Declaran crisis sanitaria en penitenciaría de Valledupar

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Declaran crisis sanitaria en penitenciaría de Valledupar

El suministro de agua es el detonante de la emergencia.
La capacidad de la penitenciaría de Valledupar es de 1.560 internos y hay 1.588.
El suministro de agua es el detonante de la emergencia.

La Corte Constitucional ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, suspender el ingreso de más reclusos durante seis meses a la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar tras la crisis sanitaria que enfrenta este establecimiento por falta de agua.

Esto en respuesta de una acción que impetró la Defensoría del Pueblo ante las reiteradas quejas de los reclusos. Se trata de un problema que nació con la misma cárcel según informes de organismo de control.

En un fallo de 2003, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó la construcción de un tanque de  400 metros cúbicos para abastecer a los internos, pero el Inpec, construyó uno de 100 metros cúbicos.

La población había denunciado sobre materia fecal en los patios, que no tienen como bañarse, ni asear los sanitarios y las celdas. En visitas de la Secretaría de Salud encontraron bacterias fecales en alimentos. En 2013, la Unidad de Servicios Penitenciarios del Inpec contrató la adecuación de las redes hidráulicas en el penal, con una inversión de más de $2.000 millones. Los trabajos están paralizados porque la Contraloría General detectó irregularidades en su ejecución.

La Contraloría investiga posibles anomalías en el diseño, planeación y ejecución de los trabajos que se llevan a cabo en el contrato 074 suscrito entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios con el Consorcio RG-2013, porque al parecer porque no se tuvieron en cuenta las reglas de seguridad.

Por ejemplo, no remplazaron la tubería que se está instalando desde la parte externa del penal como lo estipula el diseño original, sino que se perforó la estructura del establecimiento debilitando muros y pabellones.

En el tema de seguridad se omitieron las recomendaciones en la ejecución de la obra, porque la red está expuesta y recubierta con un tipo de soporte metálico que queda al alcance de los reclusos, que podrían utilizar ese material para fabricar armas artesanales.

En enero pasado, la directora (e) del penal para la época, Yolanda Rodríguez, puso en conocimiento de la dirección del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario, las supuestas irregularidades.

Dijo que  la tubería está siendo instalada por los pasillos, expuesta y asegurada con un tipo de abrazadera o soportes metálicos, por lo que queda al alcance de los internos y  facilita que arranquen los tubos  para elaborar varios tipos de armas.

Llamado al Minjusticia.

La Corte Constitucional hizo un llamado al Ministerio de Justicia para que asuma una política de liderazgo frente a la crisis sanitaria del penal y advierte que se debe terminar la construcción del diseño hidráulico para superar las dificultades en el suministro de agua.

También sugiere una visita técnica para verificar el estado del lugar y los avances en la garantía de los derechos humanos de los internos.

María Antonia Orozco Durán, procuradora regional del Cesar, señaló que “entendemos que es grave y se da desde el momento mismo de la construcción de la cárcel cuando no se tuvo en cuenta el sistema de agua que era necesario”.

El Defensor regional del Pueblo, Omar Contreras, indicó que “hemos venido alertando sobre los problemas fitosanitarios en el penal, no solo en lo que tiene que ver con el suministro de agua, sino con la manipulación y preparación de alimentos”.

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