El Heraldo
Cesar

JEP verifica medidas cautelares en cementerio ‘de los Pobres’ en Aguachica

El alto tribunal convocó a una audiencia pública para los próximos 27 y 28 de abril, a fin de hacer seguimiento a las disposiciones de protección al camposanto y a los restos de posibles víctimas de desaparición forzada. 

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz convocó para los próximos 27 y 28 de abril a una audiencia pública a las entidades oficiales e instituciones privadas concernidas en las medidas cautelares sobre el cementerio San Martín o ‘de los Pobres’, en Aguachica, Cesar, a fin de velar por la protección del camposanto donde estarían sepultadas víctimas de desaparición forzada en medio del conflicto. 

La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) decretó en 2020 las medidas cautelares, para evitar la pérdida parcial o total de cuerpos de personas no identificadas y ordenó la suspensión de actividades de exhumación y traslado de cuerpos existentes en ese cementerio. 

La JEP decretó las medidas cautelares al encontrar irregularidades en el proceso de exhumación de cuerpos del cementerio ‘de los Pobres’ para su traslado al cementerio Católico Central de Aguachica, proceso que se adelantaba en cumplimiento de un fallo de tutela que protegía los derechos de propiedad sobre el terreno de la finca Los Mangos, donde se había construido irregularmente el panteón. 

Al iniciar la exhumación y traslado de los cuerpos en diciembre de 2019, se estableció que los cuerpos encontrados superaron los 200 calculados por las autoridades. También se hallaron 28 cuerpos sin identificar, posiblemente de personas víctimas del delito de desaparición forzada debido al conflicto armado

Adicionalmente, las labores de traslado de los cuerpos se adelantaban sin el rigor técnico necesario para ese tipo de operaciones, lo que llevó a la Sección a decretar las medidas con mayor urgencia.  

La Sección ordenó la práctica de diligencias de verificación para que funcionarios de Policía Judicial de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP recolectaran información sobre la existencia de cuerpos no identificados, presumiblemente ubicados en el cementerio de los Pobres. 

Las medidas cautelares se decretaron a raíz de la solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, que busca proteger, conservar y preservar 17 lugares en todo el país y en donde pueden existir cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada en razón del conflicto armado. 

EL HERALDO pudo establecer que, de conformidad con la información allegada, especialmente en respuesta a lo ordenado a través de los autos AT-103 y AT-104 de diciembre 18 de 2019, se logró determinar que en diciembre de 2019, en cumplimiento de un contrato celebrado con la alcaldía municipal de Aguachica, la funeraria Luz Divina realizo labores de exhumación y traslado de restos óseos inhumados en el cementerio San Martín o “de los Pobres” al cementerio Católico Central, ambos ubicados en la misma ciudad. 

Que el referido traslado se encontraba suspendido, teniendo en cuenta que el citado contrato establecía la ejecución del procedimiento para un total de 200 cuerpos. Una vez adelantadas las labores en campo la cifra inicial fue superada, calculando que para finalizar restaría por reubicar una cantidad similar, o sea, aproximadamente otros 200 cuerpos. 

La información allegada por los funcionarios de Policía Judicial de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, comisionados para el efecto, indico que la diligencia no fue ejecutada por personal idóneo, de conformidad con los procedimientos y protocolos correspondientes para garantizar la correcta recuperación de los restos óseos, advirtiéndose la ausencia de un registro fotográfico y topográfico, entre otros aspectos técnicos. 

Así las cosas, la Sección advirtió en esa oportunidad la configuración de un grave e inminente riesgo de alteración de la información relativa a los cuerpos no identificados inhumados en el cementerio ‘de Los Pobres’.

Máxime tratándose de los no identificados, lo que exigía ser planeada, dirigida y ejecutada por personal judicial experto en la materia, diligencia cuyo trámite debía quedar reseñado en un acta que registrara paso a paso su desarrollo, elaborando de manera estricta el inventario de estructuras óseas recuperadas.  

Con fundamento en los elementos indicados, esta Sección, mediante Auto MC – 049 de 2020, —entre otras órdenes determinaciones— impuso medida cautelar consistente en la suspensión de las actividades de exhumación y traslado de cuerpos existentes en el cementerio ‘San Martiín’, de Aguachica, Cesar, por un lapso inicial de noventa (90) días hábiles, siendo prorrogado en varias oportunidades, siendo la última hasta el primero de junio de 2023. 

La JEP indicó que las medidas cautelares impuestas para proteger lugares en donde presuntamente existen víctimas de desaparición forzada, se encuentran enfocadas a garantizar, respectivamente la integridad de los lugares como fuente de prueba directa sobre la ocurrencia de los hechos, las modalidades de ocultamiento de las víctimas y su identificación; que en los procesos específicos se cuente con la mayor cantidad de información relevante sobre el fenómeno delictivo para efectos de atribución de responsabilidad penal o del otorgamiento de tratamientos especiales de justicia, y  la satisfacción de los derechos a la verdad y a la reparación de víctimas de las desapariciones forzadas objeto de la competencia del alto tribunal.

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