El Heraldo
La aprobación en primer debate de la reforma, hacia la medianoche del pasado jueves en el Congreso.
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Colombia

“Con la reforma habrá más garantías que hoy”: Margarita Cabello

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, habló con EL HERALDO de la reforma al Código Disciplinario y del paro.

La procuradora Margarita Cabello Blanco habló con EL HERALDO de la reforma al Código Disciplinario, que fue aprobada en primer debate esta semana por las Comisiones Primeras Conjuntas, así como del paro, la vacunación y la reactivación económica.

P.

Los críticos de la reforma dicen que el proyecto no cumple con el fallo de la Corte IDH, ¿qué plantea la iniciativa para llenar de garantías los procesos contra funcionarios elegidos popularmente?

R.

La CIDH ordena que quienes tomen decisiones disciplinarias cumplan el principio de jurisdiccionalidad y el articulado del proyecto cumple esa ordenación. Así mismo, la sentencia de la CIDH exigió separar la función de instrucción y juzgamiento, eliminar la única instancia. En ese sentido, el proyecto introduce esas garantías y adiciona la doble conformidad. Igualmente, mantiene el control frente a la decisión sancionatoria de la jurisdicción contenciosa. En consecuencia, todos los servidores públicos y, específicamente los de elección popular, pueden tener la tranquilidad de que el poder disciplinario se seguirá ejerciendo con total transparencia, imparcialidad, independencia y justicia. Con más garantías que las que hoy existen.

P.

Hay quienes dicen que debe ser un juez penal quien juzgue finalmente a los funcionarios de elección popular, ¿qué opina usted?

R.

La estructura institucional del país se constituye con la Procuraduría como órgano de control disciplinario autónomo e independiente, que cumpla como mínimo las garantías del proceso penal y, bajo ello, debe interpretarse que cuando se habla de juez y de procedimiento penal, debe ser un funcionario con jurisdicción y que cumpla, como lo mínimo, las garantías de un proceso penal.

Admitirlo es una forma de minar el ejercicio de la función disciplinaria que el Constituyente de 1991 le asignó a la Procuraduría General de la Nación y reducir el sistema de responsabilidad de estos servidores. Hay muchas conductas disciplinarias que al derecho penal le son indiferentes o que, por razones de su misma estructura, terminan no teniendo control del juez penal.

P.

Opositores señalan que la Procuraduría los quiere apartar del debate del proyecto por las pesquisas en torno a sus actuaciones frente a detenciones en el paro o el episodio en el Capitolio, ¿qué les responde y en qué cargos disciplinarios pueden haber incurrido?

R.

La Procuraduría es un ente de control absolutamente imparcial que no mira partidos políticos al momento de investigar casos como los que usted me refiere, y menos en una coyuntura como la actual. Allí procedimos a investigar, como se debe, una queja ciudadana que señala que los congresistas intervinieron en un proceso policial haciendo mal uso de su investidura. Adicionalmente las actuaciones que hemos emprendido y los resultados que hemos venido dando, demuestran hoy más que nunca la imparcialidad de la Procuraduría.

La radicación del proyecto a finales de marzo.
P.

¿Qué han encontrado en las averiguaciones contra miembros de la fuerza pública en el paro, ¿cuál es la conducta más reprochada?

R.

Toda conducta que constituya una presunta falta disciplinaria o que implique una violación a los DD. HH. merece extrema atención y reviste toda la gravedad. Venimos actuando con prontitud para investigar y sancionar rápidamente cada una de ellas, y esas sanciones o los resultados de las investigaciones serán los que nos dirán si hay cifras que apunten a que hay alguna que se cometa más que otra. Por supuesto, hay denuncias sobre excesos de la fuerza pública, ataques a la prensa, desapariciones, homicidios y, por supuesto, la limitación del derecho a la protesta. Esperamos dar resultados en el momento procesal que la ley lo permita.

P.

¿Hay pesquisas por actuaciones de funcionarios en relación con los bloqueos, los actos de vandalismo o las infiltraciones de las marchas?

R.

Estamos investigando la actuación de algunos alcaldes en relación con los bloqueos. Igualmente acabamos de expedir una circular instando a alcaldes y gobernadores a cumplir sus deberes constitucionales y legales.

P.

¿Cómo ve los diálogos entre el Gobierno y el Comité del Paro, así como los acercamientos regionales?

R.

Desde la Procuraduría, como todos los colombianos, los vemos con esperanza, y no solo eso, sino que los acompañamos y vigilamos en cumplimiento de nuestras funciones. Tenemos funcionarios de la Procuraduría asistiendo a esos diálogos, a las reuniones en territorio, a las marchas y en cada punto donde se desarrolla el paro vigilando el respeto por los DD. HH., el derecho a la protesta y los derechos de quienes no protestan, y procurando que haya siempre diálogo y una solución pacífica.

P.

Usted envió un duro mensaje a los mandatarios alrededor de sus funciones frente al control del orden público en el paro, ¿en qué circunstancias está poniendo la lupa?

R.

Alcaldes, gobernadores y todos los funcionarios que hacen parte de sus gabinetes tienen unas responsabilidades muy claras en relación con la conservación del orden público y la prevención y atención de situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía en sus territorios, y en especial los DD. HH. de todos sus pobladores. Nuestro llamado ha sido a que cumplan con esas responsabilidades, es preventivo, más que cualquier otra cosa, pero también una advertencia de que, si no asumen esas responsabilidades, pueden ser investigados. Precisamente, las autoridades están para proteger a todos en su vida, honra y bienes, y el llamado que se hizo es a que cumplan la función para la que fueron electos.

“El control a la vacunación se hará hasta que el último colombiano haya sido vacunado”

En cuanto al Plan Nacional de Vacunación, que ya rebasó los 10 millones de vacunados en el país -que era la meta que se había puesto el Gobierno hasta finales de mayo-, con un promedio de inmunizaciones en los últimos días de entre 200 y 300 mil, y frente al que el Ministerio Público encabeza una mesa de seguimiento con otros entes de control, la procuradora Cabello comentó a este diario que “el Plan Nacional de Vacunación avanza, especialmente a mayor ritmo en las últimas semanas. La mesa técnica instalada por la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación ha servido para avanzar y corregir a tiempo inconvenientes. Desde la Procuraduría seguimos haciendo un seguimiento estricto a todo el proceso, especialmente para que se cumplan las etapas, priorizaciones y asignaciones.  El control se hará hasta que el último colombiano haya sido vacunado”.

Así mismo, acerca de la persistencia de colados en las distintas etapas de grupos poblacionales priorizados en el territorio nacional, la jefa del Ministerio Público indicó a esta casa periodística: “Nuestros funcionarios en territorio realizan operativos constantes para verificar que todo el procedimiento se esté llevando adecuadamente y con transparencia”.

Explicó en este sentido la alta funcionaria que “en el momento en que hay una queja o un indicio de corrupción, actuamos de manera articulada la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Procuraduría General de la Nación. Tal y como fue nuestro compromiso en el proceso, no toleramos el más mínimo asomo de corrupción, y garantizaremos que no habrá impunidad”.

Añadió al respecto la procuradora: “Nuestro mayor esfuerzo se está haciendo a nivel de prevención para evitar que las vacunas caigan en malas manos o se usen con fines indebidos".

Y haciendo un balance temprano de los pocos meses que lleva al frente del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco indicó en entrevista con este medio de comunicación: "Son cuatro meses de gestión que han servido para organizar la entidad hacia el camino de tener las herramientas para la entrega de mejores resultados. Descongestionar es una prioridad al lado de la digitalización, el reforzamiento institucional es una prelación en la formación de funcionarios y el fortalecimiento de la misión preventiva”.

Y concluyó la primera mujer procuradora general de la Nación, nacida en Barranquilla, que “las circunstancias coyunturales del contagio y de las marchas por válidas reivindicaciones sociales nos han obligado a priorizar en temas motivados por requerimientos del país, al igual que la necesidad de cumplir las imposiciones exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

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