Consejo de Estado ordena proteger los DDHH en ‘Las Pavas’
La Defensoría del Pueblo denunció la ocurrencia de actos intimidatorios y de ocupación de hecho de estos terrenos, ubicados entre los municipios bolivarenses de El Peñón y Regidor.
Con el fin de impedir la ocurrencia de acciones que perturben el ejercicio de la posesión y la afectación de los Derechos Humanos en el predio ‘Las Pavas’, en la vereda Buenos Aires, municipio de El Peñón, en Bolívar, el Consejo de Estado le ordenó a la Presidencia, a las autoridades locales y a la Policía adelantar las acciones que sean necesarias.
Así lo dispuso al conocer un memorial en el que la Defensoría del Pueblo denunció la ocurrencia de actos intimidatorios y de ocupación de hecho de estos terrenos, en los que, puso de presente el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, "desde marzo del 2016 fueron decretadas medidas cautelares tendientes a impedir que la titularidad, posesión y situación jurídica del predio pudieran ser afectadas, contrariando los intereses de la empresa Aportes San Isidro S.A.S y los de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), que han sido reconocidos en al menos tres sentencias de la Corte Constitucional como desplazados".
El ente del Ministerio Público informó sobre la ocurrencia de irregularidades como la descrita que, a su juicio, han impedido que se cumplan las medidas precautelativas que buscaban que las partes enfrentadas pudieran seguir ocupando y explotando el predio, mientras se dicta un fallo que despeje las dudas sobre la titularidad de los terrenos en disputa.
Por ello, la alta corte emitió una nueva medida cautelar que obliga al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Bolívar, a las alcaldías e inspecciones de Policía de El Peñón y Regidor, a la fuerza pública, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo a tomar las medidas que impidan afectar los derechos de los ocupantes y, especialmente, que se evite que la posesión, titularidad o naturaleza jurídica del bien pueda sufrir alguna modificación.
Así mismo, estas entidades deberán emitir informes quincenales en los que indique detalladamente qué han hecho para evitar nuevos episodios como el denunciado por la Defensoría y cuáles han sido los resultados de su intervención.
"La medida busca que no se afecten los intereses de los campesinos y la empresa que reclaman derechos sobre la propiedad, mientras la Sección Tercera dicta un fallo que determine si el proceso de clarificación de la propiedad puede derivar o no en la titulación de predios a favor de la comunidad de desplazados que representa la Asocab y establecer si Aportes San Isidro tiene o no derechos de propiedad sobre ‘Las Pavas’", se lee en el comunicado del Consejo de Estado.
