El Heraldo
Los recursos son entregadas a las familias más necesitadas del país, según el DNP. Cortesía
Colombia

Anuncian sanciones para quien reciba por error auxilio económico del Gobierno y no lo informe

En medio de los cuestionamientos por las supuestas anomalías del Ingreso Solidario, lo que hizo la alcaldesa de Luruaco, Atlántico, es lo debido, según el decreto que creó el programa de ayudas.  

Una denuncia fue interpuesta por la alcaldesa de Luruaco, Marly Gutiérrez, debido a su inclusión irregular en el listado de beneficiarios del programa Ingreso Solidario del Gobierno Nacional.

A través de un comunicado de prensa, la mandataria indicó que la situación fue puesta en conocimiento del procurador General, Fernando Carrillo; el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez.

La mandataria sostuvo que el pasado 7 de abril encontró “con sorpresa” la consignación de $160.000 en su cuenta bancaria, suma correspondiente al subsidio entregado por el Gobierno Nacional para las familias más vulnerables durante la cuarentena.

“De manera inmediata procedí a informar a la dirección del  Departamento Nacional de Planeación y envié una comunicación para devolver esos recursos, así como oficiamos de forma virtual a los entes de control. Ya di la autorización para que se haga el débito automático de esos recursos, porque no me pertenecen”, expuso Gutiérrez.

Además, la alcaldesa solicitó que el mencionado apoyo financiero sea reasignado a una familia de escasos recursos de este municipio: “Ese tipo de casos no deben suceder. Hay mucha gente necesitada, por ejemplo, en Luruaco hay muchas familias que están esperando con ansias esa ayuda”.

Asimismo, indicó que “personas inescrupulosas” utilizaron sus datos personales para acceder al mencionado subsidio y solicitó que se inicien las respectivas investigaciones para que sea esclarecido en el menor tiempo posible.

“Pido que este hecho irregular sea investigado. Que se ubique la dirección IP desde la que se tramitó sin autorización este formulario y se encuentren a los responsables para que se les aplique un castigo ejemplarizante. Queremos que estos recursos lleguen a las personas que las necesitan en estos momentos de crisis”, agregó.

Gutiérrez explicó que durante las últimas semanas se han realizado varias jornadas de entrega de ayudas para las familias vulnerables: “La Gobernación ha hecho dos entregas de ayudas y desde la Alcaldía se han realizado dos más, para tratar de cubrir el 100% de la población”.

Se espera que en la próxima semana se entreguen 7 mil nuevos mercados y que ya se encuentran proyectando las ayudas que serán entregadas para garantizar que las familias sigan en casa y cumplan la medida de aislamiento preventivo obligatorio, extendida hasta el 26 de abril.

El programa

El Decreto 518 del 4 de abril de 2020, que crea el Programa de Ingreso Solidario, consistente en un giro durante el mes de abril de $160 mil a familias vulnerables que no hagan parte de ningún otro subsidio estatal y necesiten paliar la emergencia por el coronavirus, advierte que quien reciba los recursos de manera irregular deberá reportarlo si no quiere ser sancionado.

En el parágrafo 1 del artículo 1 de la norma reza: “Aquellas personas que reciban las transferencias monetarias no condicionadas de que trata este artículo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin y no lo informen a la autoridad competente, o las reciban de forma fraudulenta, incurrirán en las sanciones legales individuales a que hubiere lugar. La configuración de supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa”.

Lo anterior por el caso de la alcaldesa de Luruaco, Atlántico, Marly Gutiérrez, quien reportó la consignación que se hizo a su cuenta bancaria proveniente de este programa.

Y, así mismo, por las múltiples denuncias que hubo por parte de ciudadanos en las redes sociales que identificaron aparentes anomalías en la plataforma del Ingreso Seguro, proyecto a cargo del Departamento Nacional de Planeación, DNP, consistentes en posibles cédulas o ciudadanos inexistentes, fallecidos y suplantados que, al parecer, habrían recibido el subsidio y, además, habrían votado en pasadas elecciones, como supuestamente se habría logrado evidenciar al cruzar la información con la de la Registraduría.

Por ello, el DNP, tras asegurar que el error solo se presenta en la consulta en internet y no en los giros, le pidió a la Registraduría que revisara las posibles inconsistencias de la plataforma.

Mientras tanto, la página en cuestión estuvo deshabilitada, según el Gobierno, desde el pasado miércoles y mientras se corrige el asunto.

El registrador Alexander Vega señaló en ‘RCN Radio’, al respecto, que son unas 2,6 millones de cédulas las que están en proceso de depuración y que los resultados se tendrán entre el lunes y el martes próximo.

Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alexander López Maya, del Polo, le solicitó al fiscal, al procurador y al contralor que “inicien de manera inmediata las investigaciones por el posible fraude que se está presentando con el Programa de Ingreso Solidario”.

Advirtió el opositor que habría “beneficiarios que son personas muertas, con identidades falsas, casos en el que con una misma cédula aparecen registradas 48 personas, que han fallecido y que hoy aparecen recibiendo el subsidio, así como el caso de personas que argumentan haber recibido el subsidio sin necesitarlo ni estar en las bases de datos del Sisbén”.

Además, crítica López que lo que hizo el Gobierno “fue tumbar las páginas de Ingreso Solidario, el Fosyga y el Sisbén. Le pregunto al señor presidente: ¿qué están ocultando?, ¿qué quieren tapar?”.

Y agregó el vicepresidente de la cámara alta que el Ejecutivo debe responder quiénes son los beneficiarios del 1'194.608 giros que hasta el momento ha hecho el DNP, de los 3 millones que se tienen previsto favorecer.

Al presentar la iniciativa, el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, había explicado que los beneficiarios de este programa habían sido identificados por el DNP a partir de la base del Sisbén IV, registros de la encuesta Sisbén III y de información sobre personas favorecidas de otros programas sociales.

El programa contó además con el acompañamiento de las entidades financieras, las centrales de riesgos y las empresas de telefonía celular para facilitar el contacto con los hogares beneficiarios mediante números de celular y datos de ubicación.

“El trabajo de identificación se materializó conjuntamente entre el Gobierno y la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil, que congrega a tres operadores móviles: Claro, Tigo-UNE y Movistar y con las centrales de información crediticia TransUnion y Experian”, se lee en el comunicado emitido en su momento.

Los beneficiarios serían, dijo, los colombianos de hogares que no recibían transferencia monetaria a través de los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA y que a la fecha se encontraran en condición pobreza y vulnerabilidad, incluidos los informales.

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