Buscan celeridad en investigaciones del caso El Salado
Fiscalía y Defensoría trabajan de la mano en el proceso. Las entidades tienen como prioridad las actuales amenazas.
La Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo trabajan de la mano con el fin garantizar la seguridad a los habitantes de El Salado. Entre los puntos adelantados estas entidades priorizan dos ascpectos: la situación actual de amenazas a líderes sociales en El Salado y el proyecto de coordinación de cifras de esta problemática en el país.
El anuncio se da luego de que el Francisco Barbosa, Fiscal general, señalara, la semana pasada en una carta, que la entidad que lidera “no es la encargada” de tomar las “medidas urgentes” para proteger a los defensores de derechos humanos en respuesta a una misiva que había emitido el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Así las cosas, Barbosa Delgado, indicó en un counicado que “es necesario hacer un acompañamiento de múltiples entidades frente a las cuales en el marco de sus competencias se pueda saber que está ocurriendo. Por lo pronto desde la Fiscalía General de la Nación, hemos venido avanzando en las investigaciones, ya tenemos (judicializados) a dos de los presuntos responsables de las amenazas a la líder Yirley Velasco Garrido y su familia”, con relación a los hechos ocurridos entre 2018 y 2020.
Respecto a las nuevas amenazas contra la lideresa y la comunidad en general del corregimiento El Salado, municipio Carmen de Bolívar (Bolívar), el Fiscal Barbosa priorizó las acciones investigativas para esclarecer los hechos y destacó además un grupo de trabajo para articular esfuerzos entre dependencias, impulsar los procesos por este tipo de afectaciones y realizar las investigaciones en contexto.
“A través de la Dirección de Derechos Humanos se realizó la búsqueda selectiva en base de datos que permitió identificar que el número desde donde fueron enviados los mensajes amenazantes contra la familia de la lideresa, efectivamente correspondía a una línea usada en el mismo corregimiento”, reveló el fiscal general.
De esta manera, se ha intensificado el desarrollo de diferentes labores de policía judicial para recaudar evidencias y material probatorio, sobre este y otros casos denunciados en El Salado por las afectaciones a personas defensoras de derechos humanos.
Igualmente, en el marco de la reunión con el defensor del Pueblo, se planteó la necesidad de una mesa técnica de seguimiento y acompañamiento a la comunidad de El Salado, con la Unidad Nacional de Protección (UNP), los ministerios, el Ejército y la Policía Nacional, bajo la coordinación misional de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, esta última para realizar las investigaciones y responder en el ámbito judicial frente a la protección de los derechos humanos.
