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En esta imagen aparece un grupo de los 58 colombianos detenidos en Caracas hace un año y tres meses.
En esta imagen aparece un grupo de los 58 colombianos detenidos en Caracas hace un año y tres meses.
En esta imagen aparece un grupo de los 58 colombianos detenidos en Caracas hace un año y tres meses. Foto por: Fotografías suministradas por los detenidos

500 días de encierro y olvido para los 58 colombianos en Caracas

Fueron arrestados el 1 de septiembre de 2016 por “paramilitares”. En medio de una huelga de hambre, los 58 colombianos presos en Caracas, la mayoría de ellos costeños, cumplen 500 días de detención. 

El titulo es:500 días de encierro y olvido para los 58 colombianos en Caracas

Fueron arrestados el 1 de septiembre de 2016 por “paramilitares”. En medio de una huelga de hambre, los 58 colombianos presos en Caracas, la mayoría de ellos costeños, cumplen 500 días de detención. 

Nos trajimos al Macondo con nosotros y no nos dimos cuenta”, afirma William Sarabia Ospino al describir  todo lo que ha tenido que experimentar con sus cinco sentidos durante 500 días, junto a otros 57 colombianos que permanecen detenidos en Caracas.

El hombre, que es nativo de Campo de La Cruz,  Atlántico, asegura que lo vivido estando privado de su libertad “solo se parece a un cuento de Gabriel García Márquez”, debido a las situaciones “inimaginables” por las que han atravesado estando privados de la libertad.  

“Desde el 8 de septiembre de 2016 estoy preso junto a otros colombianos por algo que no sabemos. Somos 58 seres humanos que estamos privados de la libertad por la absurda idea de un hombre”,  dice Sarabia  de 50  años.

Un solo plato de comida a las tres de la tarde durante estos 16 meses ha sido su sustento. “El menú ha cambiado tres veces en todo este tiempo”, asegura el campero. “Un plato de pasta blanca los primeros cuatro meses, al tiempo,  una taza de agua saborizada con caldo de pollo y últimamente un plátano sancochado”. 

Esa dieta  por  500 días, que se cumplen hoy domingo,  ha llevado a  los 58 colombianos, 53 de ellos costeños,  “a  un alto grado de desnutrición”, según determinó un reciente informe del instituto de Medicina Forense en Caracas.

“Tengo mis documentos en regla”. Sarabia Ospino cuenta que “estaba vendiendo chucherías en la redoma de Petare (el barrio al noreste de Caracas considerado el más grande de América latina), hasta allí llegaron unos policías y me pidieron mis documentos. No temí a nada porque los tengo en regla, llevo viviendo en Venezuela más de 25 años y estoy legal”.

“El policía me dijo que necesitaban llevarme a una estación de Policía para verificar que no tuviera antecedentes penales, que apenas lo hicieran me dejaban libre. Pero eso no fue así”, relata Sarabia, quien dice ser padre de familia y tener dos hijas venezolanas de 6 y 14 años. Hace una pausa, como tratando de recordar y lanza: “Yo los escuché cuando me conducían en el carro; decían que ya faltaban pocos colombianos para lograr el positivo”. 

La tarde del primero de septiembre Nicolás Maduro anunció los resultados de un operativo policial adelantado en Caracas contra “un campamento de paramilitares colombianos”. 

“Hemos estado con la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, capturando mercenarios. En la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas a 500 metros del Palacio de Miraflores”, detalló el mandatario venezolano.

Una equivocación

Según el relato de varios de los detenidos, las detenciones se dieron en varias partes de la capital  venezolana, con lo cual desmintieron lo dicho por el  presidente Maduro, de que todos estaba en un campamento cerca a la sede del gobierno central. 

“Una vez que se completaron 92 colombianos detenidos en la sede la sede del comando de la División Nacional contra la Delincuencia Organizada en Caracas, permanecimos allí a la intemperie por 26 días. Allí nos llovió,  aguantamos sol, dormíamos en el suelo, no comíamos. No sabíamos que pasaba”, narra Sarabia. 

 La noche del 24 de septiembre un grupo de policías le informó al grupo que se había dado la orden para su deportación. Los subieron a unos buses con destino a San Cristóbal (estado Táchira). 

 Estando en ese estado fronterizo con Colombia, en el comando de tránsito de la Policía Bolivariana en San Cristóbal los detenidos permanecieron allí 13 días.  Una noche, uno de los policía le comentó a los colombianos  que había “una equivocación” en todo el proceso contra ellos, que no iban a ser deportados, sino regresados a Caracas donde “serían puestos en libertad”.

El grupo de 92 se redujo a 58 en el sitio de reclusión en el que fueron colocados cuando regresaron de San Cristóbal, que no es más que un galpón que funciona como cárcel en el comando de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, al suroeste de Caracas. 

Un calvario

Januel Barrios Hernández, otro de los detenidos oriundo de Cartagena, señaló que su historia se asemeja a la Sarabia Ospina. “Yo estaba el 3 de septiembre vendiendo sardinas en Petare cuando un policía me pidió la cédula, me montó en un carro y me llevó a la estación”. 

El hombre, de 44 años, comentó que desde ese día  su vida “cambió para siempre”. “He visto morir a compañeros estando acá,  a uno de ellos le dio una infección en el oído porque se le metió una cucaracha. Le dio fiebre,  pidió ayuda y nunca se la dieron”, lamenta el cartagenero. 

Expulsado humanitario

A inicios de diciembre del año pasado, Martín Gutiérrez  Cera, barranquillero de 61 años, fue  “deportado de forma humanitaria” y dejado en libertad , debido a su deterioro de salud. 

“Hasta ahora no entiendo por qué me detuvieron allí. Solo me dijeron que era paramilitar, estando detenido me pegaron por la cabeza varias veces con un palo, todo eso hizo que el 30 de octubre me diera un derrame cerebral”, detalla el expulsado. 

Habla la cancillería

A través de un comunicado, la Cancillería informó a este medio que, a la fecha, la Embajada de Colombia en Venezuela y el Consulado de Colombia en Caracas “han elevado numerosas notas y sostenido reuniones al más alto nivel con las autoridades venezolanas, solicitando su concurso para lograr la resolución de la situación jurídica a los connacionales”. 

“El Consulado continúa brindando asistencia jurídica y social a los connacionales y sus familiares, acompañando el desarrollo del proceso legal, realizando visitas periódicas en el sitio de reclusión, velando por la alimentación y atención médica oportuna de los connacionales en La Yaguara. Es de destacar que, debido a las gestiones realizadas por la mencionada misión consular, se ha logrado la libertad de algunos de ellos”.

“Gobierno colombiano miente”

Frente a las declaraciones de la Cancillería, familiares de los detenidos han expresado su rechazo, pues aseguran que “jamás” han recibido  ayuda del gobierno.

“Nunca nos han llamado y mucho menos ofrecido ayuda. Dejen de jugar con nuestra dignidad y digan la verdad. No mientan. Ustedes (gobierno colombiano) no ha hecho nada en estos  500 días”, sostiene Alba Atencio, esposa de Wilfredo Therán, uno de los detenidos en Caracas, quien se encuentra en Caracas. 

Habla la defensa

El abogado Sergio Aranguren expresa que las liberaciones que se han dado ha sido por “las numerosas gestiones” que él ha realizado con su equipo de trabajo. 

“Ellos mismos (los detenidos) son los que dicen que no les dan comida. Son los que dicen que el personal diplomático no les presta atención a sus peticiones. Ellos mismos dicen que nunca les han prestado ayuda judicial ni asesoría”, asegura el jurista, quien explica que “es público notorio y comunicacional las condiciones infrahumana en las que se encuentran los detenidos”. 

El pasado 9 de octubre de 2017, Germán Castañeda Benavides, encargado de Negocios y máximo responsable de la Embajada de Colombia en Venezuela, expresó a EL HERALDO que en una ocasión el gobierno venezolano le manifestó que los detenidos estaban en “resguardo humanitario”, figura que el diplomático afirma  que “no existe. 

El 21 de noviembre el  juzgado 27 de control de Caracas ordenó la libertad  “la libertad plena de los ciudadanos de nacionalidad colombiana de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar la libertad individual, el derecho a la salud y cumplir con los convenios y tratados internacionales establecidos en los artículos de la Constitución de la República Bolivariana”.

“Queremos que esto acabe pronto. No queremos pensar que hemos sido sepultado por nuestro mismo pueblo. Mantenemos la esperanza de recobrar la libertad, y volver con nuestras familias”, dice con la voz entre cortada Willian Sarabia.

“Este caso es crucial para la reunión de Gobernadores con mininterior”: Dumek Turbay
Rosa Domínguez  envía un mensaje para Héctor José desde Valledupar.
Rosa Domínguez envía un mensaje para Héctor José desde Valledupar.

Una reunión sostendrán el próximo martes en Cartagena los gobernadores de la Costa Caribe con el ministro del Interior Guillermo Rivera con el fin de indagar sobre la situación que vienen afrontando los 58 connacionales en Caracas.

El anuncio fue hecho por el gobernador de Bolívar Dumek Turbay quien señaló que el espacio con el jefe de la cartera del interior será aprovechado para analizar los propósitos y objetivos que se han trazado los mandatarios para establecer los mecanismos y ayudas para los hermanos venezolanos que han salido de su país y que han encontrado en esta región un sitio de asentamiento.

“Se hace necesario sintonizarnos con el gobierno central para que todos trabajemos sobre un norte claro en lo que es la atención a los ciudadanos del hermano país y que nos enteremos de las acciones que se viene adelantando para lograr una atención humanitaria a nuestros hermanos detenidos en Venezuela”, precisó el mandatario, al tiempo que destacó: “Hemos sido claros a este respecto y esperamos por parte de nuestra cancillería una respuesta positiva para poder visitar a nuestros hermanos en su sitio de reclusión. Lo que esperamos es que se adelanten los permisos de cancillería a cancillería para que a muchos de los familiares de los detenidos les podamos entregar noticias positivas. La idea es que los presos detenidos en Venezuela recobren su libertad cuanto antes”.

En Valledupar

Con la mirada triste y uno que otros achaques de salud Rosa Domínguez Salas, añora con ansias que el segundo de sus cuatro hijos regrese a su casa y que la ‘pesadilla’ de haber estado preso en Venezuela se acabe.

Domínguez contó a EL Heraldo, que el pasado jueves su hijo cumplió 27 años, y lo que más deseó fue poder darle el abrazo que se adeudan desde hace 15 años, pues Héctor se fue para Venezuela en el año 2001 a trabajando junto a algunos familiares,  poco después de haber llegado a Valledupar desplazados desde Astrea (Cesar) por el conflicto armado de aquellos tiempos.

“Yo pido tanto a Dios y al gobierno colombiano que nos ayuden por favor para que todos ellos vengan otra vez para acá, esto ha sido muy duro… es un sufrimiento muy duro por él y ya lo quiero tener acá.  Desde que todo esto empezó yo me he enfermado por esa situación de saber que mi hijo está preso allá, y tengo temor de irlo a visitar por si también me dejan presa”, relató la mujer, quien señaló que desde que su hijo llegó a Caracas estuvo con su familia paterna, trabajando desde muy pequeño hasta que aprendió a preparar cócteles.

La administración municipal en Valledupar a través de la Secretaría de Gobierno, manifestó que es preocupante que este ciudadano con arraigo en la capital del Cesar este detenido en Venezuela. “Exigiremos al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a través de un comunicado directo a la cancillería que se agilicen los trámites necesarios entre los dos países y este joven de 27 años pueda volver a su terruño junto a sus familiares”. Indicó el secretario de Gobierno Gonzalo Arzuza. 

En Sucre

Yolanda Tapia, madre de Yair Tapia Valdés, otro de los detenidos oriundo de Sucre, le hace un clamor desesperado a los gobiernos de Venezuela y Colombia para que le devuelvan a su hijo, de quien aclara no es ningún delincuente.

“No es justo que por una cédula, un documento, lo tengan detenido, además ya le dieron la libertad y aún no me lo han devuelto”, manifestó.

La mujer, quien reside en el barrio El Salvador de Sincelejo, espera con ansias la llegada de su hijo, quien debió estar con ella y el resto de su familia desde hace cerca de 100 días.

Recalcó que su hijo es padre de dos menores de edad, de 7 y 5 años, que este año no podrán ingresar al colegio porque no tienen recursos para su manutención teniendo en cuenta que él era el encargado de sus gastos.

“Ahora hay una preocupación más, ellos están en huelga de hambre, qué tal que les pase algo, aunque sé que en las últimas semanas no le estaban dando buenos alimentos”, dijo la mujer que con fe espera la llegada de su hijo.

“Son rehenes de Maduro”: HRW

La organización en defensa de los derechos humano Human Rights Watch, oficina Caracas, hizo llegar a este medio un comunicado donde expresa su preocupación ante detención de los connacionales, pese haber una orden de liberación emitida por un tribunal. 

“Los 58 colombianos que siguen detenidos en Venezuela, a pesar de contar con una orden de liberación plena hace semanas, son rehenes del gobierno de Maduro. Este asunto demuestra que en el raro caso en que una jueza adopta una decisión que protege derechos humanos, las autoridades siguen teniendo la última palabra sobre la libertad de las personas, dejando en absoluta evidencia la falta de estado de derecho en el país”, expresa la misiva. 

En noviembre pasado Amnistía Internacional manifestó que “no se puede pasar por encima del sistema de justicia y acusar a un grupo de personas por el simple hecho de ser extranjeras de estar cometiendo un delito”, al referirse a la orden del tribunal, y aseveró que la misma  “debe ser ejecutada de inmediato”.

Análisis: “Ineficiencia del aparato consular”

Es increíble que después de que un juez ordenara la libertad de los 58 colombianos detenidos en Carcas desde el pasado mes de noviembre aún se encuentren detenidos. Esto viola los derechos humanos de los connacionales, al tiempo que demuestra una total ineficiencia del aparato consular colombiano en esa ciudad venezolana, quienes no han adelantado los procedimientos de acompañamiento y repatriación de estas personas.

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, así como la constitución y la ley colombiana señalan las funciones de los cónsules, es proteger a los connacionales y ocuparse de este tipo de casos, máxime cuando estamos hablando de un número tan grande y un hecho tan espantoso como esa falsa acusación que los mantiene injustamente privados de la libertad.

El hecho de que Venezuela sea un Estado que no reconozca la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le exime del cumplimiento del derecho internacional. 

Andrés Barreto es abogado internacionalista, miembro de ACCOLDI

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