Contraloría abre proceso al alcalde de Chiriguaná por posible detrimento
El ente de control investiga presuntos sobrecostos en los mercados que contrató el municipio para población vulnerable en medio de la pandemia.
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal al alcalde de Chiriguaná (Cesar), Carlos Iván Caamaño, ante un posible detrimento patrimonial por más de 24 millones de pesos en la ejecución de un contrato para el suministro de ayudas humanitarias en medio de la pandemia a familias vulnerables de ese municipio.
Se trata del contrato 002 del 25 de marzo de este año, suscrito con Saúl Téllez Pabón, por 228 millones 913 mil pesos para el suministro de paquetes nutricionales a población de escasos recursos. De acuerdo con la indagación preliminar, el organismo de control señaló que se presentaron presuntos sobrecostos por encima del 17%.
En desarrollo de la investigación por posibles hechos de corrupción en el manejo de recursos en el marco de la emergencia causada por el coronavirus, la Contraloría también abrió indagación preliminar a las alcaldías de Aguachica, El Paso y El Copey; así como dos de estas actuaciones en la Gobernación del Cesar por un posible incremento en los costos de los mercados que se distribuyeron a hogares vulnerables en estos territorios.
En Aguachica se investiga un presunto sobrecosto con la suscripción del contrato No. 055 de 03/04/2020, suscrito con Mechans Group SAS Zomac, por valor de $755.998.920, cuyo objeto es la adquisición de 6.000 mercados para la atención de la población vulnerable y adulto mayor en el municipio de Aguachica.
“En el análisis comparativo de costos de los productos incluidos en los kits referenciados contractualmente con los precios del mercado, los contenidos en las bases del DANE y en los registros de las grandes superficies, se pudo determinar que se presenta un posible aumento del 13% respecto del valor del costo directo establecido en el contrato de suministro. Dicho porcentaje corresponde a 92 millones 812 mil pesos”, señaló la entidad.
La indagación preliminar en El Copey obedece a presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios No. 106, por $250.000.000, suscrito con la Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos – Fudsocial, cuyo objeto era la operación del programa de atención especial domiciliaria a adultos mayores de escasos recursos y población vulnerable en estado de aislamiento obligatorio, dentro de las medidas adoptadas para la prevención del contagio del coronavirus.
Y en El Paso se indagan presuntos sobrecostos superiores al 18% en las ayudas humanitarias contratadas por ese municipio con la Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos-Fudsocial por valor de 341 millones 820 mil pesos.
En cuanto a la Gobernación del Cesar las indagaciones apuntan a posibles sobrecostos en los contratos suscritos con las firmas Credimercar CD. S.A.S, por $2.202.840.000; e Inversiones Merk Jagua S.A, con la que suscribió un contrato por $1.350.620.000, con el objeto de adquirir productos para kits de mercados a fin de atender la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada ante el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.
