Alta explotación ilícita de oro aluvión en Colombia: MinMinas
Según el Ministerio de Minas y Energía, Chocó ocupa el primer lugar con la mayor detección de evidencias de explotación de Oro Aluvión en el país.
El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Minas y Energía; el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL); y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur a través del proyecto SIMCI, reportaron que el 88 % de las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA en tierra) está concentrada en tres departamentos: Chocó, Antioquia y Bolívar.
Entre los principales hallazgos, se evidenció que de los 101 municipios con EVOA en el país (9 % del total nacional), 10 de ellos concentran el 54 % de la detección nacional (52.859 ha): cuatro en Antioquia (Zaragoza, Nechí, Cáceres y El Bagre), cinco en Chocó (Nóvita, El Cantón de San Pablo, Istmina, Río Quito y Unión Panamericana) y uno en Córdoba (Ayapel).
De estos municipios se obtiene el 26 % de la producción de oro nacional y se presenta alta explotación ilícita de oro (59 %).
A su vez, la presencia de EVOA y los cultivos de coca son dos fenómenos que convergen en 70 municipios del país.
De los diez registrados con más EVOA en tierra en el 2021, Zaragoza, Nechí, Cáceres, El Bagre, Nóvita e Istmina reportaron siembra de cultivos de coca en el 2020.
Para EVOA en agua, ocho de los diez ríos monitoreados (Amazonas, Apaporis, Atabapo, Caquetá, Cotuhé, Inírida, Negro, Puré, Putumayo y Yarí) presentaron evidencias de este tipo de explotación, siendo el río Caquetá el que más alertas reportó.
El Director Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, Pierre Lapaque, destacó que el sistema de información utilizado por SIMCI permite distinguir entre diferentes clases de explotación de acuerdo con las condiciones de legalidad de la actividad.
“El modelo de monitoreo integra toda la información oficial relacionada con explotación como los permisos técnicos y ambientales para desarrollar dicha actividad, los datos de producción trimestral de metales preciosos, e información ambiental; presentando un panorama integral del fenómeno de explotación ilícita en cada región y facilitando el diseño de políticas acordes a la realidad de cada territorio”.
Brian F. Harris, Director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, manifestó su preocupación al notar que el 35 % de evidencias de explotación de oro se encuentran en la Reserva Forestal del Pacífico, que, como lo menciona el informe alberga algunos de los bosques más biodiversos del planeta.
“Nuevamente queremos manifestar nuestro rechazo a las acciones criminales de las organizaciones al margen de la ley, que azotan zonas de inmenso valor ambiental, acabando con su biodiversidad y dejando desolación, contaminación y más pobreza”.
Desde el Gobierno Nacional, el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, explicó que “la explotación ilícita en el sector minero, practicada de forma antitécnica y sin autorización por parte de las autoridades competentes del orden minero y ambiental, genera graves consecuencias socioeconómicas y ambientales”.
Además indicó que “a partir de la información que genera el informe EVOA, las diferentes entidades avanzan en la lucha frontal contra este flagelo, en el marco de sus competencias, y apoyadas en las autoridades competentes, con estrategias a nivel normativo, técnico, de coordinación interinstitucional, de fortalecimiento de capacidades, entre otras. Así mismo, generamos condiciones e instrumentos que incentiven el ingreso y la operación legal de los mineros con vocación de formalización, así como un seguimiento riguroso a la actividad minera para asegurar operaciones que cumplan estándares y protejan la vida”.
El Informe Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) representa una herramienta clave para la consolidación de datos objetivos que aumenten la generación de conocimiento y el fortalecimiento institucional para la formulación de estrategias efectivas que respondan a la explotación ilícita de minerales.
