Aborto seguro en Colombia cumple 13 años de su sentencia
La legislación contempla tres causales por las cuales las mujeres pueden acceder a este acompañamiento gratuitamente y evitar la legalidad que pone en riesgo sus vidas.
Hace trece años en Colombia fue despenalizado el aborto para tres causales: Cuando se pone en riesgo la vida de la madre o el feto (sea física o mental), al ser un embarazo producto de una violación y cuando el nacimiento del bebé no es viable.
La sentencia C-355 de 2006 dio garantías a las mujeres y según cifras de un estudio realizado por el instituto Guttmacher, en 2018 cerca de 17 mil mujeres en el país ejercieron este derecho, siendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla las ciudades principales.
Sin embargo, uno de los retos que más enfrentan estas mujeres es el estigma y el señalamiento de haberse practicado un aborto.
Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, expresa que “el primer estigma que las mujeres tienen es al social, de desaprobación del procedimiento. Este estigma es minimizado en porque nuestra característica de atención es que la decisión es tuya y te acompañamos con confianza y seguridad”.
De lo clandestino
Esto mismo provoca que muchos abortos sean realizados de manera clandestina. Según el Ministerio de salud solo en el 2017, fecha en la que fue realizado el último estudio de este tipo, se se evitaron un total de 372.000 abortos inseguros en Colombia, además se reciben aproximadamente 100.000 consultas al año de mujeres que tienen alguna complicación por esta práctica clandestina.
Lo que lleva a un aborto ilegal es que las mujeres no creen que puedan acceder a uno estatal por no cumplir con los requerimientos. Sin embargo en el tema de salud no solo va la física sino también la mental.
“Cuando haya riesgo para la vida o salud de la mujer, entendiéndose la definición de salud como el complemento del estado de bienestar físico y mental y no simplemente la ausencia de enfermedades, por lo tanto no es necesario tener una enfermedad para estar afectada de la salud sino una alteración de su bienestar”, explica Vargas.
El asesor científico señala que “un médico general puede certificar que exista algún riesgo para la salud o la vida de la mujer. En el caso de violencia sexual debe acompañarse de una copia de la denuncia – no hay necesidad que haya juicio o culpable – y en el caso de una malformación letal que sea incompatible con la vía extra uterina, la certificación de un médico que tampoco tiene que ser un especialista”.
Complicaciones por la ilegalidad
Las mujeres que se sometan a un procedimiento de estos, de manera ilegal, tienen dos grandes riesgos: Una infección que puede ser intrauterina, de trompas, ovarios, peritonitis, peritonitis generalizada, sepsis y muerte; y la otra que puede ser una hemorragia que evoluciona muy rápidamente y podría también llevar a la mujer a la muerte.
Las cifras de abortos ilegales son difíciles de recoger y muchas entidades, fundaciones y ONG’s han tratado de unir estos datos pero solo se conocen algunos como que en la regional norte que incluye a todo el Caribe, a excepción de San Andrés y Sucre, hubo al menos 1200 abortos ilegales en 2017.
Después del proceso
Una de las preguntas que viene con todo es ¿Qué pasa después?, y en estos casos las entidades que realicen un procedimiento, que pueden ser estatales o privadas, realizan un seguimiento que incluye la prescripción de métodos anticonceptivos a la semana y a las dos semanas de haberse realizado el aborto. “Esto para que la mujer no venga solo a ver como esta físicamente sino emocionalmente y lo que requiera de acompañamiento”, comenta Juan Carlos Vargas de Profamilia.
