Caso Centros Poblados: nuevo capturado no aceptó cargos

López está acusado de presuntamente participar en la consecución de las pólizas falsas para que la Unión Temporal se hiciera con el contrato por más de $1 billón con el Mintic, en el que se entregó un anticipo de $70 mil millones.

Según la Fiscalía, López, buscado desde el año pasado y detenido el pasado martes en Bogotá, en unos pocos días al parecer tenía los documentos falsos para presentar ante el Ministerio de las TIC.

El empresario de 46 años fue detenido en un CAI del norte de Bogotá por este caso en el que están presos el contratista Emilio Tapia, el corredor de seguros Juan José Laverde y el representante legal de la Unión Temporal, Luis Fernando Duque.

En febrero pasado se conoció el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que se afirma que Tapia era el encargado de manejar varias de las empresas de Centros Poblados a través de terceros y quien pagó la garantía falsa que respaldó la adjudicación del incumplido contrato por más de $1 billón para llevar internet a más de 7 mil escuelas públicas rurales del país.

"Tapia Aldana fue la persona que presentó a Juan Carlos Cáceres Bayona, socio fundador de Novotic, los nombres de las empresas Intec de la Costa, Omega Buildings e ICM Ingenieros para conformar la Unión Temporal” indicó la Fiscalía.

Asimismo, señaló que este hombre “era quien manejaba dichas empresas a través de terceros, encargándose junto con Laverde, de contactar a Jorge Alfredo Molina García-Mayorga para la expedición de la garantía de seriedad de la oferta falsa, por la cercanía de éste con Jorge Enrique López, quien presumía tener contactos en el sector financiero”.

Estas gestiones habrían permitido comprometer “ al señor Tapia a cancelar el valor de la garantía falsa, con el fin de que sirviera de prueba ante el Ministerio de las Tecnologías y así beneficiarse con la adjudicación de la licitación a través de las empresas que representaba".

Agrega la acusación que "Laverde es la principal persona encargada por parte de la UT de adquirir la póliza de seriedad de la oferta, pero una vez establece que ninguna empresa de seguros expediría póliza de seriedad a la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, contactó al señor Molina”.

Esta comunicación habría sido establecida “a fin que éste obtuviera la garantía de seriedad falsa a través de López y, una vez la recibe, la envía a Duque, representante legal de la UT, para radicarla ante Mintic y a Alfredo Jesús Amín Yaber para cargarla en la plataforma de contratación Secop II”.

Concluye el documento de la Fiscalía que López "fue la persona encargada de elaborar el documento privado falso consistente en la garantía de seriedad de la oferta, supuestamente expedido por (el banco) Itaú y entregarlo a Molina, a cambio de una contraprestación económica que solicitó a Laverde y a Tapia”.

Tapia dijo a finales de marzo pasado en la Procuraduría, vía virtual desde la Cárcel de Picaleña: "Rave Seguros era la corredora de seguros que nos suministraba las pólizas de seguros, para este contrato se les requirió a ellos y ellos eran los encargados de conseguir las pólizas”.

Agregó también: “Luego Laverde me dice que en esta ocasión estaba complejo y me dijo que iba a hablar con el Mintic porque conocía a personas allí en el tema de riesgos. Pero luego me dice Laverde que no pueden bajarle al riesgo y que está complejo el tema".

Posteriormente, continuó el cuestionado empresario, "me dice Laverde que hay una opción que él ha manejado con un cliente de Rave, un constructor, y que con él ha manejado un tipo de garantías que equivalen a las pólizas de cumplimiento, y me dijo que era un cupo de crédito con el Banco Itaú”.

Sin embargo, para conseguirlo, se debía pagar “una contraprestación" por un lote en Santa Marta de respaldo.

"Me dice luego Juan José Laverde que hay una 'zona gris' en la consecución de las garantías y me dice que dentro del banco esto tiene que pasar por distintos comités y lo que entiendo que le dijo el señor Jorge Molina es que si tenían que hacerse tres comités solo se hicieron dos, para darle celeridad porque el Ministerio estaba presionando a Juan Carlos", añadió.

Y sobre el dinero que se pagó por las garantías bancarias, aseguró Tapia: "Se pactaron $3.800 millones, luego hubo un descuento porque ahí estaban incluidos los honorarios del señor Molina, y él insistía que tenían participación las personas del banco por la celeridad del trámite.”

Declaró también: “Se le daban $2.800 millones y se le abrían espacios en otros temas para ver si él subcontrataba algún tema de obras civiles que requiriera el proyecto. Y de eso se pactaron tres cuotas, la primera de $1.000 millones que se le alcanzaron a pagar, y se cancelaron a las cuentas de las empresas del señor Molina, a una cuenta de la esposa del señor Molina, a unas cuentas del señor Laverde”.

Finalmente el cuestionado empresario dijo que todo este dinero se pagó “antes de las garantías y después. El saldo se le iba a cancelar cuando entraran los dineros del proyecto para suplir unos préstamos que había hecho yo".