El Heraldo
Imagen de referencia. Archivo
Colombia

Defensoría urge atención a crisis humanitaria en Bojayá

De acuerdo con el órgano, permanecen en riesgo las comunidades indígenas y afrocolombianas por la disputa del territorio entre los grupos armados ilegales del ELN y las AGC.

Este lunes se conmemora 20 años de la tragedia desatada por combates entre las Farc y los paramilitares en el corregimiento de Bellavista.

Debido a los hechos ocurridos, la Defensoría del Pueblo mostró preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrentan los habitantes del municipio de Bojayá, Choco.

“La Defensoría del Pueblo reitera su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrenta la población del municipio de Bojayá (Chocó), que hoy cumple 20 años de la tragedia en la que murieron 79 personas por el enfrentamiento entre las desaparecidas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Además, ha emitido tres alertas tempranas en los últimos años donde advierte el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas de ese municipio, la subregión del Medio Atrato con ocasión de los propósitos expansivos por parte de la guerrilla del Ejercito de Liberacion Nacional ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en zonas dejadas por las Farc en el marco del acuerdo de paz.

En dicha advertencia hizo énfasis sobre la contaminación con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) en los territorios colectivos tanto afros como indígenas y las restricciones a la movilidad que implican la limitación de actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en los municipios de Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte.

El Defensor del Pueblo instó que en agosto del año pasado se emitió la Alerta Estructural 016-2021 para los municipio de Bojayá, Vigía del Fuerte y Medio Atrato en el cual se daba cuenta del fortalecimiento militar acelerado, la expansión territorial y el afianzamiento en el territorio de las AGC, el riesgo de enfrentamientos con interposición de la población civil, riesgo de reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes (NNA), por parte de las AGC y el ELN.

En el documento advierten de los riesgos y amenazas en contra de la población reincorporada, señalamientos, estigmatización a los familiares de personas a las cuales se les sindica de ser colaboradores de los actores armados en disputa, al igual que en contra de autoridades étnico–territoriales y líderes comunitarios. 

Asimismo, se registran restricciones a la movilidad impuestas por los actores armados que están en la región, implicando la limitación de actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en el municipio de Bojayá.

La Defensoría señala que esta situación ha generado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, toda vez que la disputa armada gira en torno al interés de los grupos armados ilegales en controlar las rutas de conexión que posibilitan a través de caminos ancestrales la conexión por la parte alta de las cuencas de los ríos Napipí, Opogadó y Bojayá, lo que permite la comunicación con Bajo Atrato, el suroeste antioqueño y el Mar Pacífico.

“Hoy les reiteramos a los habitantes de Bojayá que la Defensoría del Pueblo los seguirá acompañando a través de nuestro equipo de la Regional Chocó en el territorio y no desmayaremos en nuestro propósito de lograr la garantía de sus derechos”, puntualizó Carlos Camargo.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo desde 2017 hasta el 2022, por acción de los actos violentos de los grupos armados ilegales en Bojayá, se han reportado 16.927 personas víctimas de confinamiento, pertenecientes a 4.136 familias, y también 1.438 personas de 393 familias han sufrido desplazamiento forzado.

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