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El titulo es:Gobernación del Cesar se salva de Pagar $2.300 millones a contratista

Gobernación del Cesar se salva de Pagar $2.300 millones a contratista

El Consejo de Estado confirmó la nulidad de un contrato de asesoría legal celebrado hace 18 años, lo que le evita al ente territorial pagar la millonaria suma.

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El Consejo de Estado confirmó la nulidad de un contrato de asesoría legal celebrado hace 18 años, lo que le evita al ente territorial pagar la millonaria suma.

Un fallo del Consejo de Estado salvó a la Gobernación del Cesar de pagar 2.300 millones de pesos, al declarar nulo un contrato de asesoría legal celebrado hace 18 años por el ente territorial con el propósito de hacer valer sus derechos patrimoniales por la privatización de la empresa Electrocesar S.A. ESP y por el cobro de los dineros derivados de la emisión de la estampilla ‘Universidad de Cartagena – siempre a la altura de los tiempos’.

En octubre de 2000  la Gobernación del Cesar y el contratista elaboraron un acta de liquidación del contrato en la cual se establecía que, gracias a las acciones emprendidas por este último, al departamento le reconocieron derechos patrimoniales por más de 23.000 millones de pesos, lo que obligaba al Cesar a cancelarle unos 2.300 millones, de la época.

Sin embargo, la Procuraduría demandó el contrato ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que llevó a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, a declarar su nulidad y la del acta liquidatoria y a ordenarle al contratista devolver a la Gobernación 22 millones de pesos, por el anticipo que esta le había concedido tras la firma del contrato.

El contratista interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, alegando la nulidad originada en la sentencia. A su juicio, la Sección Tercera del Consejo de Estado no tenía la competencia para declarar la nulidad del contrato; además, consideraba que se había producido la prescripción extintiva de la acción, pues si bien al momento de la firma del contrato dicho término era de 20 años, una reforma legal posterior lo redujo a 10.

Después de realizar el estudio correspondiente, la Sala Especial de decisión 6ª del Consejo de Estado concluyó que no existía tal nulidad. Indicó que la Sección Tercera sí tenía competencia para declarar la nulidad tanto del contrato como del acta de liquidación y que además no podía aplicarse la prescripción de 10 años contenida en esa reforma, debido a que el contratista no le informó a la Sección Tercera su decisión de acogerse a ese término legal. Esa certeza condujo a la Sala ratificar la nulidad del contrato y reiterar la condena de devolución del anticipo.

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