

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Indicó el ente de control que este valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por valor de $2, 9 billones.

"Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, dos gerentes de EPM, dos ex alcaldes de Medellín y dos ex gobernadores de Antioquia, entre otros. El resto son contratistas", precisó la decisión.

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