Aprobado por unanimidad proyecto que fortalece la Supersalud
La plenaria de la Cámara avaló en extras la elevación de las multas de un máximo de 2.500 smlmv, es decir $1.953 millones, a 8.000 smlmv, es decir $6.249 millones, para personas jurídicas y hasta de 2.000 smlmv, es decir $1.562 millones, para personas naturales.
El primer proyecto aprobado en las sesiones extraordinarias del Congreso este lunes fue el que fortalece la Superintendencia de Salud, que fue avalado por unanimidad en segundo debate por la plenaria de la Cámara y ahora espera su aprobación del pleno del Senado para convertirse en ley de la República.
Se trata del proyecto de ley que fortalece la capacidad sancionatoria del ente de control, y que fue aprobado por las Comisiones Séptimas Conjuntas hace un par de semanas en primer debate.
Sobre la aprobación, el representante cesarense de La U, Eliécer Salazar, señaló que "de aquí en adelante el superintendente va a tener herramientas suficientes para que no permita que más colombianos sigan sufriendo por la bendita irresponsabilidad de las EPS".
Entre tanto, la representante del Centro Democrático por el Meta, Jennifer Arias, celebró el paso adelante sin reservas: "Este es un proyecto muy importante para la salud del país, quiero felicitar al superintendente y al ministro de salud".
El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, hizo lo propio ante el pleno del Salón Elíptico: "No me queda más que agradecerles por este mensaje que le dan al país, no podemos seguir permitiendo que abusen con la salud de los colombianos".
Las medidas
El articulado eleva las multas, que ahora pasan de un máximo de 2.500 smlmv, es decir $1.953 millones, a 8.000 smlmv, es decir $6.249 millones, para personas jurídicas y hasta de 2.000 smlmv, es decir $1.562 millones, para personas naturales.
Además, se establecen también multas sucesivas hasta de 3.000 mslmv, es decir $2.343 millones, para personas jurídicas y de hasta 300 smlmv, es decir $234 millones, a personas naturales, a quienes incumplan órdenes de contenido no pecuniario, emitidas en el marco de una sanción administrativa. Por ejemplo, si la Supersalud ordena la entrega de un medicamento a una persona y la EPS no lo hace, podrá recibir las multas sucesivas hasta el monto estipulado, en caso de incumplimiento.
El ente de control también podrá suspender el certificado de autorización, hacer cierres temporales o definitivos de uno o varios servicios y remover del cargo a los representantes legales, revisores fiscales y gerentes de EPS o de las demás entidades vigiladas e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos en entidades o instituciones públicas y privadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Se determina, así mismo, la ampliación del término de la caducidad de la facultad sancionatoria de 3 a 5 años, teniendo en cuenta que los 3 años contemplados actualmente son insuficientes para resolver las etapas de inspección, vigilancia y control, en atención a la dificultad de los temas que se manejan y el alto volumen de procesos.
Y se da el aumento del término para decidir los recursos de vía gubernativa (reposición y apelación) de 1 a 2 años, e incorpora el silencio administrativo negativo (esto significa una respuesta negativa a lo solicitado) a efectos de garantizar la efectividad y eficiencia de las decisiones sancionatorias que emite la entidad y la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Consolida además el proyecto al juez de la Superintendencia como juez técnico de la salud, permitiéndole a la entidad emitir sentencias en tiempo y de manera eficiente principalmente sobre aquellos asuntos en los que se involucra directamente la salud de los usuarios.
Y fija los límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias, con el objetivo de que no se diluyan las responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, especialmente, cuando se encuentran en medida especial.
