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El titulo es:Condena fiscal contra dos secretarios del Cesar por PAE

Condena fiscal contra dos secretarios del Cesar por PAE

El fallo de la Contraloría también cobija al consorcio contratista. Según auditoría hubo sobrecostos y favorecimiento al contratista.

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Sede administrativa de la Gobernación del Cesar, ubicada en Valledupar. Archivo

El fallo de la Contraloría también cobija al consorcio contratista. Según auditoría hubo sobrecostos y favorecimiento al contratista.

Por irregularidades evidenciadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Cesar durante 2015, la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.723 millones contra el entonces secretario General de la Gobernación de este departamento, Jaime Luis Fuentes Pumarejo (quien hoy desempeña el mismo cargo), y el secretario de Educación departamental, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez.

Al igual que contra los miembros del consorcio contratista Alimentando un Cesar más Educado (la Fundación Kábala -hoy Fundación ACSI-, la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País).

Por tratarse de una decisión de segunda instancia, el fallo condenatorio hace tránsito a cosa juzgada fiscal, por lo que se trata de una decisión en firme que obliga a los condenados antes mencionados, ya que contra dicha providencia no proceden más recursos.

Es de resaltar que el proceso de responsabilidad fiscal se abrió el 12 de enero de 2017 y se falló en segunda instancia el 23 de agosto del 2018.

El contrato

Se trata del contrato suscrito el 15 de enero de 2015 por la Gobernación del Cesar, con el Consorcio conformado por la Fundación Kábala, representada entonces por María Angélica Araújo Noguera; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada entonces por Ivis del Carmen Rosado Robles; y la Corporación Corazón País, representada entonces por María I. Pacheco Izquierdo.

El valor inicial del contrato se acordó en la suma de $23.538 millones y tendría un plazo de ejecución de 81 días del calendario escolar. El costo pactado por ración para complemento alimenticio en la jornada de la mañana se estableció en $1.760, y el del almuerzo en $2.330.

Sin embargo, el Anexo N° 02 de los estudios previos del contrato, preveía el valor del IPC, con un porcentaje del 4,4%, dentro de los criterios para la determinación del valor de la ración.

De igual forma el cálculo incluyó un 5% para imprevistos, contemplando expresamente que dicho rubro se pagaba para prever cualquier alza en los precios de los alimentos. Se contempló también en el contrato otro 5% de utilidad.

Quiere decir lo anterior, que se calculó el precio de las raciones alimentarias incluyendo no sólo un 4,4% de incremento a partir del I.P.C., sino que la Gobernación pagó un 5% adicional previendo eventuales alzas de precios.

El criterio entonces para establecer la actualización o revisión de los precios del contrato auditado por la Contraloría generó un reconocimiento adicional a favor del contratista, quien recibió tanto el 4,4% por concepto de IPC, como un 5% por concepto de imprevistos, con lo que se duplicó así la suma contemplada como utilidad del contrato.

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