El conflicto que tiene en vilo a Emdupar
Este 26 de noviembre se reabrirán los términos de los pliegos definitivos para contratar un aliado privado y salvar a la empresa.
Las partes están plantadas en sus posiciones: por un lado la gerencia de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, con el respaldo del alcalde Mello Castro, avanza en el proceso para contratar un socio-estratégico, que según la administración sería la alternativa más viable para salvar de la crisis financiera que enfrenta la entidad; y por el otro, los trabajadores representados en asociaciones sindicales, a los que se han sumado voces de usuarios y hasta de congresistas, asegurando llegar hasta las últimas instancias para impedir lo que consideran una privatización de la misma.
Aunque el proceso actualmente se encuentra suspendido en términos, teniendo en cuenta que a raíz de los reparos de la comunidad, trabajadores y diferentes sectores, fue sometido a revisión, consultas y cambios que sean correctos para la empresa, los opositores a la contratación de un aliado privado para Emdupar han intentado de todo para evitar que se adjudique la licitación.
Sin embargo, este 26 de noviembre, según confirmó el jefe de la oficina jurídica de la empresa, Luis Carlos Ramírez, se reabrirán los los pliegos definitivos, para contratar el aliado estratégico.
En tal sentido, parece ser que a pesar de los intentos de los opositores para frenar el proceso, este seguirá adelante, y un tercero llegará a la empresa pública de los vallenatos.
Recientemente, los trabajadores se declararon en asamblea permanente para exigir al alcalde Mello Castro y a la gerente de Emdupar, Soledad Manjarrés, que retiraran del portal de contratación la invitación pública, señalando que más que una tabla de salvación, el socio estratégico, tal y como estaba diseñado el contrato, sería el más beneficiado en detrimento de la empresa. “Esa propuesta presenta un desbalance contractual que es negativo para Emdupar y es demasiado beneficioso para el privado que se va a hacer cargo del servicio de acueducto y alcantarillado”, sostuvo Aníbal Barros Zuleta, presidente de la liga de usuarios.
Tampoco prosperó una acción de tutela presentada por el senador Antonio Sanguino para ‘tumbar’ la contratación del aliado privado, la cual fue declarada improcedente por la juez primera penal para adolescentes de Valledupar, Zaía Palmera, al considerar que la discusión planteada debe resolverse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ante esta decisión, el congresista indicó que “respetamos el fallo de primera instancia; no obstante, presentaremos impugnación, para que el juez de segunda instancia emita una decisión de fondo que sea favorable a los intereses de la ciudad”.
La administración municipal y la gerencia de la empresa realizaron recientemente un foro público para tratar el tema del socio estratégico, en la jornada hablaron los voceros de parte y parte, y al final quedaron las posiciones más enraizadas, aunque con un ‘sin sabor’, dado que fueron revelados detalles de lo que sería la manera cómo operaría el aliado y lo que esto representaría para Emdupar.
Como está concebido, se le daría al tercero el poder del esquema tarifario, que le permitiría aumentar el valor de acuerdo con su discrecionalidad; lo que para el líder cívico Alaín Jiménez sería como un “castigo para los vallenatos”. También se planteó el pago de unos 2.200 millones anuales por parte del operador a la empresa como retribución económica por el uso de sus activos, menos de las utilidades que generó la entidad en 2020, el año más duro de la pandemia. No obstante, se conoció que a la propuesta inicial se le han hecho más de 13 modificaciones y unas 300 observaciones, con las cuales se reabrirá el proceso.
La gerente de Emdupar, Soledad Manjarrés, señaló que la realidad financiera de la empresa, conllevó a tomar decisiones para salvarla de la crisis que viene registrando.
Dijo que la entidad tiene gastos de funcionamiento en nómina, misional, créditos y otros por $4.960 millones, mientras que el recaudo promedio es de $3.400 millones, presentando un déficit de funcionamiento cercano a los $1.600 millones mensuales.
Además, con una cartera morosa que asciende a los $86.000 millones, embargos por $12 mil millones, y una carga convencional de 225 empleados, dijo que la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, es inviable financieramente.
“La empresa es completamente inviable, los usuarios le deben $86.000 millones de servicios prestados, y solo puede cobrar el 60 por ciento, alrededor de 26.000 millones; el rezago financiero no le permite prestar un servicio óptimo de acueducto y alcantarillado, dadas las redes obsoletas debido a un atraso de 12 años de inversión”, precisó la funcionaria.
Ante la situación de Emdupar, el alcalde Mello Castro anunció en marzo pasado, durante un acto de rendición de cuentas, la contratación de un tercero como plan de salvamento, señalando que no sería una concesión, ni una privatización. “Se trata de un contrato atípico de alianza estratégica, con un músculo financiero que pueda cubrir los pasivos de la Empresa de acueducto y alcantarillado”, sostuvo el mandatario.
La convocatoria comprende que la empresa proponente además de contar con experiencia en el sector de servicios públicos, debe tener una capacidad financiera de 240.000 millones de pesos para hacer las inversiones que la ciudad, y que Emdupar requiere para solucionar embargos, cartera morosa, deudas prescritas, sanciones y demandas judiciales administrativas y laborales entre otros.
Los trabajadores y diferentes sectores sociales pidieron a la Contraloría General de la República que realice un seguimiento permanente al proceso de invitación pública para contratar el socio estratégico en la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar.
El consenso entre sindicatos y usuarios es que Emdupar debe seguir su naturaleza como empresa pública, manteniendo su administración y operación. Cuestionaron que pese a que hay una invitación pública, la 001-2021, para un aliado estratégico que asuma por su cuenta y riesgo, las actividades de financiación, inversión, diseño, optimización, rehabilitación, mantenimiento y revisión de la infraestructura asociada con los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad, no hubo la adecuada socialización de la misma.
“No vamos a permitir que privaticen la empresa. Emdupar es viable, tiene unos activos que la hacen fuerte, y un acueducto que baja por gravedad con la mejor agua del país, lo que le ha faltado es mano dura para adoptar políticas de cobro a los usuarios”, precisó uno de los líderes sindicales.
Alfonso Horta, representante de los usuarios, sostuvo que “el músculo financiero no es el aliado, sino nuestra propia empresa. Nos dicen que se harán unas inversiones por $240 mil millones establecidas en el Plan de Obras e Inversiones Reguladas, POIR, siendo 170 mil millones para acueducto y 70 mil para alcantarillado, realizándose en un lapso de 25 años, pero no se tuvo en cuenta la pérdida de dinero en el tiempo y la inflación”.
Finalmente, el alcalde Mello Castro manifestó que en sus manos no se acabará Emdupar y que es consciente del costo político que significa esta decisión pero que lo importante es asegurar y garantizar la calidad en el acueducto y el alcantarillado los próximos 50 años, “Nosotros debemos trabajar unidos para salvar Emdupar, directivos, trabajadores, sindicatos y el pueblo”, afirmó.
“No será privatización, ni venta. Emdupar no entregará la propiedad de ningún activo y se limita a compartir los ingresos tarifarios para garantizar la ejecución del plan de obras de inversiones, sanear la deuda y garantizar el funcionamiento de la empresa en todo el horizonte del acuerdo. El operador asociado será sometido a un riguroso proceso de supervisión e interventoría, garantizando altos estándares en la prestación, seguimiento al plan de inversiones y protección de los usuarios del servicio. Si el operador no cumple con el marco de responsabilidades fijado, Emdupar podrá terminar anticipadamente el contrato”, puntualizó.
