Así avanza la JEP y sus 7 macrocasos en Colombia
Secuestros, ‘falsos positivos’, reclutamiento infantil y violencia territorial son los casos que analiza la JEP, para garantizar la no repetición.
Entre críticos y defensores la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) navega por las turbulentas aguas de la memoria del conflicto armado en Colombia tratando de encontrar entre los pedazos de relatos que naufragan en las verdades que sueltan víctimas y victimarios.
Cada vez que la JEP cuenta “las verdades del conflicto” toda una nación se escandaliza por los horrores que dejó en el país un conflicto de más de cinco décadas y que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, dejando como resultado el desarme de la guerrilla de las Farc y el nacimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,
Ese Sistema Integral de Verda fue creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz y está compuesto por: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.
El compromiso que tiene la JEP en la consolidación de la paz en Colombia es administrar la justicia transicional -medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos- y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.
Asimismo, esta unidad del Sistema Integral tiene la función de satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera, todo esto debe ser logrado antes del 2036, pues la JEP no podrá tener una existencia superior a 20 años.
Desde su creación y a corte del 12 de febrero de 2021, 12.738 personas suscribieron acta de compromiso y sometimiento a la JEP. De estas, 9.787 –cifra que representa el 76.8%– eran integrantes de las Farc-Ep; 2.813, es decir el 22.1%, por parte de la fuerza pública. 126 (1.0%) serían agentes de estado diferentes a la fuerza pública y 12 (0.1%) provenientes de la protesta social.
Asimismo, la JEP ha recibido 336 informes de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado.
De igual forma, esta entidad ha adoptado 38.777 decisiones judiciales en 124 audiencias realizadas.
En aras de luchar contra la impunidad, uno de los mandatos de la Jurisdicción Especial para la Paz ha consolidado un universo de víctimas en cada uno de los 7 macrocasos abiertos.
A corte de hoy, es el único de los 7 macrocasos abiertos en el que se ha imputado cargos. En este caso, la JEP imputó en enero al antiguo Secretariado de las Farc-Ep crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por secuestros.
Según la entidad, los responsables de estos hechos son los antiguos miembros del Secretariado que están sometidos a la JEP: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.
Asimismo, los exjefes de la extinta guerrilla admitieron los cargos imputados por la esta entidad.
Ahora, la JEP deberá fijar una fecha para una Audiencia de Reconocimiento. Si esta considera hay reconocimiento, una vez realizada la Audiencia, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remite al Tribunal de Paz para que este imponga una sanción propia si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador, y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos.
Esta decisión fue tomada luego de contrastar 17 informes, 38 versiones individuales y 8 versiones colectivas en las que participaron 257 comparecientes. Un total de 1.028 víctimas, de las 2.456 acreditadas, hicieron observaciones a las versiones. La Sala de Reconocimiento además incluyó en la contrastación la información aportada por la Fiscalía General de la Nación en 56 tomos de análisis y documentos incautados a la extinta guerrilla en diversas operaciones militares. El ‘Caso 01’ de la JEP prioriza la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad principalmente entre 1993 y 2012.
El 10 de julio de 2018 la JEP abrió este caso en el que prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que afectan, principalmente, a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de estos tres municipios.
En este caso se estudia aproximadamente 2.524 hechos victimizantes agrupados en 12 afectaciones cometidas presuntamente por integrantes de las extintas Farc-Ep y miembros de la fuerza pública en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas entre 1990 y 2016.
El llamado ‘Caso 02’ tiene un total de 105.205 víctimas individuales acreditadas. Asimismo, la JEP ha realizado 44 diligencias de construcción dialógica de la verdad y coordinación interjurisdiccional y de diálogo intercultura.
Hasta la fecha en el marco de este macrocaso se han recibido 12 informes específicos y se han rendido 32 versiones voluntarias por parte de 18 comparecientes. La mayoría de las diligencias judiciales se han realizado en los territorios priorizados.
Este caso que comprende lo que conocemos como ‘falsos positivos’ recibió a 18 de febrero la característica de “priorizado” por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, quien señaló que Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta serán las regiones priorizadas en la investigación sobre los asesinatos de esas personas por parte del Ejército Nacional, ocurridos entre 2002 y 2008.
Asimismo, la JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Esto es cerca de tres veces la cifra que la jurisdicción recibió al empezar a indagar este fenómeno.
En el desarrollo de este caso se han realizado 220 versiones. De estas, 172 han sido presenciales y 48 escritas. Dentro de estas diligencias varios generales han rendido versión. Además, han rendido versión 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor.
La JEP abrió el caso 04 el 11 de septiembre de 2018. Este caso prioriza la situación territorial a partir de hechos del conflicto ocurridos en la región de Urabá entre 1986 y 2016.
Este es uno de los tres casos territoriales que ha abierto la JEP junto con el del Norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca, y el de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco en Nariño.
En este, hay 37.730 víctimas individuales acreditadas. Asimismo, la JEP ha realizado 9 diligencias de construcción dialógica de la verdad y coordinación interjurisdiccional y de diálogo intercultura.
En este caso se han analizado 29 informes, de los cuales 21 son de fuentes institucionales como la Fiscalía, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los otros provienen de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual, de dos organizaciones de derechos humanos que relatan hechos de desplazamiento forzado y despojo de 3 organizaciones de DD. HH. y una organización indígena.
La JEP abrió el Macrocaso 05 el 16 de noviembre de 2018. Este caso prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca, y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el Sur del Valle del Cauca.
Este es el caso con más víctimas individuales acreditadas con un total de 180.000.
Hasta el momento, la JEP ha adelantado 15 diligencias de construcción dialógica de la verdad y coordinación. Asimismo, la Fiscalía, la Organización Nacional Indígena y el Centro Nacional de Memoria Histórica solicitaron la priorización del caso.
Uno de los procesos más sonados en este caso es el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en el cual se han adelantado diligencias voluntarias de esclarecimiento con los antiguos miembros del secretariado de las Farc.
Este caso que encierra el conocido genocidio de los miembros de la Unión Patriótica (UP) y que tiene ante la JEP 108 víctimas individuales acreditadas se abrió el 26 de febrero de 2019.
Para priorizar el caso 06, la JEP consideró los informes presentados por su Secretaría Ejecutiva, por la Fiscalía General de la Nación, por el Centro Nacional de Memoria Histórica y por la Corporación Reiniciar. Adicionalmente, estudió sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recientemente, Miguel Maza Márquez, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entró a la JEP y será juzgado por este tribunal en el ‘caso 06’.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento de la JEP solicitó una audiencia de versión voluntaria al general en retiro, quien deberá hacer su primer aporte de verdad el 26 de marzo.
En un informe de la Fiscalía entregado a la JEP establece un universo de 1.620 víctimas fatales en este hecho.
El ‘Caso 07’ prioriza el reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. También investiga otros delitos de los que pudieron ser víctimas, como consecuencia a su vinculación a la guerra.
Recientemente, la JEP informó al país que investiga alrededor de 8.000 hechos victimizantes relacionados con el reclutamiento y la utilización de niños en el conflicto armado, aunque esta es una cifra provisional.
El tribunal se refirió, además, a que las niñas y los niños fueron “las principales víctimas del conflicto armado", al ser incorporados directamente en la confrontación armada, pero también al ser usados como mensajeros, centinelas, cocineros y hasta compañeros sexuales.
En este caso la Sala de Reconocimiento profirió un primer auto que vincula a 37 comparecientes ex miembros de la antigua guerrilla de las Farc-EP al proceso y cita a rendir versiones voluntarias a 15 de ellos.
Asimismo, el ICBF puso a disposición de la JEP sus expedientes.
