A través de un comunicado conjunto emitido el pasado lunes, las altas cortes se pronunciaron sobre los señalamientos recibidos en cuanto al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En este hacen un llamado a confiar en la acción de los jueces, "quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley".

Además expresan que "el sistema judicial, como componente esencial del Estado de Derecho, debe ser respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas" y que "de ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance".

Ponen de presente los presidentes de las altas corporaciones judiciales del país que "la vigencia y solidez de las democracias modernas están sostenidas por la garantía de una justicia autónoma e independiente, impartida por funcionarios judiciales obligados a tomar decisiones basadas en la Constitución Política y las leyes creadas por el Poder Legislativo y sancionadas por el Ejecutivo".

Advierten además que los jueces "jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico, ni siquiera en la era de la información".

Por lo que sentencian: "En eso consiste el imperio de la ley: en la aplicación del orden jurídico para los ciudadanos por igual".

Suscriben el comunicado el presidente de la Corte Suprema, Jorge Luis Quiroz Alemán; el del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas; la de la JEP, Patricia Linares Prieto; el de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos y la del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Botía.

Este pronunciamiento se da en medio del proceso que se le sigue al líder del Centro Democrático, investigado por los delitos de fraude procesal y soborno, en el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema estaría cercana a resolver su situación jurídica. Esto es, dictar el archivo de su proceso, otorgarle la libertad pero vinculado al caso, ser cobijado con una medida de restricción de movilidad, ser enviado a la casa por cárcel o a una detención intramural.

Los magistrados que tienen en sus manos el caso son el ponente César Reyes, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Francisco Farfán. Deberá haber mínimo cuatro votos por una decisión. Y de no darse la mayoría requerida, se recurriría a un conjuez.

El exmandatario es señalado de intentar desviar los testimonios de exparamilitares que lo habían acusado de fundar grupos paramilitares en Antioquia y de dirigir esas declaraciones en contra del senador Iván Cepeda.

Por ello, el Partido Centro Democrático advirtió el pasado lunes en un comunicado que "expresa grave preocupación ante ante las diferentes versiones de prensa que avisan la inminente decisión que la Corte se aprestaría a tomar en contra del señor expresidente".

Y agrega el documento: "La propaganda antiuribista, esparcida por redes sociales y medios no es más que el objetivo primario de la izquierda radical, nacional e internacional, concentrado en la aniquilación reputacional de la obra de Álvaro Uribe, de su persona y de su familia".

A su vez, el presidente Iván Duque defendió, una vez más, a su mentor: "Sería muy triste ver que en esta sociedad colombiana viéramos a quienes laceraron el país después de tantos años sin tener ninguna condena posando de adalides de la moral y que veamos a las personas que lucharon por la seguridad y por la legalidad en un proceso que les limite y le cercene sus derechos".

De igual forma, un grupo de personalidades y exfuncionarios de los gobiernos de Uribe Vélez emitieron una carta en la que ponen de presente su apoyo: "Rechazamos vehementemente el activismo nefasto de sectores históricamente opuestos al ideario del expresidente Uribe, con el que pretenden tergiversar los hechos convirtiendo a un hombre inocente en el responsable de conductas en las que jamás ha incurrido".

La misiva es suscrita por Francisco Santos, exvicepresidente; José Roberto Arango, exalto consejero presidencial; Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio; Luis Ernesto Mejía, exministro de Minas; Sandra Suárez, exministra de Ambiente; Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda; Fabio Valencia, exministro del Interior; Jaime Bermúdez, exministro de Relaciones Exteriores; Gina Benedetti, exembajadora; Juan Ricardo Noero; Guillermo Ricardo Vélez, exembajador; Isaac Yanovich, expresidente de Ecopetrol; general Jorge Enrique Mora Rangel y Juan Gómez Martínez, exgobernador de Antioquia.

Y el senador Cepeda, víctima en el proceso, hizo en un comunicado un llamado a la colectividad política y al presidente "a cesar en sus intentos por intimidar y presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No se puede afirmar que se respetan las instituciones, y al mismo tiempo arrojar un manto de duda sobre la independencia y la probidad de este tribunal supremo ante una decisión adversa".

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