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El titulo es:“Tiene préstamos en Davivienda, ¿se puede meter en la demanda?”

“Tiene préstamos en Davivienda, ¿se puede meter en la demanda?”

Toda una estructura ilegal, desde reclutadores de trabajadores hasta médicos para crear perfiles de incapacidad mental, se creó para defraudar al sistema pensional del país.

Néstor de Ávila
Néstor de Ávila
Los detenidos comparecen a la audiencia que se desarrolló en Valledupar. Néstor de Ávila

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Toda una estructura ilegal, desde reclutadores de trabajadores hasta médicos para crear perfiles de incapacidad mental, se creó para defraudar al sistema pensional del país.

 En toda una estructura delincuencial se convirtió la Junta Calificadora del Cesar para avalar invalidez a por lo menos 400 empleados, especialmente de empresas mineras, para que estos de manera fraudulenta lograran pensionarse adelantadamente, configurando un desfalco de $100.000 millones en la empresa estatal Colpensiones y los fondos privados.

A cambio de conseguir la pensión e incluso millonarios préstamos en el sector financiero, los integrantes de dicha junta creaban a partir de certificaciones médicas, expedientes y hasta perfiles de incapacidad mental para que los trabajadores accedieran más rápido a la pensión. En el marco de esa organización cada uno de los 10 capturados esta semana en Valledupar (Cesar), Riohacha (La Guajira) y Soledad (Atlántico) cumplía un rol importante.

La Fiscalía logró establecer las funciones de los detenidos identificados como los médicos Eduardo Urbano Marrugo, Teresa de Jesús De La Hoz y Carlos Arturo Montero, el psiquiatra Manuel de Jesús Altamar, los abogados Mariano de Jesús Amarís Consuegra, Gilmar Silguero Linero y Emil Said Baines, la psicóloga Yamile de Jesús Pérez, y, los intermediarios José Miguel Meléndez y Jean Carlos Miranda.

Para dar con los integrantes de la red que defraudó al sistema pensional, la Fiscalía interceptó los teléfonos de algunos de ellos y realizó 17 allanamientos que permitieron recaudar pruebas contundentes, al punto que ocho de los procesados ya aceptaron cargos.

De José Miguel Meléndez se supo que era un extrabajador de la compañía Drummond, que ahora tiene la calidad de comerciante, y que era el encargado de reclutar a las personas con las que se iba a defraudar a los fondos de pensiones.

“De acuerdo con la información en poder de la Fiscalía y los elementos materiales probatorios de carácter físico, Meléndez se había dedicado después de alcanzar su estatus de pensión a reclutar a personas para ponerlos a disposición de los abogados Gilmar Silguero y Emil Said Baines, quienes a su vez se encargaban de buscar la documentación con médicos de distintas especialidades para construir historias clínicas y llevarlas a la Junta Calificadora y obtener dictámenes por pérdidas de capacidad laboral con el propósito de ser pensionadas”, indicó el organismo de investigación.

En la imputación, el fiscal del caso señaló que Meléndez, a quien lo señaló de concierto para delinquir y fraude procesal, sabía que la gente que reclutaba pretendía obtener la pensión de forma fraudulenta y acudían a la banca privada, copando su capacidad de endeudamiento porque sabían que al obtener la calificación de invalidez y la pensión, la banca privada se dirigía al sector asegurador para que pagara el riesgo asegurado.

Los audios

 En las interceptaciones, cuyos audios reveló la Fiscalía se escucha la forma cómo operaba esta estructura ilegal, conformada en su mayoría por profesionales. Aquí unos apartes de las conversaciones grabadas:

Jean Carlos Miranda: Buenos días…

Emil Baines: Hola Janca cómo estás?

Jean Carlos: No estoy trabajando hoy, pero así como le dije a Sandra estoy en el consultorio del médico, y estamos hablando con un contacto para ver si el médico ya puede terminarlo, entre esos está el del señor Frolián, entonces estamos ocupaditos, yo te llamo más tarde, yo me fui al consultorio personal para hacerlo más rápido.

En otro audio, Emil Baines habla con José Miguel Meléndez sobre el trámite para una pensión:

José: Ya te envié el correo.

Emil: Envíamelo al teléfono.

José: Es que tiene unos préstamos en Davivienda, ¿y se puede meter en la demanda?

Emil: Sí se puede meter por una demanda, sino toca meterlos uno por uno.

Otra llamada:

Emil: Hola Janca, que han dicho del dictamen del señor Florián.

Jean Carlos: Toca enviárselo a su casa porque es personal, mañana mismo se podría enviar también, no hay problema. Si no es con autorización notariada no se puede. (Este trabajaba en la Junta).

Emil: Ese señor me está volviendo loco.

Otra llamada entre José Miguel Meléndez (trabajaba para Emil y Gilmar)  y Emil:

José Miguel: Hola manito.

Emil: Ya enviaste eso.

José: Sí ya lo envié hoy, creo que eso no llega hoy, lo mandé a nombre de Víctor lo debe recoger en la 17.

Emil: En la nochecita voy para que me lo ayuden a montar, pero no importa cobraron 10 barras (10 millones), pero no importa con tal que quede algo porque esas mujeres salieron pechugonas.

José: Ese señor tiene tres créditos en Davivienda, que son posteriores a la fecha de postulación, nos han devuelto algunos y son casos con cooperativas que son los más difíciles, como Credivalores. Son como $50 millones que él debe, pero uno de los créditos es después de la postulación, pero los dictámenes sí son posteriores. La fecha de postulación se la echaron para atrás, y si el juez ordena que se recojan, ajá, es un juez de la República.

El modus operandi

 Jean Carlos Miranda, al igual que Meléndez, habría participado como intermediario. Básicamente sería el encargado de agilizar en forma sistemática los trámites, sobornando a cambio de obtener dictámenes de invalidez espurios para gestionar a sus clientes la pensión de invalidez en los fondos de pensiones privados y públicos del país, conductas que tuvieron como escenario a Valledupar.

La médica Teresa de Jesús De La Hoz Solano, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de concusión, cohecho impropio, estafa, fraude procesal en su condición de calificadora de la empresa pública Colpensiones en los años 2016 y 2018, solicitaba dineros para sí o para otros de acuerdo con las interceptaciones telefónicas en poder del ente de investigación, no solamente solicitaba sino que ofrecía y aceptaba esos dineros a cambio de certificados de invalidez para que las personas pudieran adquirir pensiones.

A Yamile de Jesús Pérez, Carlos Arturo Montero y Mariano Amarís, la Fiscalía les imputó el delito de peculado; a Gilmar Silguero Lineros, médico y abogado oriundo de Barranquilla, le imputaron los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, fraude procesal y estafa agravada.

El psiquiatra Manuel Altamar Colón, de acuerdo con la Fiscalía y con base en las de la Fiscalía y así se comprueba por las conversaciones telefónicas interceptadas, se puso al servicio de Silguero Lineros y de Eduardo Marrugo, miembro de la Junta, y también al servicio de una ‘empresa innoble’ emprendida por José Meléndez porque este último reclutaba personas para que a través de Silguero y Baines se hicieran los trámites para obtener las pensiones, a partir de la presentación que hacía Meléndez y Silguero muchas veces por teléfono con personas para ir sentando las bases para adquirir una pensión; el médico psiquiatra iba contribuyendo con ese trabajo silencioso.

“El común denominador de las personas que adquirieron ese estatus de incapacitado, previa evaluación de la Junta, alegaba problemas psiquiátricos, pero la Fiscalía luego de ir decantando con médicos psiquiatras y especialistas ha ido descubriendo como esos dictámenes expedidos y las incapacidades expedidas por Altamar Colón no correspondían a esa persona examinada y diagnosticada. Tenemos cómo probarlo en juicio cómo actuaba con los abogados y el médico; con esa razón y con esas conductas se concretaron entre 2016 y 2018 con permanencia en el tiempo que era auspiciar las pensiones de las personas que la optaban pudo haber incurrido en concierto para delinquir, fraude procesal, y estafa”, determinó la Fiscalía.

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