Capturan a fiscal de JEP por “incidir” en caso Santrich
El ente acusador reveló que Carlos Bermeo fue detenido en un hotel de Bogotá junto al exsenador Luis A. Gil tras recibir USD 500 mil para favorecer al exjefe de las Farc, que afronta un proceso de extradición a EEUU.
La Fiscalía informó este viernes en un ‘trino’ que el fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Carlos Bermeo, fue capturado en un hotel del norte de la capital junto al exsenador Luis Gil y tres personas más, por un supuesto pago de USD500 mil, presuntamente para incidir en el proceso de extradición del sucreño Jesús Santrich.
En el video de la captura revelado por la Fiscalía se muestra a Bermeo recibiendo un pago parcial (USD40 mil), y a su lado está sentado Gil, cuando aparece un investigador del ente acusador que les notifica su captura por concierto para delinquir. Junto con ellos también fueron arrestados Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte Burbano, quien había recibido de Bermeo el maletín con el dinero tras contarlo en un baño, según las primeras informaciones que trascendieron sobre el operativo que se venía trabajando desde hacía tres semanas.
Los investigadores del caso aseguraron que los sujetos pidieron US$2 millones para incidir en la extradición de Santrich, y que este viernes les harían la primera entrega de la cuarta parte del dinero.
El fiscal Bermeo, según los reportes, habría pedido que le entregaran una cuarta parte del dinero y el resto a otra persona que se encontraba en un hotel cercano, en la zona conocida como Chapinero Alto. Luego, el dinero de Bermeo lo traspasaría a Ana Solarte, otra de las detenidas. El exparlamentario, entre tanto, al parecer sería intermediario.
Por su parte, la JEP señaló que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a la que pertenece Bermeo, no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición.
La noticia se conoció horas después de que el Consejo de Estado fallara a favor de Santrich y le mantuviera su curul en el Senado, y de que desde Estados Unidos el secretario de Estado le manifestara al Gobierno colombiano que no enviaría más pruebas para apoyar la solicitud de extradición en contra del exguerrillero de las Farc.
El detenido exsenador, también exjefe de Convergencia Ciudadana, Luis Gil, había recuperado su libertad en marzo del 2012, tras un proceso por parapolítica, al cumplir las tres quintas partes de su condena. Gil había sido capturado por primera vez en el 2008.
JEP responde
En un comunicado emitido poco tiempo después de darse a conocer la captura, Giovanny Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación, afirmó que Bermeo Casas lo vinculó como funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación porque cumplía con todos los requisitos de ley para el cargo. “Por ejemplo, aparte de ser abogado, el señor Bermeo es especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario.
Adicionalmente acreditó una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz”, dijo.
Además, advirtió el funcionario del tribunal de paz que de comprobarse la participación del fiscal Bermeo en los hechos informados por la Fiscalía General de la Nación, “la Unidad de Investigación y Acusación condena dicho comportamiento y confía en que la ley será implacable en el juzgamiento de personas que, con este tipo de actuaciones, empañan la labor de esta Jurisdicción”.
Así mismo, puso de presente que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP no tiene hasta el momento información adicional a la ya publicada por la Fiscalía General de la Nación, y que en consecuencia, quedará a la espera de las decisiones judiciales que se adopten.
Frente a los señalamientos contra Bermeo, de recibir dinero para incidir en el proceso de extradición de Santrich, se lee en el boletín: “La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP no ha tenido ninguna participación en los procesos en lo que se estudian las solicitudes de garantía de no extradición, contemplada en el artículo 19 transitorio de la Constitución Política”.
Y precisó que “en el proceso de Seuxis Paucias Hernández Solarte la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP no ha desempeñado ningún rol. Por lo tanto, no tiene ninguna injerencia sobre las decisiones que al respecto se lleguen a tomar por los magistrados que tienen conocimiento de ese caso”.
La decisión del Consejo de Estado
La Sala Plena del Consejo de Estado negó el pasado jueves la demanda que pesaba contra Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, por la pérdida de investidura, con lo cual ratifica su elección como congresista en los comicios electorales de marzo de 2018.
El alto tribunal aceptó los argumentos presentados por la Procuraduría General y la defensa del exlíder guerrillero frente a los motivos de fuerza mayor, que se presentaron para que el excomandante subversivo no se posesionara como representante a la Cámara el 20 de Julio de 2018.
Según la decisión del Consejo de Estado, Santrich no quedará inhabilitado de por vida para ocupar cargos de elección popular. Sin embargo, el exlíder guerrillero solo podrá ocupar la curul en el Congreso una vez se encuentre en condiciones físicas y recobre su libertad.
Jesús Santrich fue capturado el 16 de abril de 2018 por agentes del CTI de la Fiscalía, en una vivienda en el barrio Normandía de Bogotá, en el marco de una investigación por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas.
“La conclusión de que la privación o detención administrativa a la cual se encuentra sometido el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte constituye una circunstancia imprevisible e irresistible para él”, se lee en la decisión, la cual fue tomada en primera instancia y contra la misma procede el recurso de apelación.
¿Quién es el exsenador Gil?
El parapolítico Luis Gil, apodado El Tuerto Gil, es santandereano y tiene como ficha al fiscal Bermeo. Su esposa es Doris Vega y hereda su curul en el Legislativo por Opción Ciudadana. También es cercano al también parapolítico Hugo Aguilar. Fue militante del M-19 y supuestamente fue enviado a Libia a los entrenamientos militares para guerrilas que hace 40 años Gadafi patrocinaba. Firmó la paz y fue presidente de varios sindicatos, fundador de la EPS Solsalud, que terminó siendo intervenida y liquidada por irregularidades financieras. Luego de militar en el liberalismo, fundó el movimiento Compromiso Ciudadano y luego Convergencia Ciudadana, posteriormente el PIN, que se convirtió en Opción Ciudadana. Llegó al Senado en 2002 y fue reelegido en 2006.
Los líos de la JEP
La captura se da cuando al presidente Iván Duque le resta una semana para decidir si debe o no objetar la ley estatutaria de la JEP.
El jefe de Estado, que tiene hasta el 8 de marzo para anunciar su decisión, deberá analizar lo aprobado por el Congreso, lo fallado por la Corte Constitucional y lo que han dicho al respecto el fiscal general de la Nación; la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; el procurador general de la Nación y la Corte Penal Internacional, CPI.
A principios de enero, además más leña al fuego le echó al ya de por sí candente caso Santrich el episodio de la demora en el envío, por parte del Gobierno, de la solicitud que hizo la JEP de pruebas contra el ex jefe de las desmovilizadas Farc, en medio del proceso de extradición que se surte contra el exguerrillero.
La misiva de la JEP, que tramitaron la Cancillería y el Ministerio de Justicia para que llegara a las autoridades estadounidenses, apareció en Panamá a manos de la empresa de correos 4-72.
A mediados de enero, la JEP reportó en el balance de un año que 11.675 personas se han sometido ante este sistema, que ha recibido 168 informes de hechos en el marco del conflicto y que ha abierto cinco grandes casos sobre la guerra en el país, entre los que se encuentran los secuestros y los ‘falsos positivos’.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, indicó que 9.687 excombatientes de las Farc, 1.938 miembros de la fuerza pública, 38 de agentes del Estado y 12 de protesta social suscribieron el acta de sometimiento ante la JEP.
Otra de las polémicas más duras tiene que ver con el hecho de las supuestas omisiones que se habrían presentado entre funcionarios de esa jurisdicción en relación con permisos de salida del país a exintegrantes de las Farc, hechos por los cuales la Fiscalía le imputó cargos a Martha Lucía Zamora, directora administrativa. Además, la propia JEP abrió un incidente de verificación de cumplimiento en contra de alias El Paisa, que fue el único de los 31 ex jefes de la extinta guerrilla que no presentó su informe de compromiso dentro del plazo estipulado por ese organismo.
De igual modo, la JEP había chocado con la Fiscalía por diferencias de interpretación jurídica y una de las controversias más fuertes tenía que ver con qué sucede con los bienes no reportados por las Farc e incautados por la Fiscalía.
Pues la JEP dice que deben ser para las víctimas y la Fiscalía que no. En bienes incautados no reportados, de acuerdo con el ente acusador, hasta el 2017 eran $1,3 billones y en lo que va corrido del año se han incautado activos por $691 mil millones: una suma total de $2,3 billones.
