El Heraldo
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Fiscalía pide cárcel para los siete implicados en ‘cartel del comparendo’

Cinco funcionarios de la secretaría de Tránsito de Valledupar y dos tramitadores, señalados de presuntos actos de corrupción.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco funcionarios y dos tramitadores de la secretaría de Tránsito de Valledupar, implicados en el llamado ‘cartel del comparendo’, mediante el cual habrían obtenido grandes sumas de dinero a través del manejo irregular de procesos de multas y sanciones por infracciones.

Se trata de Julieta Margarita Hinojoza Daza, Inspectora de tránsito; Letzzy Carolina González Oñate, secretaria ejecutiva; Margarita Rosa Cartagena Guerra, contratista; Amparo de Jesús Estrada Arias, secretaria, y Odacyr Alberto Montenegro, auxiliar administrativo; y de los tramitadores Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola.

De acuerdo con la Fiscalía 12 seccional contra delitos a la administración pública las presuntas irregularidades se habrían cometido entre 2016 y 2020, periodo en el que el municipio de Valledupar habría dejado de recibir más de $3 mil millones por conceptos de multas derivadas de las infracciones al Código Nacional de Tránsito.

Todos son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y falsedad en documento público.

“Durante el período comprendido entre 2016 y 2020 al parecer los funcionarios se concertaron entre sí y con particulares que se desempeñaban como tramitadores externos de la secretaría municipal de Tránsito de Valledupar Cesar, entre ellos, Tatiana Isabel Cuello y William José Redondo, con el propósito de utilizar esa entidad como el escenario propicio para realizar diversos actos de corrupción e incurrir en conductas punibles, con permanencia en el tiempo, toda vez que desde sus funciones y roles, habrían pretermitido el ingreso o cargue de las ordenes de comparendo en los sistemas de información  Civitrans, Simit y Runt,  provocando intencionalmente múltiples caducidades de acciones contravencionales y prescripciones de acción de cobros de sanciones impuestas”, indicó el ente acusador. 

“Así mismo habrían omitido el ingreso y actualización en el Runt de las órdenes de embargo de vehículos autorizados por los jueces de la República de diferentes distritos judiciales, pero también al parecer eliminaban, borraban o modificaban arbitrariamente información debidamente cargada en esa plataforma”, informó.  

En cuanto a los tramitadores, presuntamente intervinieron en la mayoría de los procesos y trámites de esa entidad, teniendo como función la de reclutar o captar a potenciales usuarios del servicio o clientes, a quienes les ofrecían sus servicios para gestionar antes sus aliados, los funcionarios, todo tipo de trámites y actuaciones, legales e ilegales y lo hacían a cambio de sumas de dinero, exigidas y concertadas, las que finalmente se distribuían entre estos y los servidores públicos vinculados a la organización.  

Estos servidores al parecer exigían cuantiosas sumas de dinero que realizaban los usuarios del servicio y en otros casos las aceptaban por ofrecimiento directo que hacían los usuarios, en los trámites de traspaso, des-pignoración, duplicados de licencia de tránsito, duplicados de placas, etc.  

Los implicados habrían dejado caducar alrededor de 1.368 comparendos y prescribieron alrededor de 81.235. Además existen evidencias que existieron gran cantidad de comparendos realizados con unos talonarios y una numeración no autorizadas por el Runt.

Asimismo, los procesos por las multas de alcoholemias los dejaban caducar, las resoluciones con que retiraban los vehículos de los patios eran falsas; mientras que el encargado de la plataforma del Runt no subía las decisiones judiciales, y los vehículos hacían diferentes trámites ya que no tenían afectación a la propiedad.

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