El Heraldo
Colombia

Aprobado el 90% de la reforma en la Procuraduría

La polémica se dio por los “superpoderes” que dicen que tendría el Ministerio Público y por la ampliación de la planta de personal.

Las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara aprobaron este miércoles más del 90% de la reforma al Código Disciplinario, planteada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, tras echar para atrás el fallo contra el ex alcalde de Bogotá Gustavo petro.

No obstante, hubo polémica en torno a lo que denominaron algunos legisladores como “superpoderes” que le otorga la iniciativa al Ministerio Público para adelantar investigaciones, ejercer funciones jurisdiccionales y de policía judicial. Así como por la ampliación de la planta de la Procuraduría para adecuar su funcionamiento al nuevo mecanismo de investigación y juzgamiento de funcionarios públicos de elección popular que propone.

La representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, cuestionó el articulado porque “no solo no desarrolla la sentencia de la Corte IDH sino porque es francamente contraria a la sentencia en ese caso: la sentencia señala que la forma en que es posible afectar el derecho a participar en política es con un juez competente en proceso penal. Pero este proyecto hace jugadas jurisdiccionales. Y lo que establece el derecho interamericano es que esto puede generar un informe ante Naciones Unidas por incumplimiento de sentencia”.

Lo segundo, agregó, es que “en este proyecto nos piden crear 500 cargos, no presentan el estudio de esos cargos ni cuánto cuestan, y nosotros hicimos la tarea y serían al menos $47 mil millones”.

Por su parte, el representante Buenaventura León, del Partido Conservador, defendió la iniciativa como “novedosa contra la corrupción, donde la Procuraduría debe seguir imponiendo sanciones como destitución e inhabilidades, que siempre van a tener control en lo jurisdiccional. El proceso de investigación va a estar compuesto por un lado por la investigación y por el otro por el juzgamiento, eso brinda garantías, y creo que nosotros, que tenemos esa voluntad popular, somos quienes más debemos estar sometidos al escrutinio disciplinario”.

Añadió en este sentido que “la Corte Constitucional ha reiterado que una de las potestades del Estado más importantes es la disciplinaria. (…) Es fundamental una reforma para fortalecer la lucha anticorrupción, la necesidad de fortalecer institucionalmente a la Procuraduría y dar garantías para el proceso disciplinario”.

De otro lado, el senador Rodrigo Lara, disidente de Cambio Radical, expuso que “con criterio liberal Antonio José Cancino logró sacar del ordenamiento jurídico la posibilidad de darle función jurisdiccional a un órgano de naturaleza administrativa y política. Es inconcebible darle esta facultad a un ente cuyo propósito es sancionar a servidores públicos sobre la base de un ejercicio en su esencia discrecional y subjetivo, cuando el origen de la Procuraduría es político”.

El coordinador ponente, el senador Fabio Amín, del Partido Liberal, respondió algunas de las dudas de las células legislativas de temas constitucionales sobre la reforma al Código General Disciplinario por disposición del fallo del 8 junio de 2020 de la Corte IDH.

“Con este proyecto no se afecta la estructura básica de la Rama Judicial, no se dice que la Procuraduría pase a ser parte de la misma, por eso se recurre a la Constitución, para que se reconozca la atribución jurisdiccional a la entidad”, precisó.

Frente al meollo del asunto, comentó el parlamentario: “La sentencia señala que el estándar de garantía de un proceso disciplinario debe ser compatible con las garantías judiciales de la Convención Americana, y por ello la propuesta de reforma busca introducir la distinción para que el funcionario que conozca la investigación y formule los cargos no sea de ninguna manera el mismo que escuche en descargos ni decrete pruebas en el juzgamiento, por eso se cambia el proceso disciplinario: se propone un funcionario para la fase de instrucción hasta que se notifique el pliego de cargos y entonces llega otro funcionario de juzgamiento hasta la decisión final”.

Pero el representante José Daniel López, de Cambio Radical, aseveró que alguna facultades que se le dan al ente de control “lo habilita para que en el marco de investigaciones disciplinarias se adelanten interceptaciones de comunicaciones, inspecciones corporales, allanamientos, entre otros”.

Y la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, se preguntó: “¿Cómo vamos a dejar más de 12 mil expedientes de funcionarios elegidos por votación popular al albedrío y a la libre voluntad de sus abogados, que si no se adecua este procedimiento van a interponer los recursos y a justificar que la Procuraduría que no va a poder investigarlos?”.

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