Reclusos se amotinaron en cárcel de Valledupar
En Chiriguaná, los 58 internos exigen mejor servicio de alimentación, óptimas condiciones de convivencia y el mantenimiento del penal.
Los 58 reclusos de la cárcel de Chiriguaná, en el centro del Cesar, protagonizaron una protesta, exigiendo un mejor servicio de alimentación y óptimas condiciones de convivencia, asegurando que el penal requiere mantenimiento en la parte locativa, además de que se les garantice el traslado a los centros judiciales para el avance de sus procesos.
Los internos se tomaron el penal exigiendo ser atendidos por la administración local en busca de solución a los problemas que vienen presentando. Con la intervención de la fuerza pública se logró retomar el control del establecimiento, mientras una comisión de los internos fue atendida por el alcalde Eduardo Esquivel, llegando a unos acuerdos para atender sus requerimientos.
“Realizamos una reunión con voceros de los internos que se amotinaron reclamando sus derechos. De manera pacífica con el acompañamiento de la Policía, CTI, el Ejército y la Personería, hicimos unos compromisos que quedaron plasmados en un acta, volviendo todo a la normalidad”, dijo el mandatario.
Sostuvo que la Administración municipal pudo comprobar que la alimentación que se les estaba suministrando a los reclusos no era apta para el consumo humano, por lo que se tomó la decisión de suspender el proveedor, y a partir de este viernes encargar a otro operador para el tema de la comida.
“Además asumimos el compromiso de revisar los procesos de seis internos que ya cumplieron la pena, esperando su libertad por orden del aparato judicial. Hemos puesto a dos abogados que tienen contrato con el Municipio para hacer una revisión de sus casos con ayuda de la personería, teniendo en cuenta que una de las problemáticas que también aqueja a este centro carcelario es el hacinamiento, pues de una capacidad para 30 reclusos, en la actualidad alberga 58”, precisó el mandatario.
Afirmó que se destinaron 37 millones de pesos para arreglos locativos, entre ellos de dos baterías sanitarias, y 100 millones de pesos para garantizar la alimentación de los detenidos.
“Quiero aclarar que esta es una cárcel del circuito, y que en el papel, municipios como El Paso, La Jagua de Ibirico y Curumaní, deben ayudar al sostenimiento de la misma, pero no ocurre, correspondiéndole todo a la Alcaldía de Chiriguaná, que con sus recursos propios paga a la directiva del penal, a los guardias, la alimentación, el transporte, mantenimiento locativo. Nosotros no recibimos un peso del Gobierno nacional, ni del Inpec, ni de las otras entidades territoriales, el llamado es a las demás administraciones locales a que contribuyan para el funcionamiento del penal”, puntualizó el alcalde Eduardo Esquivel.
